El futuro de la Apacet

Pablo Da Silveira

Tras una serie de episodios penosos y conflictivos, el proyecto de ley de creación de una agencia de acreditación y evaluación universitaria está ahora en el Parlamento. Y como no es fácil anticipar lo que va a ocurrir, conviene ir formándose opinión sobre los diferentes rumbos que pueden tomar las cosas.

Algo que puede pasar es que no pase nada. Este es un desenlace que puede resultar atractivo a ojos del gobierno, porque cualquier intento de tratar la cuestión lo pondrá en una situación incómoda: si la bancada oficialista introduce cambios en el proyecto, generará tensiones con la Universidad de la República; pero si aplica una mayoría automática para aprobarlo tal cual está, proporcionará a la oposición una prueba definitiva de que se le estuvo tomando el pelo. Ante esa disyuntiva, muchos en el oficialismo pueden pensar que lo mejor es dejar diluir el asunto.

Este desenlace también puede atraer a muchos opositores al proyecto: visto lo flechada que está la cancha, es preferible postergar la aprobación de cualquier norma legal que pueda frenar el dinamismo del sector universitario privado. Pero este razonamiento enfrenta dos problemas. En primer lugar, el orden institucional actual es imperfecto y tiende a la parálisis. Se ha vuelto normal que las instituciones privadas deban esperar años antes de obtener el reconocimiento de una carrera. Al menos en parte, esto se debe a que no se cuenta con un andamiaje institucional adecuado.

En segundo lugar, el país está condenado a hacer papelones cada vez que participa de experiencias regionales de acreditación universitaria, porque es el único que no cuenta con una agencia especializada en la tarea. Eso genera múltiples formas de ineficiencia y obstaculiza la acumulación de aprendizajes. Hasta hace poco Paraguay estaba en la misma situación; ahora somos los únicos.

Dado que hay buenas razones para crear la agencia, un segundo camino puede consistir en aprobar el proyecto tras haber introducido algunas modificaciones cosméticas. Por ejemplo, se podría variar levemente la integración del directorio de la Apacet. Esta es una solución que puede tentar a muchos, pero también sería mala. El proyecto presentado por el MEC propone un diseño tan desequilibrado y está tan alejado de las mejores prácticas internacionales que no se arregla con retoques. Hace falta cirugía mayor.

El tercer camino consiste en pensar soluciones que ayuden a superar el bloqueo. Una de ellas podría consistir en crear únicamente una agencia de acreditación, dejando para más tarde los aspectos referidos a la evaluación y reconocimiento. Sería una solución incompleta, sólo aceptable si se fijan plazos que garanticen su carácter transitorio. Pero permitiría avanzar allí donde hay acuerdo. Otra posibilidad consistiría en aplicar a las tareas de evaluación y reconocimiento los principios de voluntariedad y reciprocidad que rigen en la acreditación. En tal caso, sólo podrían participar de los procesos de evaluación aquellas instituciones que acepten ser evaluadas. Ninguna de estas soluciones es perfecta, pero algo nuevo hace falta para permitir avances.