Desidia pública

Francisco Faig

La relación que los uruguayos tenemos con el Estado es muy especial. Por convicción histórica y cultural, nuestro Estado ha de ser productor, proveedor y protector; un Estado demiurgo que todo lo puede; una entelequia a la que todo se le exige. Como un mantra que se repite y se inculca, asumimos que el Estado somos todos y que por tanto, "es nuestro".

Sin embargo, todos los días tenemos noticias que nos muestran que estas creencias no son ciertas.

El Estado es incapaz de controlar con seguridad y eficiencia los asuntos más variados: desde los ruidos molestos en las ciudades, hasta las exigencias ambientales para los residuos de los agroquímicos en el litoral, pasando por la seguridad en el tránsito carretero o la calidad del expendio de comidas en los irregulares puestos golondrinas en el Este.

Sabemos desde mediados de 2010 que el puente de Fray Bentos habría de ser un formidable pasaje de turistas argentinos deseosos de llegar al país en verano. Pero la desidia del Estado no fue capaz de prever esa situación y generó las más absurdas e inconcebibles demoras en la frontera de las que se tenga memoria. Más de cuatro horas para cruzar.

Sabemos que un casino no da pérdida en ninguna parte del mundo. Pero la Intendencia de Montevideo los administra tan mal que durante seis años fueron deficitarios. También, en la mayoría de las ciudades se cobra menos impuestos que en la capital; pero ninguna está tan sucia ni tiene servicios públicos tan deficientes como ella.

Hace al menos una década que sabemos que el aumento de los delitos y de sus penas habría de precisar más capacidad carcelaria.

Pero el Estado no previó la situación y aquí, todos los días, el Estado que se pretende justo y protector, viola los más elementales derechos humanos de los presos. Tampoco ese Estado, legislador, revisa con rapidez el código de proceso penal, tan antiguo como impropio para la actual situación. Ni aplica con eficiencia penas alternativas: siguen muriendo mujeres por violencia doméstica a manos de hombres que tenían prohibido por la Justicia acercarse a ellas.

Ese Estado, dueño de empresas públicas, las tiene en realidad tomadas por sus respectivos sindicatos. Brinda servicios de energía y de telecomunicaciones carísimos. Pero publicita, por supuesto, que todas ellas son "nuestras".

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Con mansedumbre de rumiante, el uruguayo acepta atropellos e ineficiencias. Se queja y exige poco porque cree que así conjuga cierta comprensión y solidaridad.

Si es cierto que queremos ser un país de primera, hay que dejar de creer en mitos: el Estado no somos todos y no cumple mejor sus tareas que los privados.

Hay que enfrentar esta desidia pública que además, casi siempre, daña sobre todo a las clases populares que son las que menos pueden evitar depender del Estado.

Desde el reclamo ciudadano, tenemos un cotidiano papel que cumplir: exigiendo excelencia en el servicio; aborreciendo la compasión por la mala gestión; denunciando la desidia pública y a sus responsables.