Expectativas y realidad

Se cierra el primer año calendario del Yamandú Orsi: diez meses de gestión que habilitan un balance aún preliminar, pero útil, para identificar tendencias. El 2026 comenzará con márgenes más acotados, en parte por la creciente divergencia entre las expectativas generadas y la siempre terca realidad, un desajuste que será cada vez más visible.

En economía, 2025 evidenció una dinámica asimétrica. El primer cuatrimestre combinó dinamismo sectorial -turismo, comercio y servicios asociados a la temporada estival- con mejoras en el mercado laboral. Desde mayo, sin embargo, la actividad ingresó en una fase de crecimiento casi nulo. No habrá crisis, pero tampoco motores claros de aceleración para 2026. El escenario base proyectado es moderado: expansión del PIB en torno a 2%, sin shocks.

El ciclo 2026 se enmarca en un proceso más largo de crecimiento bajo, inversión débil y escasas ganancias de productividad. Sin novedades favorables del contexto externo -precios de exportación relativamente bajos y un dinamismo moderado en los principales centros económicos- no hay motivos para algo distinto. Si bien este desempeño modesto seguirá coexistiendo con una marcada estabilidad macroeconómica, el desafío será la compatibilidad de la realidad con las expectativas económicas de la ciudadanía, que, como ocurre al inicio de los gobiernos, fueron altas y parecen estar lejos de lo que el ciclo económico podía razonablemente ofrecer.

Las encuestas recientes de expectativas del consumidor reflejan una caída del optimismo respecto al inicio del gobierno, y muestran una convergencia gradual con las expectativas empresariales, que venían señalando un deterioro del clima de negocios desde antes. Este menor optimismo coincide con un capital político más acotado y una popularidad que cayó hasta niveles de neutralidad en 2025. Si esta alineación a la baja persiste, el gobierno podría ingresar tempranamente en una fase de desaprobación de gestión, no por crisis, sino por persistencia de resultados insuficientes frente a las promesas implícitas.

El “diálogo social por la seguridad social” es el hito institucional donde ese choque puede expresarse con mayor nitidez. Allí convergen expectativas elevadas -aumentos jubilatorios significativos, reversión de la edad de retiro a 60 años, cuestionamientos a las AFAP- con restricciones fiscales y demográficas que limitan la viabilidad de cambios de gran escala. Aunque estos extremos están descartados en el diseño de política pública, el gobierno enfrentará el desafío de articular ajustes sostenibles que contemplen compensaciones focalizadas sin comprometer la solvencia del sistema.

Fuera de la agenda institucional, otras iniciativas -propuestas de nuevos tributos, mayor regulación de despidos o cambios en regímenes laborales- son expresiones de expectativas y ansiedades que exceden el marco técnico del ciclo económico. En este punto, la discusión relevante para 2026 no debería ser distributiva, sino productiva: cómo fortalecer inversión, productividad y crecimiento potencial en un contexto estable, pero exigente.

El 2026 no depara ninguna gran sorpresa económica, pero sí puede contener un cambio relevante del clima político y social por desajuste de expectativas.