El impulso y su freno

Pablo Da Silveira

El subsecretario de Economía, Pedro Buonomo, acaba de hacer un anuncio muy alentador: el gobierno está pensando en asociarse con privados para construir y gestionar escuelas de tiempo completo: "Lo que daría un privado -dijo Buonomo- sería construir, financiar, dar determinado nivel de servicio y asumir el riesgo (…). Si cumple el nivel de servicio que se le exige, el Estado le repagaría". El objetivo es "aprovechar la eficiencia de los privados para mejorar la provisión de los servicios".

Para decirlo en breve, se trata de la más audaz y desprejuiciada idea sobre la enseñanza que se ha escuchado en mucho tiempo de boca de una autoridad oficial. Se trata también de una propuesta que está en consonancia con experiencias que están resultando exitosas en otras partes del mundo. Hay un enorme contraste entre esta actitud innovadora y el esclerosado estilo que predominó en la administración Vázquez, consistente en gastar más plata y dejar todo como está.

La pregunta, naturalmente, es si hay alguna chance de que estas declaraciones se conviertan en hechos. Y aquí es donde el entusiasmo tiende a paralizarse.

En primer lugar, esta reforma no puede ser impulsada desde el Ministerio de Economía. De hecho, ni siquiera podría ser aplicada como resultado de un acuerdo entre esa cartera y el Ministerio de Educación y Cultura. Nuestra Constitución pone a la enseñanza pública en manos de un ente autónomo que tiene las potestades institucionales (y todos los incentivos imaginables) para oponerse a algo semejante.

Este extraño diseño institucional no es achacable al actual gobierno ni al anterior. Su origen se remonta a la Constitución de 1934. Pero la fuerza política que hoy nos gobierna es responsable de haber hecho las cosas todavía más difíciles, al haber fortalecido la influencia corporativa sobre el gobierno de la enseñanza y, consecuentemente, haber debilitado la influencia del sistema político. Desde que se aprobó la nueva Ley de Educación, los gremios docentes tienen poder de veto en todas las decisiones importantes. Y una reforma de este tipo va a ser rechazada por los sindicatos porque les haría perder lo que más les importa, que es la capacidad de control.

La fuerza política que hoy está en el gobierno también es responsable de haber alimentado durante décadas toda clase de prejuicios contra el sector privado, no sólo por la vía del discurso sino también oponiéndose a iniciativas menos ambiciosas que la que hoy se propone. Si muchos uruguayos creen con sinceridad que el sector privado es intrínsecamente rapaz y perverso, eso se debe a que lo aprendieron, entre otros, de los más connotados dirigentes de la izquierda.

El giro innovador que pretenden imprimir quienes hoy ocupan las principales responsabilidades de gobierno corre el riesgo de ser frenado por las trabas institucionales y los prejuicios ideológicos que ellos mismos contribuyeron a crear. Ese es el problema del doble discurso: quien lo practica cree ser más habilidoso que el resto, pero no percibe que está creando un público que toma sus palabras en serio. Y la factura termina por llegar.