¿Hasta cuándo el escarnio?

El Dr. Ronald Pais, exlegislador y abogado experiente, publicó el lunes en Opinar una nota imperdible -“La trama ¿qué trama?”- donde plantea interrogantes y perplejidades sobre algunos de los procesos penales más notorios de estos días.

No sorprende, pero abruma. Leerla es clamar a gritos por sustituir el actual Código del Proceso Penal y por reorganizar el servicio de Fiscalías en su matriz constitucional.

Desde mucho antes de entrar en vigencia, el actual Código fue avizorado como peligroso. Las promesas de celeridad, compañía a las víctimas y justicia auténtica -todavía pintadas en el frente del edificio de la Fiscalía de Corte, calle Paysandú- climatizaron el ambiente. E impulsaron la unanimidad del Parlamento para aprobar el Código y remendarlo 19 veces en régimen de sonambulismo jurídico.

Hoy, con más de un lustro de vigencia, los hechos confirman hasta el hartazgo los males que anunciaron los críticos.

Y no solo se configuran las desgracias que ellos predijeron. Además de lo que los estudiosos vieron venir, se ha instalado una nueva desgracia: la de los magistrados fiscales en pie de lucha periodística.

En vez de los jueces letrados de Instrucción que le entregaban a la sociedad la garantía de su secreto y su silencio, tenemos investigadores que actúan como partes -no solo ante los tribunales- sino ante la opinión pública.

Ello ha llevado a que se identifique a algunos fiscales con un partido, con una ideología o con un bando.

Nada de eso es bueno para el Derecho, que necesita magistrados que se expresen por sentencias meditadas y no por dictámenes que son tesis de la parte acusadora y no son decisiones de Justicia, y que con los juicios abreviados pasan a ser la única pieza jurídica -insisto: de parte y no de juez imparcial- que describe las conductas y tipifica los delitos, ya que, si se logra el acuerdo, el juez lo examina para aprobarlo, sin establecer por sí mismo juzgamiento alguno.

Los magistrados del Poder Judicial estuvieron siempre, y están ahora, acostumbrados a guardar silencio, muchas veces sacrificándose por obedecer la regla de callarse.

El Código del Proceso Penal les quitó a los jueces las facultades para investigar y se las entregó al cuerpo nacional de fiscales; y poco a poco va acentuándose la costumbre de que los fiscales queden mezclados en entredichos, aclaraciones y forcejeos internos, y hasta hay algunos que aparecen identificados con partidos y tendencias.

Todo eso es un mal para la pureza de un Estado de Derecho, porque la legalidad bien entendida no puede teñirse con militancias y la autoridad de las resoluciones debe fundarse en la nitidez y el vigor de las normas.

A la vista de probanza que se desmorona y de sistemas que crujen, es inadmisible que el elenco político mire para otro lado y no quiera enterarse de que es hora de repensar el régimen entero, no para volver al sistema anterior sino para generar un sistema libre de las fallas que vemos todos, con un Poder Judicial inerme.

¡Todo es demasiado grave como para seguir tolerando el escarnio, en un servicio que no es asunto de abogados, sino de garantías para la mujer y el hombre común!