Emergencia hídrica

El Poder Ejecutivo declaró la emergencia hídrica para la zona metropolitana debido al agravamiento de la situación de reservas de agua dulce, ocasionado por la sequía histórica que padece el país -iniciada hace ya tres años.

Los embalses que gestiona Obras Sanitarias del Estado (OSE) están en niveles críticos, a la espera de que las condiciones meteorológicas cambien y regresen las lluvias suficientes como para regularizar sus niveles de agua.

Hay que decir que esta situación que ahora se da fue pronosticada hace muchos años, por los especialistas y administradores de los servicios de agua potable.

Resulta inexplicable cómo a lo largo de tres administraciones frenteamplistas -disfrutando de una bonanza económica histórica y contando con mayorías parlamentarias propias en los tres gobiernos- nada hicieron al respecto. Ni siquiera tomaron en cuenta algunas claras advertencias expresadas a la opinión por algunos de sus máximos referentes políticos como, por ejemplo, Fernández Huidobro.

Al ocurrir lo que parecía muy poco probable (tres años del fenómeno “La Niña”) la mayoría de la población de nuestro país está padeciendo la actual escasez, con todas las dificultades que genera, y obligando a las autoridades a tomar “a las apuradas” medidas de urgencia.

Debido a que los pronósticos de lluvias siguen siendo inciertos, el gobierno, además de llevar adelante el proyecto “Neptuno” o “Aratirí” de respaldo hídrico metropolitano utilizando como fuente al Río de la Plata, acaba de iniciar la puesta en marcha de otro proyecto más pequeño que consiste en la construcción de un embalse en el río San José para trasvasar agua dulce al sistema del río Santa Lucía.

Se trata de una medida de urgencia que procura garantizar el suministro de agua potable a la población metropolitana, en caso de que la sequía se prolongue más tiempo. Demandará unas pocas semanas de trabajo y US$ 20 millones de inversión.

El gobierno también anunció una serie de medidas complementarias con el fin de ayudar a afrontar la crisis de la mejor manera posible, poniendo especial atención en los sectores más vulnerables de la población. Como todos sabemos, la escasez de agua ha llevado a que se produjera un descenso en la calidad del agua potable que suministra OSE a la población, debido a la presencia de sodio y cloruros en proporciones que superan con creces los máximos niveles permitidos. Una de sus consecuencias inmediatas ha sido el elevado aumento de consumo de agua embotellada, lo cual supone un gasto adicional para el bolsillo de las personas. Razón por la cual el Poder Ejecutivo anunció una reducción de impuestos para la compra de ese producto, tratando de atenuar el impacto que esta singular situación está provocando en las economías familiares.

Si el proyecto “Aratirí” o cualquier otro que las anteriores administraciones hubiesen escogido estuvieran terminados, no estaríamos padeciendo el peso y los perjuicios de la severa crisis hídrica que castiga a buena parte de la población de nuestro país. Porque si bien no podemos dominar los fenómenos meteorológicos que se registran a lo largo y ancho del territorio nacional, sí podemos tomar las medidas necesarias con suficiente antelación como para minimizar al máximo sus efectos perniciosos.