En Roma, como los romanos

Forma parte de los temas que Martín Aguirre llama “la agenda Noruega”: alejados de las prioridades nacionales; funcionales a debates vigentes en otras latitudes y alentados por grupos de interés extranjeros y globalistas; y totalmente ciegos a los inteligentes arreglos que el país se dio hace décadas, pretenden inventar la pólvora anonadados por circunstancias novedosas que, en realidad, no son tales.

Se trata del proyecto sobre el derecho a la observancia de las festividades de las minorías religiosas que está siendo tratado por una comisión en el Senado y que, Dios quiera, duerma allí el eterno sueño de los justos. Porque, más allá de los certeros señalamientos que el ministro de Educación marcó, en cuanto a lo peligroso que es para las libertades individuales que nuestro Estado se haga de un registro general de confesiones religiosas ciudadanas, el error grave y central de esta iniciativa noruega es doble: por un lado, creer que tenemos una deuda histórica a saldar con las minorías religiosas; por otro lado, sostener tácitamente que el derecho a conmemorar una festividad religiosa debe ser privilegiado frente al principio constitucional que moldea nuestra laicidad.

Es obvio que lo de deudas religiosas es un argumento importado; políticamente correcto; de moda hoy sobre todo en el mundo de tradición protestante y anglosajón. Aquí, desde siempre nos caracteriza la convivencia pacífica de religiones, y debemos aplicar aquello tan sabio de los ingleses: si no está roto, no lo arregles. No obstante, el asunto de nuestra laicidad es más complejo de entender: precisa asumir que, si bien todos los cultos son libres, el espacio público debe ser neutro en materia religiosa. En concreto, ni el mundo del trabajo ni el de la educación deben estar subordinados a los dictados de las religiones, sean estos días de festividades concretos, observancias de comportamientos particulares (alimenticios, por ejemplo), o lo que fuere.

Creer que el derecho a profesar una religión trae consigo el derecho a imponer sus prácticas en el espacio público de convivencia es romper con nuestra tradición laica. Es traer al Uruguay un modelo multiculturalista, sobre todo de perfil anglosajón, cuya capacidad para resolver los conflictos entre lo político y lo religioso es tremendamente inferior al nuestro. Admitir que deben contemplarse todas las subjetividades en tema tan delicado terminará haciendo del espacio público un botín de guerra religioso: allí están los ejemplos de los países que aceptan este sistema multiculturalista y que hoy están totalmente arrinconados por el agresivo proselitismo de ciertas religiones -como la del islam y sus “Hermanos musulmanes” presentes en toda Europa Occidental-, y con convivencias radicalmente resquebrajadas.

Las escuelas deben educar en el respeto de religiones que, sin embargo, de ninguna manera han de imponer sus criterios y preferencias en el espacio y la vida públicos. En el mundo del trabajo, una ausencia por causa religiosa siempre puede arreglarse informalmente, sin necesidad de una ley. Y si no se arregla, será porque el ombligo religioso no es más importante que una sociedad en la que se vive en libertad y tolerancia como la nuestra. Y porque como bien reza el dicho: en Roma, harás como los romanos.