CAJA PROFESIONAL

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"Perseguir a quienes no están aportando” es uno de los cometidos que se trazó el novel directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), como una de las medidas con las que buscarán restablecer la crítica situación que enfrenta el organismo.

Según afirmó a El País la presidenta de la caja, Virginia Romero, si bien la crisis de la institución se soluciona “principalmente” con decisiones de gestión y reformas de corto y largo plazo, también consideran que “hay que intensificar los controles” para detectar a los profesionales que están cometiendo una infracción.

En este sentido, la presidenta de la Cjppu afirmó que desde el directorio “estamos apuntando a aumentar los controles” a partir del cruzamiento de datos informáticos con otros organismos del Estado con los que la institución tiene convenios como con el Banco de Previsión Social (BPS), el Poder Judicial, la Dirección Nacional de Aduanas, Intendencias y algunos Ministerios.

“El intercambio de información que se hace a nivel informático es muy importante, ahí se detecta enseguida quién puede estar ejerciendo en forma libre la profesión y no está aportando”, manifestó Romero quien además dijo que antes de formar parte del organismo “tenía la percepción equivocada de que la caja no fiscalizaba”.

De acuerdo con el vicepresidente de la Cjppu, Daniel Alza, con el cruce de información se controla a aproximadamente el 97% de los profesionales, “es una cobertura muy amplia, casi universal”, indicó.

Tanto Romero como Alza señalaron que actualmente el nivel de evasión “es bajo”.

Sin embargo, el director en representación de los pasivos, Odel Abisab -quien además manifestó a El País que no acompañó las medidas de corto plazo que votó la mayoría del directorio por considerarlas “injustas” y potencialmente “peligrosas” para el futuro de la caja- rechazó esa afirmación y estimó que actualmente hay “más de 80.000 profesionales en situación irregular y de presunta evasión”.

La presidenta del organismo dijo que están tratando de darle a la caja “todas las herramientas jurídicas” necesarias “para perseguir a quienes no están aportando o a quienes están en infracción”.

En este sentido, exhortó a que los profesionales que estén actualmente en situación irregular con la caja, utilicen el régimen de facilidades de pago dado que estará vigente solo hasta el próximo 31 de marzo.

“Eso es lo que estamos recomendándole a la gente porque los cruzamientos (de datos) se producen y eso (por las irregularidades) se detecta cada día más”, señaló Romero.

El régimen de facilidades de pago -definido en la ley 19.917- estableció que los afiliados que tengan deudas con la Caja Profesional pueden financiarlas con aportes hasta en 120 cuotas mensuales y que “tendrán una fórmula de actualización de sus deudas más conveniente que la establecida en el Código Tributario”, según explica la caja en su sitio web.

Los profesionales que pueden ampararse a ese régimen son los afiliados que mantengan deudas por aportes generados hasta el 31 de marzo de 2021 y tendrán plazo para ampararse hasta el 31 de marzode este año. Las deudas comprendidas son las relacionadas a los aportes, reintegros, multas y gastos de administración, mientras que se excluyen las deudas por el “fondo de solidaridad o su adicional”, explicó el organismo.

En relación a la forma de financiación, el régimen establece que las obligaciones se actualizarán por la variación del índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) y se incrementarán con una tasa de interés del 4% efectiva anual. A su vez, las cuotas del convenio serán reajustadas de forma semestral en enero y julio de acuerdo con dicho indicador salarial.

“Recomendamos que los profesionales que estén cometiendo alguna infracción, como por ejemplo el que dice que no está ejerciendo y lo está haciendo, regularice su situación y que no se autogestione ese problema”, sugirió el secretario de la Caja Profesional, Blauco Rodríguez.

Esto evitaría, a su entender, que los profesionales generen deudas que son “de montos muy importantes” y que el directorio de la caja “no tiene la potestad” de eliminar, indicó.

“Con el cruzamiento de datos se detectan esos infractores y luego recibimos solicitudes en el directorio para tratar de que se les saquen los intereses pero es importante que los profesionales sepan que no tenemos la potestad de hacerlo y que sí o sí tendrán que asumir esa deuda. Esto lo decimos como un par, como un profesional más, porque estamos hablando de deudas de millones de pesos. Creo que hay falta de información”, reflexionó el secretario.

Desde la caja informaron que todas las gestiones pueden realizarse vía correo electrónico a [email protected].

Sumado al cruzamiento de datos, la Caja Profesional continuará fiscalizando a través de redes sociales. “Lo pensamos seguir haciendo, es parte del control”, indicó Alza.

Sobre este mecanismo, Rodríguez explicó que cuando la caja detecta una posible irregularidad a través de redes sociales “se abre un debido proceso a partir del cual el afiliado puede venir y traer sus pruebas” y afirmó que “el nivel de fiscalización es tan fino que ante la sospecha se le solicita (al profesional) que traiga la prueba contraria”.

“Le pedimos al afiliado que explique cómo es la situación y que regularice (en caso de que deba hacerlo), es una presunción”, complementó Alza.