Dos juntadas de firmas

Habrá dos movilizaciones políticas relevantes de aquí a fin de abril del año próximo con el objetivo de conseguir, cada una, unas 270.000 firmas válidas, de manera de proponer para las elecciones de octubre sendas reformas constitucionales.

Estará el proyecto sindical-izquierdista en torno a la seguridad social, con sus tres principios ya acordados: un monto mínimo jubilatorio vinculado al salario mínimo nacional; la eliminación de las AFAPs; y habilitar la jubilación a los 60 años, como ocurría antes de la reciente reforma para los nacidos luego de 1973. Y estará también la iniciativa de Cabildo Abierto (CA), que cuenta ya con apoyos de agrupaciones y dirigentes de otros partidos, de “no más usura, firmá por una deuda justa”, que procurará, entre otras cosas, que los topes a las tasas de interés estén fijados por ley con mayorías especiales.

Se trata de movilizaciones que representan desafíos diferentes para cada uno de los actores que las emprenden. Para la izquierda sindical-política, el número de firmas requerido no debiera ser muy complejo de alcanzar, ya que se trata de un tema conocido por sus bases militantes y que genera amplio apoyo entre los numerosos y más politizados ciudadanos izquierdistas.

Y si se precisare una ilustración, está el antecedente del referéndum contra la ley de urgencia en 2021, que logró juntar una vez y media más de firmas que este desafío de abril próximo. Así, todo el mundo naturalmente espera que la izquierda imponga su agenda plebiscitaria para 2024.

Para CA y sus aliados el desafío es otro. Para empezar, porque 270.000 firmas es prácticamente la misma cifra de votos que sacó CA en octubre de 2019: se trata del techo de adhesiones que obtuvo ese novel partido que, comparativamente en la interna de ese año -es decir, en el universo de votantes más politizados y adherentes más convencidos-, recibió unos 50.000 votos.

Con estos antecedentes, habrá quienes pensarán que una campaña que supere las 150.000 firmas será un éxito: CA habrá mostrado un fuerte músculo movilizador y logístico, además de cierto olfato político para plantear un tema sensible que habrá recibido más del triple del apoyo expresado en su interna de cinco años antes. Empero, al mismo tiempo y como la meta de firmas es muy alta, si no logra imponer su proyecto plebiscitario para octubre toda la empresa será criticada y vista como un fracaso.

Aquí es cuando la juntada de firmas tiene una lectura política fuerte. Por un lado, el proyecto de seguridad social condicionará al Frente Amplio (FA) en todo 2024: en criollo, jugará a favor de Cosse en junio; en contra del FA en el universo de votos moderados-no politizados en octubre; y, si no termina siendo plebiscitado, será letal en la credibilidad izquierdista en noviembre. Por otro lado, si el proyecto antiusura llega a las 270.000 firmas, potenciará la figura de Manini Ríos con el optimista augurio de al menos repetir en octubre de 2024 su votación de cinco años antes; empero, si no las alcanzare y al mismo tiempo el lugar de CA siguiera tensándose dentro de la Coalición Republicana, es claro que los cabildantes no contarán con ningún aliado, ni a su diestra ni a su siniestra, para evitar que se propaguen las sensaciones de fracaso, antipatía y desdén que los envolverán.