PROPUESTA

En una reunión que fue calificada como “muy buena” por parte de la presidenta de laCaja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), Virginia Romero, el directorio de dicho organismo planteó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) las medidas de urgencia con las que buscarán sanear parcialmente la crisis financiera que atraviesa la caja.

De la reunión participó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, el subsecretario de dicha cartera Mario Arizti y el director nacional de Seguridad Social, Daniel García Zeballos.

En diálogo con El País, Romero manifestó que “el ministro quedó muy conforme” con el paquete de medidas y estudios actuariales presentados por la Cjppu porque estaban “perfectamente cuantificadas en el tiempo y porque fue un análisis muy serio” que hicieron los servicios de la caja.

“Sabemos que no todas las medidas serán de recibo por parte del Poder Ejecutivo porque serán objeto de una devolución (por parte de las autoridades) pero el ministro nos dijo que rápidamente lo iba a trasladar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y nos iban a dar una devolución porque luego del acuerdo del Poder Ejecutivo esto hay que llevarlo al Parlamento”, dijo Romero.

Del paquete de medidas presentadas por la Caja, cuatro precisan tratamiento parlamentario para ser aprobadas. Entre ellas, el aumento de la tasa de aportación que pasaría del 16,5% al 18%. De eso, un punto porcentual sería de forma permanente y 0,5 puntos porcentuales transitorios hasta que comience a dar resultados la reforma estructural del organismo y mejore su rentabilidad. Esto estará “sujeto a algún parámetro que se pueda fijar”, indicó Romero.

Por otra parte, la Cjppu planteó la contribución pecuniaria de los afiliados pasivos del organismo. Esta no será una tasa plana sino que será una tasa progresiva que en promedio es del 6,5% hasta un 7% aproximadamente. Dicha tasa se calcula de acuerdo al monto de la pasividad de cada afiliado, empieza desde el 0% hasta un 7%, aunque hay excepciones que superaría ese máximo en el caso de los pasivos que tienen más monto de pasividad.

“No podemos decir que esto será ni permanente ni transitorio porque la proyección que nosotros hacemos en esto es hasta 2026, que es la expectativa que tenemos de cuando empezaría a tener efecto la reforma estructural”, dijo la presidenta.

“Todas las medidas podrán caducar, todo depende de cuál sea la reforma y cuál sea el efecto de la misma. Si tenemos una reforma que precisa tener fondos quizás esto continúe, y sino quizás vuelva a los niveles anteriores. No podemos saberlo porque una cosa está ligada con la otra, las medidas transitorias se necesitan porque la Caja precisa seguir con sobre vida hasta ver los efectos de la reforma de largo plazo”, explicó Romero.

Adicionalmente, la Cjppu planteó al MTSS modificaciones en el artículo 71 que refiere a los timbres profesionales. En este caso se propuso el aumento en tres incisos de los timbres profesionales.

Otra medida planteada, agregada a último momento, fue la propuesta de la devolución del IASS a la Caja. Es decir, que el dinero que actualmente pagan los pasivos de la Cjppu y que se destinan al Banco de Previsión Social (BPS) pasen al organismo paraestatal.

“El Poder Ejecutivo siempre ha sido contrario (a esta medida) porque son recursos del BPS, pero sería una buena fuente de ingresos para nosotros aunque somos conscientes de que es una medida que tiene escasa posibilidad de ser aprobada y (las autoridades del MTSS) ya nos dieron a entender que todas las cajas paraestatales lo pueden reclamar y nadie está en situación superavitaria”, reflexionó Romero.

Según manifestó la presidenta, no todos los directores estuvieron de acuerdo en la totalidad de las medidas pero señaló que sí hubo consenso en ponerlas a consideración del Ejecutivo. “Nos parecía que teníamos que incluir todo lo que nos parece que son fuentes de financiamiento posibles, algunas medidas son polémicas pero bueno”, añadió.

Entre las propuestas más polémicas está la ratificación de la declaración de no ejercicio libre por parte de los profesionales. Esto es, las autoridades de la Cjppu propusieron el cobro anual de aproximadamente $ 4.000 por año a aquellos profesionales que declaren el no ejercicio libre de su profesión. Hasta el momento alcanzaba con que los graduados declararan por única vez que no ejercían su profesión de forma libre, ahora deberán hacerlo cada dos años.

“Sería cobrarles una tasa anual de unos $ 4.000, el aporte de la primera categoría de la Caja, a los que no ejercen y obligarlos cada dos años a ratificar la declaración de no ejercicio. No es una medida que estemos todos de acuerdo pero eso es lo que fue presentado” indicó Romero.

Por otra parte, el directorio ya tomó otras dos resoluciones que refiere a la derogación de las excepciones de los beneficios de salud y la no renovación a partir de diciembre de 2022 de los complementos por encima del mínimo de las pasividades del 2,5% y 3%.

“Las medidas no generan gran impacto, no es más del 10% del déficit que tenemos que cubrir pero es importante que la caja haga todo lo que tiene que hacer”, enfatizó Romero.

En lo que refiere a la posibilidad de un préstamo estatal, la jerarca afirmó que no plantearon esa medida a las autoridades del MTSS porque entienden que si se aprueba el paquete de soluciones propuesto el flujo de fondos sería positivo y no se precisaría esa asistencia. “Si nos dicen que no a alguna medida puede ser que se proponga (el préstamo) pero aún no lo sabemos, vamos a tener un ida y vuelta a partir de ahora”, dijo la presidenta.

Perseguirán a los profesionales en infracción

La Caja Profesional prevé intensificar los controles

Si bien la crisis de la institución se soluciona “principalmente” con decisiones de gestión y reformas de corto y largo plazo, en el directorio de la Cjppu también consideran que “hay que intensificar los controles” para detectar a los profesionales que están cometiendo una infracción, había señalado la semana pasada, la presidenta de la Caja, Virginia Romero a El País.

En este sentido, la presidenta de la Cjppu afirmó que desde el directorio “estamos apuntando a aumentar los controles” a partir del cruzamiento de datos informáticos con otros organismos del Estado con los que la institución tiene convenios como con el Banco de Previsión Social (BPS), el Poder Judicial, la Aduana, intendencias y algunos ministerios.

“El intercambio de información que se hace a nivel informático es muy importante, ahí se detecta enseguida quién puede estar ejerciendo en forma libre la profesión y no está aportando”, manifestó Romero quien además dijo que antes de formar parte del organismo “tenía la percepción equivocada de que la caja no fiscalizaba”.

La presidenta del organismo dijo que están tratando de darle a la caja “todas las herramientas jurídicas” necesarias “para perseguir a quienes no están aportando o a quienes están en infracción” y exhortó a quienes no estén a aprovechar el régimen de facilidades vigente hasta el 31 de marzo.

La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) presentó al Poder Ejecutivo un documento de recomendaciones de reforma jubilatoria que incluye a la Caja Profesional. En la evaluación que hizo, el CESS indicó que en la Cjppu “la situación deficitaria es más severa e inmediata. La comisión considera que el diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo” y también planteó que “la asistencia financiera estatal o la imposición de alguna otra carga sobre el resto de la sociedad no serían medidas de recibo”.