Decisión incompartible

Al tomar el gobierno la decisión de desconocer el contrato firmado por el Proyecto Neptuno, dio un peligroso paso en la dirección equivocada.

Aunque no lo reconoce, desconoció el compromiso asumido por el país, desviando el foco de atención mediante la táctica de instalar la idea de “renegociación” del mismo, cuando a todas luces se trata de proyectos diferentes. Poco o nada tiene que ver el proyecto “Casupá” con el Neptuno, está lejísimo de ser una simple modificación como se pretende convencer a la opinión pública.

Una sencilla comparación nos permite concluir que: “Casupá” recurre a otra fuente de agua bruta totalmente diferente (desecha una inagotable para escoger la que casi se secó hace tres años); requiere de una tecnología diferente para potabilizar el agua; traslada las obras de infraestructura a otro departamento del país; incorpora sin pestañear la destrucción de más de 400 hectáreas de monte indígena; decide inundar permanentemente miles de hectáreas de campo fértil y productivo (¿cuánta producción agropecuaria efectiva se perderá innecesariamente por año y para siempre?); expulsa de la zona escogida a familias y productores de fuerte arraigo y con destino incierto; y lo más obvio, tropieza con la misma piedra recurriendo a la cuenca hidrográfica del Santa Lucía ya sobrecargada, según sus impulsores para “garantizar” el abastecimiento metropolitano, a pesar del reciente y catastrófico antecedente de 2023 cuando casi se secó.

Desde luego el nuevo proyecto del gobierno requiere de un llamado a licitación y demás pasos administrativos, que no está dispuesto a dar porque, entre otras cosas, significa admitir que unilateralmente decidió incumplir el compromiso asumido por el país, imponiendo una vez más lo político sobre lo jurídico.

No sabemos cuáles fueron los términos que acordó con el consorcio privado encargado de ejecutar Neptuno, pero es evidente que lo satisfizo porque no le exigió al nuevo gobierno cumplir con los términos suscriptos.

Es tan obvia la situación que el gobierno tuvo que “excluir” del proyecto la construcción de la represa en el arroyo Casupá porque es algo que está groseramente fuera del Proyecto Neptuno.

Como era de esperar -y el gobierno lo sabía de antemano- el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) observó la “modificación” del Proyecto Neptuno realizada, pues cambió aspectos fundamentales del contrato original firmado, vulnerando el principio de igualdad entre oferentes, entre otros aspectos.

Esta indiferencia por lo legal a esta altura de los acontecimientos parece formar parte del ADN de la actual coalición de gobierno, porque al ignorar al TCA de manera tan irrespetuosa, la conclusión más obvia que se puede sacar es que sus endebles argumentos parecen encerrar la convicción de que “si estoy en el poder hago lo que quiero, porque a la gente no le importará”.

Como si todo esto fuera poco, la jugarreta política de Casupá implica que por lo menos entre 5 u 8 años el país no contará con un respaldo de agua dulce disponible para abastecer al área metropolitana en caso de necesidad. Crucemos los dedos para que no se repita otra sequía extrema como la padecida hace tres años.