Uruguay superó el proceso de evaluación del Foro Global de Transparencia Fiscal y la OCDE como país "mayormente cumplidor" en aspectos de intercambio de información tributaria. Aun así, hay puntos que el país deberá revisar a futuro, como una mayor flexibilización del secreto bancario.

De todas maneras, al superar la revisión no tendrá que hacerlo con urgencia, destacaron expertos tributarios consultados por El País.

El informe de 146 páginas del Foro Global (del que Uruguay es miembro junto a otros 125 países) fue revelado ayer y marcó, una vez más, las diferencias entre el gobierno y Argentina por el intercambio de datos tributarios.

La aprobación del informe sobre Uruguay fue "por unanimidad", dijo ayer a El País el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri. Es "una muy buena noticia" porque marca el "reconocimiento internacional a los esfuerzos para cumplir con los estándares en materia de transparencia tributaria", destacó.

Para llegar a este punto, el país debió recorrer un camino que empezó en abril de 2009, cuando por un par de días estuvo en una "lista negra" de jurisdicciones no cooperantes con el intercambio de información tributaria. Luego pasó a una "lista gris" de países comprometidos con el intercambio de datos pero que no lo habían implementado sustancialmente.

Así, Uruguay comenzó a firmar acuerdos de intercambio de información tributaria y en octubre de 2011 llegó la Fase I, donde los pares (otros países) revisaron la situación de Uruguay y no la aprobaron.

Para salvar la Fase I, el gobierno debió hacer históricos cambios legislativos, como la flexibilización del secreto bancario, la firma de acuerdos de intercambio con Argentina y Brasil y la creación de un registro de titulares de acciones al portador. En octubre de 2012, un informe complementario, dio por aprobada la Fase I.

La evaluación del Foro en la Fase II comenzó en abril del año pasado y llevó siete meses. El organismo auditó si las leyes y procedimientos que tiene el país realmente permiten intercambiar información tributaria con otros Estados.

El Foro evaluó a Uruguay en 10 ítems, de los que en cuatro el país "cumple" totalmente, en otros cuatro "cumple mayormente" y solamente en dos "cumple parcialmente".

Esos dos aspectos en los que Uruguay aparece como "parcialmente" cumplidor, tienen que ver con el secreto bancario. Uno de ellos, es que la ley que flexibilizó el secreto y permite acceder (por vía judicial) a información bancaria para enviar a otro país, no deja acceder a datos previos al 2 de enero de 2011 (que fue cuando entró en vigor). Allí el Foro recomendó que "Uruguay debe asegurar que puede accederse a toda información bancaria relevante para el intercambio" de datos.

El otro punto, es la "notificación previa" al contribuyente sobre el que se va a requerir el levantamiento del secreto bancario. En este caso, el Foro remarcó que la legislación uruguaya "no establece excepciones" a la notificación previa, lo que puede complicar el envío de datos. Eso puede darse, según el organismo, cuando la información requerida es "muy urgente" o la notificación puede "minar la chance de éxito en una investigación".

Ferreri dijo a El País que esos aspectos que requerirían una flexibilización adicional del secreto bancario "se irán viendo". El gobierno no tiene urgencia para realizar modificaciones porque "Uruguay ha recibido un espaldarazo" (del Foro), afirmó. El país se comprometió en el Foro a ir en forma gradual a un intercambio automático de datos tributarios desde 2017. Eso implica que no deben operar restricciones para acceder a información bancaria y poder enviarla "en línea".

Durante el período julio de 2010 y julio 2013, Uruguay recibió 17 pedidos de intercambio de datos tributarios de cuatro países. De ellos, uno fue retirado por el solicitante. De los restantes 16 pedidos, 14 correspondieron a Argentina. Uruguay contestó cuatro (dos a Argentina) y en los otros 12 señaló que la información requerida por Argentina era previa a la entrada en vigencia del acuerdo de intercambio, lo que fue discutido (ver aparte). Todos los pedidos de información correspondían a datos de accionistas al portador, datos contables y/o cuentas bancarias.

En siete casos se pidió información contable (cuatro de ellos que no se contestaron por el diferendo con Argentina), en un caso se solicitó información sobre compañías con acciones al portador y se respondió y en 10 casos se solicitó información bancaria. Sobre esta última, ocho de los requerimientos eran sobre compañías y dos sobre individuos. En cinco casos, el gobierno no proveyó la información bancaria (por la diferencia con Argentina), en otro el país solicitante desistió del pedido y los otros cuatro fueron contestados. En ellos y en el que el país solicitante desistió, se accedió al dato bancario con la sola voluntad del contribuyente, sin necesidad de recurrir a que la Justicia autorice levantar el secreto.

Para varios tributaristas, la situación es favorable para Uruguay. El profesor de Derecho Financiero y de Tributación Internacional en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo, Carlos Loaiza señaló que no ve "ningún tipo de problema serio con organismos internacionales" y en los aspectos que el Foro marcó como a mejorar, hay algunos que son poco problemáticos como el diferendo sobre la entrada en vigencia del acuerdo con Argentina.

A futuro, dijo que "el gran debate" será si se mantiene la notificación previa al contribuyente lo que pondrá en discusión "hasta dónde llegan los límites de la intimidad".

Para el profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica, Leonardo Costa habrá que ver "qué va a pasar con el secreto bancario" aunque "no le pone urgencia al gobierno" que puede tener "más margen" y ver "en qué términos lo resuelven otros países".

El gerente de Impuestos de Ferrere, Fabián Birnbaum dijo que eliminar la notificación previa cuando se piden datos bancarios "es un desafío" ya que "es parte integrante del debido proceso consagrado constitucionalmente".

Uno de los aspectos controvertidos del informe del Foro Global y la OCDE fue la discusión entre Uruguay y Argentina sobre el intercambio de datos. Según Argentina "la entrada en vigencia del acuerdo obliga a Uruguay a intercambiar información sobre aspectos tributarios criminales en todos los casos, si están relacionados a un período impositivo posterior o anterior a la entrada en vigencia del tratado", señaló el informe.

Uruguay respondió que "se había acordado por los negociadores de ambas partes que el acuerdo solo se aplicaría para información generada después de su entrada en vigencia", según la OCDE. Además, dijo que en el Parlamento el gobierno "explícitamente indicó que no aplicaría a información generada previamente a la entrada en vigencia".

De los 14 pedidos de información que hizo Argentina, ocho tenían que ver con "materia tributaria criminal" y Uruguay no dio ningún dato en esos ocho casos porque correspondían al período entre 2008 y 2012 cuando aún no estaba vigente el acuerdo.

En los otros seis pedidos, la información refería a "materia tributaria civil" (reliquidación de impuestos). Uruguay contestó dos y los otros cuatro los rechazó por entender que "la información había sido generada y sus efectos fueron agotados previo a la entrada en vigencia del acuerdo. La información requerida y no aportada por Uruguay, consistía en copias de contratos de servicios, detalles de esos servicios, detalles de pagos recibidos/cuentas bancarias, información de propietarios de esos proveedores de servicios, transacciones bancarias e información contable.

Según la OCDE "la interpretación de Uruguay, no está en línea con el estándar" y que "Uruguay debe asegurar que su interpretación no restrinja el intercambio de información previa a la entrada en vigencia del acuerdo".

El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri dijo que "Uruguay va a mantener su postura, es un tema bilateral y la interpretación va a seguir siendo esa" (que no dará datos previos a la vigencia). El diferendo "no impidió que Uruguay aprobara la Fase II", remarcó.

Sin perjuicio de que el informe presentado por OCDE contenga algunos elementos para modificar en la legislación doméstica, Uruguay supero la Fase II. Esto implica estar alineado con las directivas de la OCDE en materia tributaria que es la tendencia que están haciendo la mayoría de los países del mundo, incluyendo países como Suiza que era unos de los principales defensores del secreto bancario".

Es muy positivo, porque ratifica un camino que ha tomado Uruguay desde 2003 en materia de inserción internacional en materia tributaria y ayuda a generar un clima de inversión. Si bien hay aspectos más flojos, no hubo obstáculos para pasar la Fase II que te pone en la lista de países que están de acuerdo al estándar internacional. Además, de antemano no hay que modificar leyes, hay más tolerancia".

Lo importantes es que el Foro Global, la OCDE y los pares reconocen que todos los avances que Uruguay ha hecho, lo ubican como mayormente cumplidor y el país es bien visto desde el punto de vista tributario. Es un informe bastante limpio y con palmadas en la espalda. Incluso está mejor que el de Suiza, lo que muestra que rebelarse mucho para después bajar la cabeza, no es buena estrategia".

País “mayormente cumplidor” en intercambio de información según OCDEFABIÁN TISCORNIA