Una misión del FMI evaluó la economía uruguaya, ¿qué elogios, advertencias y sugerencias realizó al gobierno?

Redacción El País
Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Raphael Espinoza estuvo en Uruguay entre el 8 y el 19 de setiembre para evaluar in situ la realidad de la economía uruguaya. Esta revisión se denomina "por artículo 4°" y corresponde anualmente a cada país miembro del organismo (como es el caso de Uruguay), donde el staff mantiene reuniones con autoridades -entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone-, cámaras empresariales, sindicatos y la academia. En el caso de Uruguay, la misión del Fondo evaluó que la economía "se mantiene resiliente en medio de una mayor incertidumbre global" y que "los riesgos macroeconómicos están, en general, equilibrados", según el comunicado emitido ayer. ¿Qué aspectos elogió? ¿Qué advirtió y qué recomendó al gobierno de Yamandú Orsi?

Para los técnicos del FMI, "la economía uruguaya se mantiene resiliente en medio de una mayor incertidumbre global" y que esta "ha tenido un impacto macroeconómico directo limitado hasta la fecha".

"Esto se debe a las diversas alianzas comerciales de Uruguay y a su fuerte dependencia de las materias primas, cuyos precios se han mantenido estables en general", evaluaron.

"Uruguay mantiene un acceso favorable a los mercados financieros, respaldado por calificaciones crediticias de grado de inversión y diferenciales de riesgo soberano que se encuentran actualmente en mínimos históricos y son los más bajos de la región", añadieron.

El FMI recordó que "un nuevo gobierno asumió el poder en marzo" y remarcó que su agenda "busca equilibrar el crecimiento inclusivo con la estabilidad macroeconómica".

"La agenda (del gobierno) prioriza el crecimiento económico sostenible impulsado por la inversión privada y la mejora de la competitividad, a la vez que amplía la protección social y se compromete con la prudencia fiscal y una baja inflación", según el comunicado del organismo.

También analizó que "en julio se emitieron nuevas pautas gubernamentales para la ronda regular de negociaciones salariales, con una duración de dos años, con el objetivo de impulsar los salarios de los trabajadores de bajos ingresos y contribuir a la desindexación".

Los técnicos del FMI prevén "una moderación del crecimiento en 2025" en la economía uruguaya y proyectan "un crecimiento del 2,5% en 2025 (estimaban 2,8% en abril pasado) y del 2,4% (estimaban 2,6% en abril pasado) en 2026, impulsado por la recuperación de los salarios reales tras la pandemia y la reducción de la incertidumbre interna".

"Se proyecta que la inflación se consolide en torno a la meta del 4,5 %, lo que permitiría al Banco Central (BCU) contemplar una flexibilización gradual de la política monetaria si el contexto interno y las expectativas de inflación lo permiten", agregaron.

Para el FMI, "los riesgos macroeconómicos están, en general, equilibrados" para la economía uruguaya.

Por un lado, los riesgos a la baja provienen del entorno internacional, sujeto a las fluctuaciones de las políticas comerciales y los precios de las materias primas, la incertidumbre regional y las perturbaciones climáticas", aunque "los amplios colchones de liquidez, los vencimientos largos de la deuda, las condiciones favorables de endeudamiento y una creciente proporción de emisiones de deuda interna limitan los riesgos fiscales a corto plazo", analizó el organismo.

A su vez, "los riesgos sistémicos se mantienen contenidos, debido a la baja relación crédito/Producto Interno Bruto (PIB), la liquidez y la buena capitalización de los bancos, las amplias reservas de divisas y la limitada relación entre la deuda soberana y la banca", añadió.

Del otro lado, "los riesgos al alza incluyen las buenas cosechas agrícolas, los precios favorables de las materias primas, los nuevos acuerdos comerciales, las oportunidades de acceder a nuevos mercados y atraer inversiones, y unos efectos de las reformas estructurales más fuertes de lo previsto", afirmó el Fondo.

Foto: Archivo El País.

El organismo "prevé que el déficit fiscal aumente en 2025 debido a la inercia fiscal. Con las opciones de política fiscal limitadas por el calendario de la transición política y las rigideces del gasto, se proyecta que el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) aumente al 4,1% del PIB en 2025 (3,7% incluyendo el "efecto cuarentones"), 0,9 puntos porcentuales por encima del déficit de 2024".

"La nueva administración informó que este aumento se debe principalmente al aplazamiento de gastos a partir de 2024, a los pagos anticipados de impuestos y a los nuevos gastos comprometidos en los últimos años. Esta inercia hace que la postura fiscal sea ligeramente procíclica en 2025, en el contexto de una brecha del producto prácticamente cerrada", indicó el staff técnico del organismo que estuvo en Uruguay.

"El presupuesto quinquenal propuesto pretende reducir el déficit y estabilizar la deuda a mediano plazo, por debajo del nuevo nivel prudencial de deuda. Prevé un aumento permanente del gasto social y la inversión, que se financiará mediante un aumento gradual de los ingresos mediante la modernización y una administración tributaria más eficiente, la lucha contra el fraude fiscal, la implementación del Impuesto Mínimo Global y la racionalización de ciertos impuestos", evaluó el FMI.

"Estos esfuerzos contribuirían a mejorar el déficit primario (antes del pago de deuda) estructural del gobierno central-BPS de 1,5% del PIB en 2025 y 2026 a (un mínimo superávit de) 0,1% del PIB en 2029. Esto estabilizaría la deuda neta por debajo del ancla prudencial de deuda en torno al 63% del PIB, en comparación con el 58% del PIB en 2024", expresó.

Para el FMI "este ajuste conlleva riesgos derivados del entorno macroeconómico y fiscal internacional, retrasos en la implementación y presiones de gasto en el futuro".

La misión del organismo recomendó "mayores esfuerzos para que el ratio deuda/PIB siga una trayectoria descendente constante a mediano plazo. Esto se lograría elevando progresivamente el saldo primario del gobierno central-BPS hasta alrededor del 0,5% del PIB para 2029. Las opciones incluyen la reducción de las exoneraciones tributarias, la moderación de la masa salarial y la mejora de la eficiencia del gasto".

En cuanto a la nueva regla fiscal propuesta por el gobierno, el Fondo dijo que "ayudará a consolidar las recientes mejoras en la credibilidad y a promover la disciplina fiscal".

"Las mejoras, en consonancia con recomendaciones previas del FMI, incluyen objetivos vinculantes de la regla fiscal anclados en un ratio deuda neta/PIB prudencial, mecanismos correctivos para desvios, una mayor autonomía y un mandato ampliado para el Consejo Fiscal (que pasará de ser Asesor a Autónomo)", elogió el organismo.

"La adecuada puesta en marcha de esta reforma y el cumplimiento de los objetivos de la regla fiscal serán fundamentales para obtener los beneficios reputacionales esperados", agregó.

El FMI también se refirió al Diálogo Social del gobierno, para el que se prevén propuestas para abril de 2026: "será fundamental que cualquier propuesta de reforma sea coherente con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del gasto social".

El staff técnico del FMI dijo que "el nombramiento del primer presidente del BCU sin afiliación política", en referencia a Guillermo Tolosa, "marca un avance en la independencia de facto del Banco Central".

Foto: Banco Central del Uruguay.

"Un elemento clave de la estrategia de desinflación ha sido el compromiso de alcanzar la meta de inflación del 4,5%, respaldada por una política monetaria contractiva, una mejor comunicación del BCU y el apoyo del presupuesto y las pautas del gobierno para la negociación colectiva", añadió.

Según el Fondo "con menores expectativas de inflación, la tasa de interés real se sitúa por encima de la tasa neutral real. Esto, sumado a la apreciación del peso, ha contribuido a una menor inflación. Las recientes bajas de la tasa se justifican por la disminución de la inflación y de las expectativas de inflación. El énfasis en las comunicaciones públicas en que la meta de inflación es del 4,5% con un rango de tolerancia debería seguir ayudando a anclar las expectativas".

Para la misión del organismo que estuvo en Uruguay, "el BCU ha mejorado significativamente su marco de política monetaria y su comunicación, pero medidas adicionales podrían fortalecer aún más su credibilidad".

El dólar "debería seguir actuando como amortiguador, y las intervenciones cambiarias solo se utilizarían para responder a condiciones de mercado desordenadas", sugirió y destacó la propuesta del Central para desdolarizar la economía.

El staff también recomendó al gobierno que "para alinear de jure la independencia del BCU con la de otros bancos centrales de la región y fortalecer aún más la credibilidad, el nombramiento de los miembros del directorio debería seguir las mejores prácticas internacionales, incluyendo nombramientos por períodos fijos que no se superpongan con el ciclo electoral".

Para el FMI el "los bancos uruguayos mantienen ratios de capital que casi duplican el requisito regulatorio mínimo, con una sólida rentabilidad y una baja cartera morosa, respaldada por adecuadas provisiones para pérdidas crediticias".

"Si bien la dolarización aumenta los riesgos cambiarios de crédito y liquidez, estos se ven mitigados por el bajo endeudamiento de los hogares, la deuda corporativa moderada y mayormente cubierta, y las amplias reservas de divisas", explicó.

De todas maneras, advirtió que "la intermediación financiera se mantiene baja, con el crédito privado representando el 31% del PIB, aunque ha aumentado un 10% del PIB desde 2010".

"Los riesgos para la estabilidad financiera relacionados con la vivienda son bajos debido a un mercado inmobiliario residencial relativamente pequeño y a la estabilidad de los precios", señaló.

El Fondo recordó que "las autoridades mantienen su compromiso de fortalecer el marco regulatorio y de supervisión" y que "la regulación de los proveedores de servicios de activos digitales ha mejorado y se ha ampliado el perímetro regulatorio".

"La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) debe continuar implementando su hoja de ruta para fortalecer el marco de supervisión basado en riesgos. Las iniciativas planificadas buscan mejorar la gestión de datos y la presentación de informes dentro del sistema de supervisión financiera", aconsejó.

"Se debe aprovechar el Comité de Política Macroprudencial, recientemente creado, para fortalecer el marco macroprudencial. La nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y otras iniciativas regulatorias en curso mejorarán la eficacia del marco de Uruguay en la lucha contra el lavado y mejorarán su alineamiento con los estándares del GAFI", analizaron los técnicos del FMI.

Para el organismo, "un mayor acceso al crédito y la desdolarización impulsarían el crecimiento y contribuirían a la estabilidad macroeconómica".

"El acceso limitado al crédito en moneda local y el desarrollo moderado de los mercados de capitales obstaculizan la contribución del sector financiero al crecimiento y limitan la eficacia de la política monetaria. Mejorar el acceso al crédito de las empresas solventes, en particular para los segmentos desatendidos como las Pymes, manteniendo al mismo tiempo estándares de crédito prudentes, junto con las reformas regulatorias para facilitar la igualdad de condiciones podrían contribuir al desarrollo financiero", analizó.

La misión del FMI que estuvo en el país, evaluó que "tras un período de lento crecimiento, las reformas estructurales son clave para impulsar el potencial económico de Uruguay" y que "estas reformas ambiciosas podrían dar sus frutos, ya que Uruguay presenta brechas con respecto a las economías avanzadas en términos de infraestructura, facilitación del comercio, barreras de entrada y cuellos de botella regulatorios, concentración del mercado, capital humano y acceso al crédito".

"Las nuevas autoridades ya han anunciado medidas para reducir la burocracia, abrir nuevos mercados de exportación y modernizar las instituciones y los incentivos fiscales para la inversión, la promoción de las exportaciones y la innovación. También están asignando más recursos para aumentar el capital humano, atraer talento extranjero y combatir la inseguridad", recordaron los técnicos del Fondo.

"Para los próximos años, se recomienda intensificar la agenda de reformas, por ejemplo, simplificando aún más los procesos de creación de empresas, licencias e impuestos, mejorando la política de competencia, mejorando la calidad de la educación y reduciendo la deserción escolar", expresó el comunicado del FMI.

"El gobierno está reformando los marcos de incentivos de las empresas estatales para alinear mejor los salarios con la productividad. Además, para aprovechar al máximo el potencial de las empresas estatales, es fundamental una asignación eficiente de recursos y tarifas que reflejen los costos", añadió.

"El gobierno ha desarrollado una nueva agenda para desarrollar mecanismos financieros que permitan una mejor adaptación al cambio climático, un tema recurrente en el país", según el FMI.

Por otro lado, los técnicos del organismo destacaron que "Uruguay está ganando reconocimiento regional en innovación e Inteligencia Artificial (IA)" y aconsejaron "para maximizar los beneficios potenciales de la IA" poder "cerrar las brechas digitales y promover una integración equitativa y ética de la innovación impulsada por la IA en la educación y la industria".

"Además, aprovechando los recientes éxitos en la adopción de tecnología, se podrían diseñar programas de apoyo para los trabajadores en riesgo de sufrir disrupciones derivadas de la IA", recomendaron.

En cuanto al mercado laboral, la misión del FMI dijo que "enfrenta desafíos sustanciales, como la flexibilidad limitada, el alto desempleo juvenil y el envejecimiento de la población".

"Las instituciones del mercado laboral han contribuido a la estabilidad y a una desigualdad relativamente baja, y han permitido mecanismos coordinados para sortear las crisis. Sin embargo, las empresas perciben las prácticas de contratación y fijación de salarios como restrictivas", marcó la misión del Fondo.

"La introducción de medidas que ayuden a considerar la heterogeneidad empresarial en estas prácticas fortalecería la competitividad, contribuiría a una asignación laboral más eficiente y potencialmente dinamizaría las oportunidades de empleo", recomendó.

"Las recientes pautas para la negociación salarial propuestas por el gobierno se alinean con los objetivos de inflación y contribuyen a la desindexación, a la vez que apoyan los salarios de bajos ingresos", reconoció el organismo.

"Dadas las altas tasas de desempleo en las poblaciones vulnerables, se recomienda monitorear los posibles efectos de la nueva ronda de acuerdos en el empleo de los jóvenes y los trabajadores poco calificados", añadió.

"El envejecimiento de la población plantea riesgos para el crecimiento y la sostenibilidad, lo que pone de relieve la importancia de las políticas que fomentan la participación laboral y facilitan la integración de los migrantes", concluyó el staff del FMI.