Redacción El País
El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, puso fin este miércoles a la emergencia hídrica. Tras las recientes precipitaciones abundantes, con un decreto dejó sin efecto otro del 19 de junio, que declaró la emergencia hídrica en la zona metropolitana del país porque los cursos de agua utilizados para abastecer a la población se habían visto severamente afectados por la sequía.

Y por este motivo caen tanto una ley aprobada por el Parlamento el 21 de junio para quitar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al agua embotellada así como otro decreto, del 20 de junio, para eliminar el Imesi. Esto permitió que por ejemplo un bidón de 6,25 litros que se comercializaba en supermercados por $ 130 antes de la declaración de la emergencia, con la rebaja impositiva quedó en torno a los $ 90.

La ley para exonerar de IVA indicaba que la norma iría “hasta la fecha de finalización de la declaración de emergencia hídrica”, igual que la aclaración introducida en el decreto para fijar en 0% el Imesi.

Lacalle Pou fue consultado sobre el asunto este miércoles en rueda de prensa y dijo que “hoy podemos, con cierta tranquilidad, ver la calidad del agua, que es muy buena”, y debido a las precipitaciones “los días que tenemos por delante” está garantizada.

Y si bien dijo que los números finos los divulgará el Ministerio de Economía y Finanzas, señaló que el Estado puso “cerca de US$ 70 millones” entre la distribución dinero para garantizar dos litros de agua por día a unas 500.000 personas, la obra de trasvase del río San José al Santa Lucía y la renuncia fiscal por la venta de agua embotellada.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo en rueda de prensa que desde su cartera “se garantizó la compra de más de 66 millones litros de agua en diferentes poblaciones que presentaban algún tipo de vulnerabilidad”, como los usuarios del Plan Equidad y de la Tarjeta Uruguay Social, así como jubilados y pensionistas con ingresos bajos.

Explicó que “la última transferencia se hizo el 11 de agosto para garantizar los dos litros de agua diarios”, con un monto que debería durar hasta el 11 de setiembre. Esta asistencia, dijo Lema, “no se va a renovar”. En total se gastaron unos US$ 25 millones.

En tanto, desde el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) señalaron que la medida adoptada en junio por el gobierno benefició no solo a la población en general sino a los comerciantes, y que a partir de los próximos días ya volverán a verse los antiguos precios en las heladeras y góndolas.

Daniel Fernández, presidente de la organización, dijo a El País que “la venta explotó” con la rebaja impositiva “y pasó a venderse dos o tres veces más de lo que se vendía”. Relató que al inicio de la emergencia hídrica las ventas aumentaron 300% y que ya en los últimos días, con la mejora del agua que se distribuye por cañerías, el aumento era de 20% en comparación a la etapa previa a la crisis.

En este sentido, dijo que la medida “ayudó al comercio pequeño porque la gente no solo llevaba el agua, siempre llevaba algo más”.

Pero además resaltó otras medidas que beneficiaron, como el permiso de la Intendencia de Montevideo para que se pueda comercializar agua proveniente del interior del país sin hacer el proceso administrativo de registro. También destacó que se “levantaron las restricciones” para el agua importada desde otros países.

“Fue positivo por los dos lados, benefició al ciudadano que podía consumir el producto a un precio más accesible e indudablemente el comerciante se vio beneficiado porque la gente requería de ese producto y compraba algo más y algo más”, concluyó.