Por más que uno se esfuerce en buscar originalidad, cualquiera que siga este espacio verá que el tema a plantear es repetido.

Es que si hay algo que debería encender las alarmas de todos los uruguayos, es la manera en que ciertos grupitos organizados nos condenan a las mayorías o a padecer los efectos de su extremismo, o a vivir hundidos en debates absurdos.

Esta semana tuvimos dos casos bien claros, el primero, y tal vez más grave fue el conflicto en MontevideoGas. Se trata de una empresa adquirida por la brasileña Petrobras en el marco de un negocio que nunca cuajó. Se esperaba que el gas llegara barato de Argentina, y desde aquí se pudiera enviar al propio Brasil, que buscaba una alternativa luego del conflicto con Bolivia, cuando el compañero Evo le mandó los militares al compañero Lula para expropiar los pozos de gas.

Como decíamos, el negocio nunca cuajó, en buena medida porque el compañero Néstor y la compañera Cristina gobernaron como gobernaron, y nadie invirtió un peso para extraer el gas de allí.

Desde el inicio, entonces, la empresa vive un conflicto latente, con rentabilidad negativa, y un sindicato agresivo e ideologizado, cuya máxima ambición es que el Estado absorba el servicio y así pasar a ser funcionarios públicos. Para lograr eso no han ahorrado excesos, el último de las cuales fue declarar lo que llamaron u201ccontrol obrerou201d, mediante el cual el sindicato asume el mando administrativo de la empresa, sus cuentas bancarias, la gestión, todo.

En 2019, y con los u201céxitosu201d de Envidrio o Coprograf a la vista, ya nadie se cree que si una empresa no funciona con una gestión profesional, va a tener mejor resultado con un grupo de obreros voluntaristas al mando. La decisión fue una forma de tocar las posaderas a la empresa para que se mande mudar, y para presionar al gobierno para que estatice el gas.

Un apunte para resaltar la u201cgestiónu201d del ministerio de Trabajo. En este caso, como ha pasado en Conaprole, Buquebus, y en 20 otros casos, el ministro Murro operó con fervor en favor del gremio.

Hay dos cosas graves de este conflicto. Primero, que el gremio desconoció de forma explícita un fallo judicial, recibiendo en ese camino el apoyo del Pit-Cnt, que llegó a cuestionar que la Justicia civil interviniera.

La segunda, que no solo el resto de los uruguayos tuvimos que padecer el daño moral y hasta estético de ver al líder del gremio hacer un discurso como si estuviera en Moscú en 1917, ante la mirada embelesada de dos diputados. Sino que ahora vamos a sufrir las consecuencias de que todos los inversores del mundo sepan que en Uruguay hay gremios, ministros y legisladores, que creen que las decisiones judiciales están por debajo de sus intereses. No pasaron 24 horas y Petrobras anunció que se va del país. Y muchos que estaban dudando si poner su plata acá, harán lo mismo.

El segundo caso es más liviano, pero carga con el mismo gen problemático. Un grupo de activistas que dicen luchar por el bienestar animal, y que hace años que están encachilados con prohibir las jineteadas, aprovecharon el hecho muy inusual de la muerte de dos caballos en el Prado para armar un gran conflicto. Y con la complicidad de un intendente que lle- gó al cargo de casualidad, y que pertenece al mismo grupúsculo que la principal impulsora del asunto, casi se salen con la suya.

Uno puede entender este fervor si hablamos de corridas de toros, de peleas de perros, de riñas de gallos, donde la muerte y el sufrimiento del animal es parte integral del asunto. Pero las u201cdomasu201d son otra cosa. Ya hasta se limitaron las espuelas. Cualquiera que haya convivido con caballos, sabe de la polenta y rusticidad de estos animales, que hace que un rebenque o una espuela no le hagan mella. Y de que esa manía por atribuir al animal características humanas, es propia de gente que no ha tenido la chance de convivir en serio con ellos. Basta ver el festival de sangre y tripas que se hace un simpático perrito hogareño con una majada, para sacarse el mito de Bambi de la cabeza.

Pero volvamos al tema de fondo. Como promedio, cada Semana Santa van al Prado unas 150 mil personas. Si a eso sumamos las actividades en el resto del país, la cifra se multiplica por diez o más. ¿Cuánta gente es la que exige prohibir las jineteadas? ¿Es justo que se imponga el deseo de esa minoría? Y lo mismo pasa con el tema previo. ¿Cuánta gente en Uruguay sostiene ese discurso marxista en el que un sindicato puede violar el derecho de propiedad, desafiar a la Justicia, y violar el derecho al trabajo ajeno? ¿Por qué todo el resto de los uruguayos tenemos que padecer las consecuencias de acciones de esa gente que, cuando ofrece sus ideas en el menú electoral, no la vota nadie?

La sociedad aguanta, pero se cansa. Si la clase política racional no interviene, después no hay que sorprenderse cuando aparecen liderazgos u201cdisruptivosu201d como los que vemos en tantos países.