La mirada atenta desde Uruguay: diferencias que impiden el acuerdo entre Argentina y el FMI

SITUACIÓN

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El gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan sin alcanzar un acuerdo. Las diferencias en torno a cuál debería ser la velocidad del ajuste fiscal y de la corrección cambiaria, entre otras cuestiones, vienen trabando las negociaciones en las que Argentina busca postergar los abultados vencimientos de deuda de los próximos dos años. El problema para el gobierno de Alberto Fernández es que el tiempo le juega en contra: ya en marzo hay un vencimiento de capital por US$ 2.873 millones que sería imposible de afrontar. En total, Argentina le debe al FMI US$ 44.000 millones.

“La principal dificultad para acordar es que el gobierno argentino no tiene una voz única para negociar, no hay una postura alineada a la del ministro (de Economía, Martín) Guzmán. Dentro del gobierno hay sectores, como el liderado por la vicepresidenta y el ala más radicalizada, que tienen importantes diferencias ideológicas con respecto a acordar con el FMI. Esas diferencias internas generan desconfianza y traban las negociaciones”, dijo a El País el economista Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios de la Productividad- Proyecto ARKLEMS+LAND.

Presionado por esa correlación de fuerzas al interior de la coalición de gobierno, el ministro Guzmán viene planteando una reducción gradual del déficit fiscal. La meta para el año próximo es que el rojo de las cuentas públicas disminuya al 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El recorte parece menor frente a un déficit que este año cerrará en torno al 3,5%. Sin embargo, el resultado fiscal de 2021 está influido por factores que no estarán presentes con la misma fuerza el año próximo. Por un lado, los mayores ingresos por retenciones a partir de la mejora de los precios internacionales aportaron en 2021 el equivalente al 0,4% del PIB. A eso se sumó la recaudación generada por el impuesto extraordinario a la riqueza, un tributo que, en principio, no se aplicaría el año próximo.

Sin esos factores, el déficit hubiera superado este año el equivalente al 4% del PIB. Ese sería, entonces, el punto de arranque desde donde llegar a la meta del 3,3% pautada para 2022. Para alcanzar ese objetivo, el principal recorte pasará por la reducción de los subsidios económicos, aquellas partidas con las que se mantuvo en los últimos dos años casi sin variaciones las facturas de electricidad, luz y agua pese a que en ese período se acumuló una inflación cercana al 90%.

Con el objetivo de reducir el monto de los subsidios, Guzmán prevé aumentar las tarifas de los servicios públicos un 3,5% por encima de una inflación que estima en 33% para el año próximo. No obstante, todo indica que esa proyección se quedará corta: de acuerdo al último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) -un promedio de las estimaciones de consultoras y analistas recopiladas por el Banco Central-, la inflación de 2022 será del 52,1%.

Si el gobierno cumple con su objetivo de incrementar las tarifas por encima de la inflación, el ajuste para los sectores de ingresos medios y altos, a los que se le aplicaría el aumento, sería elevado. Pero podría ser aún más alto si finalmente el FMI termina torciendo el brazo del gobierno. El organismo pretende que el ajuste fiscal sea más rápido y que el déficit baje el año próximo al 2,5% del PIB. Para eso, propone un aumento de las tarifas de los servicios públicos del 20% por arriba de la inflación.

“Un aumento real del 20% como el que propone el Fondo equivaldría a un incremento del 70% nominal. Sería un tarifazo, más aún si se tiene en cuenta que ése solo será el aumento promedio debido a que el gobierno planea segmentar los ajustes de acuerdo a la capacidad económica. Eso implicaría un incremento aún mayor para la clase media, el sector social que no votó al gobierno”, dijo Coremberg.

Otro de los puntos sensibles de la negociación pasa por la cuestión cambiaria. Una de las principales exigencias del FMI apunta a reducir la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, que hoy supera el 90%.

En esa línea, el Banco Central ha emprendido un leve giro y en los últimos días comenzó a acelerar la suba del dólar oficial. Mientras hasta fines de noviembre la corrección mensual del tipo de cambio promedió el 1% mensual frente a una inflación superior al 3%, a partir de diciembre el ritmo de devaluación pasó a casi el 2%.

“En las últimas semanas el gobierno aceleró la suba del tipo de cambio, pero todavía sigue creciendo por debajo de la inflación. Además, falta que se recupere lo que se perdió este año. En 2021, la inflación rondó el 50% y la devaluación fue del 25%. La pregunta es cómo se recuperarán esos 25 puntos de diferencia. Ese es otro de los puntos de discusión”, dijo a El País el economista Miguel Kiguel, director de la consultora EconViews.

Otro de los planteos que el Fondo hizo explícito en un comunicado sobre las negociaciones con Argentina difundido el 10 de diciembre es el establecimiento de un programa que permita acumular reservas. En la práctica, eso implicaría una menor intervención del Banco Central en el mercado cambiario ante reservas que están en un nivel crítico. Las netas, aquellas disponibles para intervenir en el mercado cambiario y pagar deuda, rondan los US$ 2.500 millones, apenas un tercio del stock registrado a fines de agosto pasado.

En la noche del 14 de noviembre, apenas concluidas las elecciones parlamentarias en las que el gobierno sufrió una dura derrota, el presidente Fernández anunció que iba a enviar al Congreso en la primera semana de diciembre un plan con metas plurianuales que incluiría “los entendimientos” alcanzados entre el ministro Guzmán y el staff del FMI. Sin embargo, cercado entre las exigencias cruzadas de un sector de la coalición del gobierno y los negociadores del Fondo, la presentación de ese plan se postergó. A contrarreloj, el gobierno aspira ahora a convocar a sesiones extraordinarias para aprobar en enero o febrero el plan plurianual.

“En el verano, cuando haya rumores de que se cierra el acuerdo, el mercado mejorará, y cuando haya versiones de que el acuerdo se traba, empeorará. Será un verano difícil en ese sentido. La incertidumbre seguirá porque la negociación es compleja, pero creo que, al final, se va a llegar a un acuerdo porque las dos partes lo quieren”, dijo Kiguel.