Colapso de gestión

Cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia en marzo de 2005, se anunció un "plan de impacto" para mejorar las escuelas y liceos de todo el país. Las obras estarían a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el área metropolitana, y de las Comisiones Departamentales en el interior. Para financiarlas se votarían recursos específicos. Además se usarían 10 millones de dólares remanentes de lo generado por la subasta de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo (recursos que, por decisión del gobierno del presidente Batlle, debían destinarse a Anep). La prensa daba el nombre de quien estaría al frente de las obras. También se hablaba de utilizar "brigadas de trabajadores". El objetivo era concluir el plan en dos meses.

Desde luego, nada de eso ocurrió. El gobierno Vázquez orientó sus esfuerzos a organizar un farsesco Debate Educativo que concluyó en la pésima Ley de Educación que hoy tenemos. En materia de obras, hizo menos que los anteriores.

Esta dinámica se trasladó al gobierno de José Mujica. El mismo día que asumió, el nuevo presidente utilizó una frase de Tony Blair para señalar cuál sería su prioridad ("educación, educación, educación"). Desde ese día se acumularon declaraciones sobre la importancia de mejorar la infraestructura. El acuerdo interpartidario de mayo de 2010 y el documento de la Comisión Coordinado-ra de la Educación de diciembre de 2011 contienen compromisos al respecto. Todo eso fue reafirmado en el nuevo acuerdo interpartidario de febrero.

En consonancia con esas declaraciones, las autoridades educativas anunciaron varios planes de acción. Por ejemplo, a fines del año pasado se difundió un listado de 212 locales considerados en situación de emergencia, y se anunció el rápido inicio de las obras. El Parlamento asignó abundantes recursos presupuestales. En el año 2011 se destinaron 2.000 millones de pesos para obras (entre 2005 y 2007, las partidas anuales nunca superaron los mil millones). En 2012 se aumentó a 2.500 millones. Los recursos destinados a construcción y mantenimiento se triplicaron en relación a 2005.

No faltaron entonces declaraciones de voluntad política, ni promesas, ni dinero. Lo que faltaron fueron obras. En todo este tiempo apenas se cumplió una fracción de lo anunciado. Por ejemplo, en 70 de los 212 locales declarados en emergencia el año pasado todavía no se hizo nada. El año 2011 terminó con 30 millones de dólares sin ejecutar por falta de decisiones oportunas.

Estamos asistiendo a un colapso de gestión, cuyos primeros responsables son las autoridades y altos funcionarios de Anep. Si en este país no se hubiera perdido ese reflejo cívico que es la renuncia ante graves responsabilidades políticas o funcionales, mucha gente tendría que haber puesto su cargo a disposición.

Pero no solo estamos ante el fracaso de personas, sino de un modelo de gestión. El presidente Mujica declaró hace poco que "no pueden existir 2.812 edificios que dependan para su mantenimiento de una estructura centralizada como el Codicen". Tiene toda la razón. Lástima que él y los suyos recién lo vean ahora. Hace al menos 15 años que existen análisis que lo muestran, pero quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar los rechazaron tratándolos de neoliberales. Ahora parece que empiezan a aceptar sus conclusiones. Solo falta que actúen en consecuencia.