Si bien por ahora no está en la agenda del gobierno hacer cambios en la ley que regula el aborto en Uruguay, desde la cartera reconocieron que algunos aspectos podrían modificarse.

Aumentó la cantidad de consultas y de procedimientos amparados por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Con mayoría de legisladores, 780 a favor y 72 en contra, el país logró el blindaje del aborto. Macron anunció que la ceremonia final de constitucionalización será el 8 de marzo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó en conferencia de prensa que la propuesta de la diputada oficialista "no está impulsada por el Poder Ejecutivo".

Tras la derogación del derecho federal a la interrupción del embarazo en 2022, el estado adoptó una ley que lo prohibía tras seis semanas, aunque no se aplicaba por estar en una disputa legal.

A 10 años de aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los especialistas han visto aspectos que se pueden ajustar para que la ley sea más eficiente.

El exsenador salió al cruce de las críticas que generó en el Partido Colorados su columa cuestionando la despenalización del aborto.

De ser votada, solo faltaría la firma del gobernador Ron DeSantis, que ha dicho ser favorable a la iniciativa.

"Es un retroceso para la libertad de las mujeres, en particular para las más frágiles, que no tendrán los recursos para ir a otro Estado para obtenerla", declaró a AFP este experto de 96 años.

SALUD DE LA MUJER MANUELLA SAMPAIO El 22 de octubre de 2012 fue promulgada la Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En ese momento Uruguay se convirtió en el único país de América del Sur en despenalizar la práctica y una excepción en América Latina junto con Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y partes de México. Desde entonces hubo un descenso en mortalidad materna, llegando ser el país con la tasa más baja en las Américas, sólo detrás de Canadá. “La mortalidad materna por aborto se ha mantenido muy baja dentro del marco de la ley y las cifras de abortos se han mantenido estables en los últimos años con una tendencia al descenso. Esto es un indicador sanitario muy importante, una evidencia que lo sostiene como una estrategia efectiva y segura para la vida de las mujeres”, afirmó Cecilia Stapff, coordinadora del Área Advocacy de la organización Iniciativas Sanitarias, que trabaja en la promoción y defensa de la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres, ubicada en el Hospital Pereira Rosell. Foto: cortesía Cecilia Stapff La ley, entre otros puntos, establece la despenalización del aborto inducido – siempre y cuando se realice hasta las 12 semanas de gestación o hasta las 14 semanas en casos de violación – realizado a través de los servicios legales del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). 1) Que la mujer, o la persona con capacidad de gestar, se presente ante la institución de salud y manifieste el deseo de no seguir con el embarazo. 2) Una consulta con un equipo interdisciplinario conformado por ginecólogo/a, psicólogo/a y un profesional del área social. En este segundo paso este equipo tiene la función de acompañar e informar sobre el procedimiento, características, riesgos y alternativas, de forma que la decisión sea tomada de manera consciente y responsable.