PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
El tercer llamado “por su tamaño” apunta allí, dijo vice de CND.
Para el gobierno, se está gestando "un cambio cultural importante" respecto al financiamiento de las obras públicas, con la concreción de "una nueva herramienta" como son las inversiones bajo el paraguas de la ley de Participación Público-Privada (PPP).
"Es un paso que complementa el presupuesto habitual de los organismos, con el que cubren las necesidades más relevantes, porque estos proyectos por PPP necesariamente llevan un tiempo más", dijo ayer el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
En la presentación pública del tercer llamado de obras educativas bajo esta modalidad —se construirán 27 centros CAIF y 15 escuelas—, varios jerarcas se refirieron a los avances de las obras por PPP. El único proyecto inaugurado por esta modalidad es la cárcel de Punta de Rieles, al tiempo que avanzan a distinto ritmo siete PPP viales —una está en construcción, tres con adjudicación provisional y tres en procesos licitatorios (incluida la única que surgió por iniciativa de un privado)— a las que se suman las destinadas a infraestructura educativa que son cuatro.
En total, para ANEP e INAU se construirán cerca de 300 centros, distribuidos en todo el país entre centros CAIF, jardines, escuelas, liceos, polos tecnológicos y polideportivos, con una inversión de US$ 297 millones.
El tercer llamado tiene una inversión asociada de US$ 41 millones (el menor monto de todos los presentados), por lo que "puede resultar atractivo para empresas locales", que frente a cifras superiores deben presentarse en consorcio con otras firmas, señaló el vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) —organismo que operó como asesor y estructurador de la PPP—, Germán Benitez.
La primera PPP educativa por US$ 48 millones fue adjudicada a un consorcio integrado por las firmas Basiney, Nelit y Conami; mientras que la segunda por US$ 79 millones está en evaluación de ofertas y será "adjudicado en los próximos 90 días" dijo Benitez, aunque El País adelantó que las elegidas serán las constructoras Berkes, Saceem y Stiler.
Bajo esta modalidad, el privado se encarga del diseño, financiación y construcción de los centros así como del mantenimiento posterior, y el Estado le comienza a pagar cuando la infraestructura esté disponible.
Para que continúen avanzando los proyectos por PPP, Benitez expresó que "es muy importante que se cuente con proyectos de calidad y que las empresas vayan tomando en consideración esta herramienta, que es distinta a las demás (formas de obra pública) pero es un adicional que nos permite cumplir con los objetivos en materia de infraestructura".