SEGUIR Introduzca el texto aquí Hacia el cierre del año una sucesión de hechos son circunstancias imprevisibles para el diario vivir. Con consecuencias en la vida de le gente. Aludiremos a algunas elegidas con criterio selectivo. En este país “de primera”, en el que se nos ha impuesto obligatoriamente el uso del plástico para arreglar las cuentas de nuestra existencia cotidiana, para controlar mejor nuestra vida íntima, y meternos obligatoriamente de cabeza en el sistema financiero internacional y vernáculo, los cajeros automáticos pasaron a ser instrumento útil y se extendieron por todas partes, especialmente en Montevideo. De pronto empezaron a explotar por acción de anónimos delincuentes que así se apropiaban de los fondos monetarios allí atesorados. Actualmente no están más los aparatos dañados y ante el riesgo por precaución ante posibles atentados con explosivos se han cerrado otra cantidad. Como los de las estaciones de servicio a mano por doquier. En los que queda reducida la oferta de cajeros hay que hacer cola. Y, muchos además, con frecuencia no tienen fondos. Trastorno colectivo que afecta el hacer cotidiano. Sin solución a la vista. Recientemente, otro tema de impacto colectivo, fue el que por cinco días no se distribuyeran combustibles. La Unión de Transportistas de Combustible, es notorio que hizo un paro y parte del país, principalmente el sur, comenzando por Montevideo, ante la ausencia de distribución, quedó con los tanques de las estaciones vacíos. No se tomó previsión alguna para por ejemplo el traslado de enfermos, o el turismo, o el levantamiento de las cosechas, y todo aquel que saliese de su casa con cualquier destino y al que la cosa le tomó por sorpresa, fue rehén de la situación. La población quedó parcialmente presa y limitada en su libertad. Las estaciones cerraron y la respuesta a los usuarios era “no tenemos nafta, solo algo de gasoil”. Sin motivo aparente, quienes, la mayoría, estamos lejos del hecho que dio origen al citado problema padecimos una situación propia de una guerra. Las pérdidas para el país son incalculables. Aparentemente por temas de inseguridad en el trabajo, un accidente profesional que tuvo controvertidas versiones de parte de sus protagonistas, y otras razones, llevaron a esta situación. Ancap con patéticos antecedentes en la realidad económica nacional reciente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el de Industria y Energía y algún otro sector con responsabilidad en el asunto, tarde piaron con una declaración de esencialidad, y la radical medida gremial se aplicó severamente ¿Cómo el gobierno nacional permitió se llegara a lo anterior y como se puede adoptar tan dura acción gremial, con perjuicio de toda la población, que en los hechos discutidos no tiene arte, ni parte? Una tardía esencialidad dispuesta por las autoridades no atenúa la conflictividad colectiva impuesta por cinco días a la ciudadanía. Falta de razonabilidad y de previsión plena. Al cierre del 2018 la mano viene dura para Juan Pueblo. En el último año, la tasa relativa a personas activas, mayores de 14 años en condición de trabajar, que tienen trabajo o no lo tienen, cayó.

Editorial ¿Acaso el gobierno del FA y su sagaz ministro del Interior Eduardo Bonomi no sabían lo que hace casi 10 años ha ocurrido y ocurre con los cajeros automáticos en Argentina y Chile? El robo y explosión de cajeros se han convertido en parte del folklore nacional. Si no fuera por el inquietante mensaje de absoluta falta de seguridad que envía, el tema podría tomarse para la broma. Con los ataques del viernes suman 73 cajeros afectados, algo así como el 10% de la oferta a nivel nacional. Toda la implacable política astorista de "inclusión financiera" hace agua copiosamente porque los ciudadanos enfrentan enormes dificultades para poder utilizar el fruto de su trabajo. Tal vez algunos podrían mirarlo como una modalidad delictiva menor porque la violencia se ejerce directamente contra un objeto y no contra personas. Pero lo ocurrido el viernes (y no es el único caso) junto a un supermercado de Sayago —donde se encontraba uno de los cajeros— con los maleantes que abrieron fuego e intercambiaron disparos con la policía antes de ser detenidos, es tremendamente grave. Muestra un alto nivel de violencia por parte de los delincuentes que, si no se ve más a menudo es simplemente porque la policía no tiene conocimiento del robo. La ignorancia de los agentes del orden es la única garantía de que las balas no crucen las calles, hieran o maten a algún vecino. Todo el dinero de los ciudadanos por concepto de sueldos, jubilaciones, pensiones o lo que sea, necesita el respaldo de los cajeros. La "inclusión financiera" los hace imprescindibles. ¿Acaso el gobierno del Frente Amplio y su sagaz ministro del Interior Eduardo Bonomi no sabían lo que hace casi 10 años ha ocurrido y ocurre en Argentina y Chile con este sistema? Una rápida ojeada a internet —simplemente eso— les habría advertido lo que pasa en esos países y desde cuándo pasa. ¿Pensaron que en Uruguay no iba a ocurrir lo mismo? ¿Que iba a quedar ajeno a las prácticas delictivas de la región? ¿Que Bonomi cortaría el paso? Un editorial del diario "El Mercurio" de Santiago de Chile ("Seguridad pública y cajeros automáticos" del 1º de agosto de 2012) advierte que se trata de "un delito premeditado, con altos niveles de organización —que incluye el robo previo de dos o tres vehículos— pingües resultados y muy alta impunidad. Además, crea temor por sus niveles de violencia, su profusión y (…) es una fuente de financiamiento a grupos organizados en torno a otra actividades ilícitas" y agrega que en 2011 los robos significaron unos US$ 10 millones. En Uruguay 2018, ascienden a US$ 2 millones. El raid de Bonomi como ministro encargado de la seguridad pública no se agota obviamente en este tema. Vamos a prescindir de los grandes delitos para ver el día a día que viven los uruguayos de la mano de Bonomi y el respaldo de todo el Frente Amplio. Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, entre enero y junio de este año fueron robados 8.672 vehículos, un 14% más que el año pasado. Un robo cada 25 minutos. Los principales afectados fueron los propietarios de motos con 5.539, luego lo siguen 2.246 autos, 729 camionetas y 58 camiones. Autos y camionetas aumentaron un 34%. La zona de Montevideo más afectada es un barrio residencial: el Parque Batlle. Pero no son solo los autos de zonas residenciales. Una carta del párroco de Santiago Vázquez, Luis Fariello, de agosto de este año daba cuenta del vigésimo robo: "Quise hacer memoria de cuántos robos tenemos encima en el tiempo en el cual soy párroco y se me hace difícil recordarlos todos, tal vez superen las 20 ocasiones, desde luces, dinero, plantas, rejas, herramientas, ropa, alimentos. Por gracia de Dios esta vez no fue a mano armada". Se robaron unos $ 200.000 en efectivo, una computadora portátil y algunos celulares del interior de la Jefatura de Policía de Salto (11/1018); cuatro delincuentes encapuchados intentaron robar una comisaría también en Salto (03/18); robaron la seccional policial de Young (10/2018); tercer robo en menos de un año a seccional policial de Rocha (06/18); robaron un destacamento de Bomberos en Durazno (09/18); robaron una moto policial del estacionamiento de la comisaría de Atlántida (08/18); unos 29 policías uniformados fueron víctimas de rapiña según datos del Observatorio Fundapro. ¿Y cuántos civiles tienen un historial parecido al de Fernando Arena, propietario de una estación de servicio y pequeño centro comercial en la zona de El Colorado, a 10 km de Las Piedras, que lo robaron 12 veces en los últimos seis años, cuatro durante este 2018? Si a estos apuntes ciudadanos les sumamos los homicidios, el narcotráfico, los barrios copados, los atracos a bancos, locales de cobranza y todo tipo de comercio, la situación en las cárceles, etc., solo cabe preguntarse una vez más ¿por qué el Frente Amplio mantiene al ministro Bonomi? ¿Cuál es el motivo de tanto castigo al pueblo uruguayo?