La incompetencia del gobierno para enfrentar la inseguridad a esta altura, si no fuera por lo trágico de sus consecuencias, sería desopilante.

Las bandas explotacajeros vienen tomándole el pelo al Estado con éxito rotundo, y lo peor es que ese éxito se paga con menos libertad para las personas. Más de 60 cajeros han destruido y entre unos cuan-tos se hicieron de una fortuna. Golpean un día en un lado y otro en otro cercano, con despliegue inusual, y logística importante. Pero lo peor es que lo hacen ante una ingenuidad sin límites por parte de las autoridades, que no pueden agarrarlos.

La plata que roban está financiando a estas mafias que cada vez se arman mejor y disponen de más medios para el crimen. Meses atrás obligaron, con razón, a que se dispusiera de mecanismos de entintado de billetes en los cajeros para inutilizar el dinero robado. Una vez más el propio Estado exige a los demás lo que no hace consigo mismo, y cajeros del BROU siguen sin sistema y son robados. Es muy fácil, además, que los chorros lo sepan porque un prolijo cartel avisa cuáles están entintados, así que alcanza con una mínima tarea de inteligencia recorriéndolos para descubrir los que dejarán plata usable. Es como si dijeran "venga y robe que acá se puede sin problemas".

Es inentendible que los servicios de inteligencia en un país chico, con cámaras de vigilancia hasta debajo de las baldosas y con sistema de escuchas "El Guardián", informantes y todos los recursos del Ministerio de Interior, no pueda frenar esto. Y lo peor, lo más patético, es que la respuesta institucional del gobierno sea declarase incapaz de agarrar a los chorros y elegir la peor de las soluciones, que es recortar la libertad de las personas.

Como no puede parar los robos, cierra los cajeros o los deja medio día: "muerto el perro se acabó la rabia". La ley de inclusión financiera obligatoria implica la bancarización no voluntaria, usar siempre cajeros, bancos e instituciones. Obliga a usar un sistema el cual el Estado no puede garantizar en su seguridad. Manda a pasar por el cajero, pero los cierra. Además, como están habilitados medio día y hay menos, cuando se accede a uno las personas sacan más dinero del que necesitan por la incomodidad de volver, así que el resultado es que hay más circulante en la calle, peligro que decían querían evitar.

Hay un proyecto de Lacalle Pou para derogar la obligación de la inclusión, que recobra aún más vigencia. Como vemos, la inseguridad no solo es un tema de integridad física, afecta también la libertad. Las mafias mandan y son las que terminan cambiando nuestras vidas. Quienes deberían protegerla son incapaces de hacerlo.

Los gobiernos de izquierda siempre desconfían de la gente y de su libertad. Tienen una pasión ilimitada por controlar cada detalle de nuestras vidas cotidianas. Presuponen que el individuo tiende a actuar mal, mientras ellos son custodias del bien, por eso esa pasión por decidir por nosotros. La libertad es sospechosa para ellos, por eso obligación financiera y también corralito mutual.

Lo que no controlan es a las mafias, a los chorros y sus bandas. Esos son los que tienen más libertad: disponen de la de ellos y de la nuestra. Son los que deciden y gobiernan sobre nuestras vidas ante la incapacidad del gobierno frenteamplista, al que deberíamos ese sí entintar rápido, para que quede claro que no se lo puede usar más.