El último peldaño

Punta Ballena será la próxima área natural protegida del país. Todo está encaminado para que el Poder Ejecutivo acepte la propuesta de la Intendencia de Maldonado de su incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) bajo la categoría de “monumento natural”.

Luego de un extenso litigio por la propiedad de los padrones ubicados a ambos lados de la Ruta Panorámica de Punta Ballena, en 2023 la justicia devolvió a manos particulares 6.5 padrones que ocupan 162 mil metros cuadrados; una extraordinaria superficie considerando su tan particular locación en Maldonado.

Se anunció casi enseguida un gran proyecto inmobiliario que proponía la construcción de 29 edificios con sus servicios e infraestructuras asociadas, con más de 300 unidades de vivienda.

La comunicación causó una gran reacción en la comunidad departamental, contraria a la realización del proyecto, porque consideraba que estaba en juego la preservación del valor ambiental, paisajístico y patrimonial de la zona.

Luego de realizados los estudios técnicos y discusiones tratando de analizar todos los intereses en pugna, en marzo del año pasado la Junta Departamental fernandina aprobó el decreto declarando a Punta Ballena y las estribaciones cercanas de Sierra Ballena como reserva natural departamental, y proponiéndole al Poder Ejecutivo que se incorporara al SNAP a varios padrones de la localidad catastral Punta Ballena. Esta resolución significó una decisión política de peso para la dilucidación del asunto.

Como era de esperar los informes técnicos del Ministerio de Ambiente en 2024 se habían opuesto a la otorgación de la Autorización Ambiental Previa al proyecto inmobiliario por sus múltiples impactos negativos.

Mucha agua ha pasado bajo el puente y actualmente esa secretaría de Estado tiene a estudio la incorporación de Punta Ballena al SNAP, lo que se presume ocurrirá en el corto plazo, porque no se vislumbran obstáculos de fuste que lo impidan.

De lo que se trata es de garantizar la conservación de una zona tan extraordinaria como ésta, así como de mantener los enormes beneficios que brinda su uso público.

El inminente epílogo que tendrá esta disputa merece un comentario referido al valor y al peso que tuvo la iniciativa popular para direccionar su definición. La confrontación que suele plantearse entre los derechos particulares y los de la comunidad siempre demanda un análisis objetivo y desapasionado de los hechos. Porque de lo que se trata es que: se respete la ley, que las instituciones actúen con libertad, idoneidad y celeridad, y con esto asegurado, que prime el beneficio general sobre el particular.

A no olvidar que todo lo que podamos avanzar en materia de conservación de la diversidad biológica, de los ecosistemas y paisajes únicos del país, será en beneficio directo de la calidad de vida de nuestra gente.

En materia de áreas protegidas, por ahora seguimos atrasados porque el SNAP solamente protege el 1.2% del territorio nacional. Pero cada paso que demos hacia adelante debe estimularnos a continuar con los esfuerzos conservacionistas, porque son ellos los que garantizan que nuestro modelo de desarrollo sea cada vez más sustentable.