El reciente temporal que asoló Montevideo y otros departamentos del sur del país, una vez más dejó al descubierto la falta previsión y de políticas de prevención que desde hace años caracteriza al gobierno departamental capitalino.
El anunciado temporal liderado por fuertes vientos, dejó a su paso una estela de árboles caídos en diferentes puntos del departamento. Se difundieron datos preocupantes. Se produjeron 10 intervenciones por árboles que afectaron la vía pública y el tendido de cableado eléctrico. Ocurrieron 95 episodios con daños de variada entidad a fincas de la ciudad, a lo que se le suman 13 vehículos dañados.
Desde luego que estos eventos naturales siempre han ocurrido. Pero lo que no debería suceder es que entre los árboles de gran porte abatidos por los vientos, la mayoría presentaban una situación de debilidad, envejecimiento y grados de inclinación, que ameritaba haberlos cortado hace bastante tiempo. La intendencia tiene archivados un sinnúmero de denuncias de vecinos advirtiendo con mucha antelación la peligrosa situación que se registra en sus vecindarios.
Varios de los árboles caídos días atrás -que como era de esperar provocaron daños materiales considerables-, estaban denunciados hacía bastante tiempo, sin que la comuna diera rápida respuesta en tiempo y forma, como corresponde.
¿Qué razones hay detrás de estas conductas tan irresponsables? No lo sabemos.
Por fortuna en esta ocasión no hubo que lamentar fallecimientos ni lesiones graves de personas, a pesar de que un árbol cayó sobre un auto ocupado por tres personas en el Cerro -que debieron ser rescatadas- y otro sobre un camión con dos pasajeros en Paso Carrasco. Resulta redundante decir que las intendencias deberían llevar adelante un control permanente sobre el estado de los árboles del ornato público, a través de equipos especializados, que ejecuten un programa de inspecciones regulares por todas sus jurisdicciones.
La prevención en este caso resulta esencial para evitar daños mayores. Además se cuenta con un gran aliado que es el ojo atento del vecino, pues en última instancia, sabe que podría ser él la próxima víctima de un árbol enfermo derribado por los vientos.
Queda claro por la reiteración de estas desgraciadas situaciones deja al descubierto la ausencia de políticas activas y efectivas de control del estado del arbolado, y de prevención de caídas. Se trata de una obligación básica del gobierno departamental. No se entiende el porqué de su postergación. Debería ir de la mano de los programas anuales de poda que se ejecutan en toda la ciudad.
La intendencia, siempre presta y eficiente a cobrar tributos a sus contribuyentes, demuestra una postura totalmente distinta cuando se trata de garantizar los servicios propios de sus ineludibles competencias.
Puede incluso gastar millones de pesos, por ejemplo en comunicación televisiva propia -actividad ajena a sus responsabilidades-, pero no atiende como debe servicios esenciales como la limpieza de la ciudad, reparación del pavimento, prevención de desbordes de cañadas y arroyos cuando ocurren lluvias copiosas, y, desde luego, el mantenimiento de un arbolado público saludable.