Una y otra vez volvemos a hablar de la grave situación ambiental que se registra desde hace muchos años en la cuenca del río Santa Lucía.

Es redundante señalar su importancia estratégica, pues constituye la fuente de agua potable para más de la mitad de la población del país.

El río tiene una longitud de 248 kilómetros. Nace en Lavalleja, recorre jurisdicciones de cinco departamentos y desemboca en el río de la Plata.

Resulta tragicómico escuchar al presidente de la República decir que las soluciones las deberá resolver el próximo gobierno, cuando las alarmas vienen sonando, en todos los medios y ámbitos, desde hace por lo menos un lustro.

Todo ese tiempo autoridades locales y fuerzas vivas de zonas como Aguas Corrientes y Paso Severino, han tocado cuanta puerta existe denunciado el peligro ambiental y sanitario que viven los vecinos del río, como consecuencia del vertimiento a sus aguas de grandes cantidades de barros con minerales (producto de la potabilización del agua), de agroquímicos y residuos industriales.

Lo curioso es que nadie niega la existencia del problema. Ni Presidencia y OSE, ni el Ministerio de Medio Ambiente, ni las intendencias, ni las facultades de Química y Ciencias le restan importancia a la gravedad de la situación. Pero pasan los años y un asunto de tanta gravedad para la salud pública y ambiental del país, continúa atascado en la burocracia presupuestal del gobierno.

¿Puede haber algún tema más sensible para el bienestar público que el acceso al agua potable de calidad?

¿Existe algún elemento más estratégico que al agua para garantizar la salud ambiental de los ecosistemas nacionales?

Es cierto que el próximo gobierno no podrá hacerse más el distraído frente a esta emergencia nacional. La inoperancia e irresponsabilidad de los anteriores los condujo a que priorizaran todo tipo de inversiones superfluas antes que las que más se necesitaban. Sin ir más lejos, recordemos que el actual gobierno no ha tenido ningún prurito en comprometer al país con una gigantesca deuda de 3.000 millones de dólares, para que la empresa finlandesa instale la planta UPM2 en pueblo Centenario.

Si bien es cierto que todas las cuencas hidrográficas del país presentan problemas preocupantes de contaminación, es evidente que la del Santa Lucía demanda la atención prioritaria de las autoridades.

La planta de tratamiento de lodos podría costar unos 30 millones de dólares, y 6 más para su mantenimiento anual. Con ella estaríamos dando un paso importante para afrontar el problema con responsabilidad e inteligencia. Hay que hacerlo.

Desde luego la salud de la cuenca exige imponer cambios significativos en materia de gestión, en la cual los controles efectivos y permanentes deben cumplir un papel trascendente. También hay que insistir en el peso específico que tiene la conservación de los montes naturales ribereños en la salud de las cuencas.

Una vez más hay que recordar el mandato constitucional impuesto por el artículo 47, que especifica que la política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en la gestión sustentable de los recursos hídricos, y la preservación del ciclo hidrológico, pues constituyen asuntos de interés general.