Cardama

El proceso mediante el cual se compraron dos patrulleras para las Armada fue largo y signado por la necesidad de acotar la inversión. Se pudieron elegir mejores armadores. China, por ejemplo, ofreció sus astilleros en la primera licitación intentada, a un costo de doscientos millones de dólares, cuando lo disponible eran menos de cien. Lo mismo ocurrió con otras ofertas. Tampoco por razones técnicas, resultó adecuado adquirir buques usados. De ahí que en lugar de una licitación, por más que ahora se olvide, se escogiera, en el segundo intento, un procedimiento de elección por sumas acotadas a través de de astilleros previamente elegidos, obviamente menos garantista.

En esa obligada operatoria surgió ganador el astillero español Cardama, poco promisorio en aspectos como tradición y envergadura, pero barato en términos comparativos además de auspiciado por el gobierno de España, que incluso prometió su intervención si ése fuera fuera el escogido. Su elección fue aconsejada por los mandos de la Marina y por una comisión del Ministerio de Defensa nombrada al efecto. A pesar a que, como bien dice la sabiduria refranesca, lo barato no siempre es bueno. Tan modesta la empresa ganadora que para conseguir la fianza de fiel cumplimiento (más otra accesoria) tardó más de once meses, dilatando de esa forma el inicio del contrato. Una espera que generosamente el gobierno uruguayo concedió, pese a la necesidad de los buques. Probablemente considerando que rescidir hubiera alargado el proceso aun por más tiempo.

Como ahora se informó la tardía fianza tenía severos defectos formales, menor plazo de vigencia (un año renovable) y nunca, hasta donde sabemos, se verificó la solvencia de su titular para honrar su obligación. No obstante fue aprobada y con ello comenzó la ejecución del contrato y los pagos pactados. Pasado un año, cuando en el actual mes de Octubre luego de tres desembolsos la fianza ya vencida fue nuevamente presentada, se comprobó por el actual gobierno que la fiadora carecía de actividad, estaba en liquidación en inglaterra y su domicilio era falso.

Allí comenzó el aparatoso show actual. En inusual conferencia de prensa el Presidente de la República comunicó la decisión de rescindir el contrato e iniciar las acciones judiciales correspondientes ante presunción de estafa. Indignado por el fraude a los orientales olvidó informar con que sustento jurídico decidió la resolución del contrato. Un asunto espinoso si consideramos que el mismo está en ejecución (no hay noticias firmes de incumplimientos,) juega la buena fé contractual y la obligación de presentar la fianza fue con anterioridad largamente consentida y (según se sostiene) su probada actual ilegitimidad, no constituiría violación de una obligación principal sino accesoria, lo que solo autorizaría su rechazo y no su resolución contractual.

Menos válida parece todavía la afirmación oficial que la fianza nunca existió, cuando ella fue expresamente consentida por la anterior administración. Medir riesgos y asegurar objetivos es obligación del Estado.Por eso, más allá del debate jurídico, siempre imprevisible, cabe presentarse si la actual estrategia jurídica y fáctica del gobierno, apurada y emotiva, es la más adecuada para recuperar lo invertido y navegar por nuestros desolados mares