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Proponen aumentar a 14 semanas el tope legal para abortar: los ajustes que piden a una ley que cumple 10 años

A 10 años de aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), los especialistas han visto aspectos que se pueden ajustar para que la ley sea más eficiente.

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Aborto legal. Foto: Darwin Borrelli.
Carteles por el aborto legal
Foto: Darwin Borrelli/Archivo

Redacción El País
A 10 años de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), este viernes se dieron a conocer datos nacionales de abortos en Uruguay y los especialistas hicieron algunas precisiones de modificaciones que ven necesarias, entre ellas aumentar el tope legar para abortar, que hoy se ubica en las 12 semanas y 6 días de gestación.

En diálogo con El País, la doctora y profesora Verónica Fiol, integrante de la Clínica Ginecotocológica A de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) explicó que tras un análisis de los datos ha visto que "hay cosas que implicarían cambios legales y otras que solo requerirían modificaciones de la reglamentación".

Dentro de las modificaciones legales, está la propuesta se aumentar a 14 semanas el tope legal para poder abortar. "El plazo actualmente es de 12 semanas y seis días; hasta 14 semanas en caso de violación y sin límite si hay riesgo de vida. Sin embargo, vemos que hay diferentes causas que llevan a que este plazo sea corto, por ejemplo, el problema de acceso a un diagnóstico a tiempo, el caso del embarazo infantil que muchas veces se detecta tardíamente o los casos de diagnóstico prenatal, donde las pruebas en ocasiones se dan por fuera del plazo legal", detalló la especialista.

Otro cambio legal que ven pertinente que se evalúe es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para mujeres migrantes. Actualmente la ley incluye a mujeres que tengan un mínimo de un año como residentes legales en el país, a excepción de casos de violencia de género.

"Entendemos que requiere un cambio legal porque con el aumento de migración hay muchas mujeres jóvenes sanas que se embarazan antes de ese plazo de residencia y la falta de acceso a la ley vulnera los derechos que tienen como mujeres y como migrantes", expresó Fiol.

Por otra parte, fuera de los aspectos legales, los expertos han visto que algunos sistemas internos podrían optimizarse, como el trabajo de los equipos de salud sexual, principalmente en el interior del país.

"La ley contempla que se tiene que valorar a la paciente de forma conjunta. Muchas veces genera dificultades, sobre todo en localidades rurales donde es difícil contar con tres profesionales de forma simultánea. Se podría implementar la teleconsulta para que parte del equipo acompañe la valoración a distancia", detalló Fiol.

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