Desacuerdo educativo

PABLO DA SILVEIRA

Cuando un presidente reúne a los partidos de oposición para proponer un acuerdo educativo, es razonable suponer que previamente se habrá asegurado el apoyo de su propia fuerza política. Pero no es así como funciona el presidente Mujica. En cuanto comunicó a los líderes opositores su disposición a introducir cambios en la Ley de Educación, el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, adelantó que una iniciativa semejante difícilmente contaría con el apoyo de la bancada oficialista. En los días siguientes, varias figuras de la coalición confirmaron ese pronóstico.

La situación es grave porque, pese a la desprolijidad de sus métodos, el Presidente Mujica tiene razón cuando admite que no habrá mejoras sin cambios en las reglas de juego. Con el actual esquema de funcionamiento es imposible generar una enseñanza de calidad. De hecho, ni siquiera parece posible asegurar la existencia de proyectos piloto de modestas dimensiones, como el ya famoso Pro-Mejora.

El diputado frentista Roque Arregui se equivocaba cuando declaró hace unos días: "No es momento de enterrarnos en cambios de la ley de Educación. Ahora es momento de ahondar en los temas de gestión educativa". Es cierto que mejorar la gestión es la tarea urgente, pero una buena gestión exige condiciones institucionales adecuadas. Y la actual ley garantiza que esas condiciones nunca van a existir. Sus absurdas disposiciones generan una estructura de incentivos perversa, diluyen todo mecanismo de rendición de cuentas y privilegian los intereses de las corporaciones sobre los de los usuarios (es decir, los alumnos y sus padres).

Si el objetivo es (como debe ser) mejorar la gestión a corto plazo, sólo parecen viables dos caminos. El primero consistiría en acordar una serie de cambios a la Ley de Educación que permitan desbloquear los procedimientos de decisión y reduzcan la vulnerabilidad del sistema a las presiones corporativas. Por una simple cuestión numérica, esto requiere el apoyo de una bancada de gobierno que no suele votar dividida. Para lograr algo semejante, el Presidente debería echar mano a toda la fuerza de liderazgo y toda la capacidad negociadora de las que disponga. Pero es dudoso que el método para lograrlo sea el empleado hasta ahora.

El otro camino consistiría en acordar entre todos los partidos una serie de cambios concretos que entren claramente en el terreno de la gestión, como la postergada creación de los profesores-cargo, la redefinición del rol de los directores o la sustitución de procedimientos administrativos paralizantes. Las decisiones acordadas deberían ser transmitidas a las autoridades de ANEP, quienes deberían encargarse de darles validez formal. Este camino no requeriría una solución parlamentaria, pero supondría una modificación profunda del concepto de autonomía que ha sido tradicionalmente manejado por la izquierda.

Dicho en breve: toda posibilidad de cambio educativo depende de la capacidad de la izquierda uruguaya de procesar a corto plazo un gran cambio cultural. Sólo si abandona la visión corporativista que ha cultivado durante décadas, y sólo si destierra algunos conceptos estrechamente ligados a esa visión, como su exacerbada visión de la autonomía, habrá condiciones políticas para mejorar. No es que se trate de una tarea imposible, pero requiere procedimientos más finos que los utilizados hasta el momento.