Anunciada inseguridad

Parecería ser que nos desperezamos de la relativa siesta a la que el país ha decidido entregarse en materia de inseguridad desde hace ya por lo menos una década. No creo, empero, que por ello logremos enfrentar con éxito la gravedad del desafío.

Me resulta práctico citarme. Aquí, el 18 de junio de 2022, titulé mi columna “al borde de la guerra civil”. Entre otras cosas decía que en los años de la segunda administración Vázquez (2015-2020) se habían extendido en Montevideo prácticas de grupos armados que por medio de violencias y amenazas echaban a las gentes de sus casas, de forma de apropiarse de esas residencias como bases de operaciones delictivas; y que en Montevideo en 2018 se habían superado las 23.400 rapiñas, con más de la mitad del total concentradas en barrios populares. Si se tomaban los datos de los asesinados por zonas de la capital, su región oeste presentaba tasas de homicidios de tipo centroamericanas.

Cerré esa columna afirmando que había habido un error político del oficialismo de aquel entonces, es decir de los partidos de la Coalición Republicana, al no haber dicho claramente en 2020 que habían heredado un país al borde de la guerra civil. Casi dos años más tarde, en abril de 2024, en un reportaje en tanto coordinador de los equipos técnicos de la precandidata Laura Raffo, dije que Uruguay debía sincerarse en materia de seguridad. Comenté que en 2005 teníamos aproximadamente 8.500 rapiñas por año, que en 2019 se había llegado a 31.000 y que en 2023 habíamos bajado a 22.000 por año. Pero, agregaba, “estamos mal todavía y hay de verdad un tema de emergencia en seguridad que tenemos que seguir tratando”.

Por las dos opiniones fui criticado. En 2022, por exagerado, ya que plantear un escenario de guerra civil, así fuese limitado a algunas zonas del país, resultaba para muchos simplemente un disparate anti- frenteamplista. En 2024 también resultó excesiva mi opinión (sobre todo para algunos oficialistas de ese entonces), ya que era demasiado hablar de emergencia luego de las mejoras verificadas entre 2020 y 2023. Empero, visto este setiembre en perspectiva de distintos datos sociales y criminales, es claro que ni en 2022 ni en 2024 estaba yo equivocado. Por cierto, no tengo por ello mérito particular: la guerra civil y la emergencia estaban a la vista de cualquiera que estudiara el tema sin ira ni parcialidad.

El aumento de asesinatos con el que finalizaremos este año con respecto a 2024 y el atentado contra la casa de la fiscal de Corte no son por tanto evoluciones o episodios aislados, imprevistos o extraños. La verdad es que la situación había mejorado con la administración Lacalle Pou. Pero la irresponsabilidad izquierdista por un lado (que incluyó ademanes kirchneristas de negar las cifras oficiales), y la pusilanimidad de los partidos tradicionales por el otro (que incluyó la pésima campaña blanca de 2024), terminaron en el escenario actual: ganó quien propuso la desprisionalización de las cárceles y el diálogo en seguridad.

No tenemos ni la inteligencia colectiva, ni la firmeza de liderazgos, ni la convicción social como para mejorar radicalmente en seguridad. La involución de Rosario en Argentina hasta 2023 es un ejemplo cercano: infelizmente, podemos llegar a estar incluso mucho peor que hoy.