Los riesgos que abre el dólar en Argentina luego de tres semanas de eliminación del cepo cambiario

Gustavo Stok/ Buenos Aires
Transcurridas tres semanas desde la flexibilización del cepo cambiario, el balance para el gobierno de Javier Milei es dual. Si bien el levantamiento de buena parte de las restricciones de acceso al mercado de cambios no provocó el temido salto abrupto del dólar, tampoco han dado resultado hasta ahora los esfuerzos del gobierno dirigidos a derrumbar el tipo de cambio hacia niveles en torno a los 1.000 pesos argentinos.

Lejos de esas expectativas, el alza cercana al 9% del precio del dólar oficial desde la parcial liberación de los controles, sumado a la mayor volatilidad generada por el nuevo esquema cambiario, amenazan complicar los planes de la Casa Rosada para retomar cuando antes el sendero descendente que venía registrando la inflación hasta enero pasado.

“Hasta ahora, el nuevo esquema viene funcionando relativamente bien, pero los riesgos hacia adelante son altos. Con el ruido previo al cambio de régimen y las altas expectativas de devaluación, hasta mediados de abril los importadores habían adelantado operaciones, mientras que los exportadores retrasaron sus liquidaciones. Eso ahora se está normalizando, lo que provoca en el corto plazo mucha oferta y poca demanda de dólares”, dijo a El País el economista Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo, en Buenos Aires.
“La duda es qué pasará en el segundo semestre cuando ya haya concluida la temporada alta de la cosecha gruesa y se vaya sumando el riesgo electoral a medida que se acerquen los comicios parlamentarios de octubre”, agregó.

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Tras el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluyó un préstamo de US$ 20.000 millones, el gobierno de Milei se comprometió a flexibilizar los controles cambiarios. Entre esos ajustes fue reemplazado el anterior esquema de microdevaluaciones fijas del 1% al mes por un régimen de bandas cambiarias en el que el dólar puede flotar libremente entre un piso de 1.000 pesos argentinos y un techo de 1.400 pesos argentinos.

A contramano de lo que auguraban muchos analistas, el levantamiento de las restricciones de acceso al mercado de cambios para las personas —las empresas aún tienen limitaciones— no impulsó al dólar oficial hacia el techo de la banda cambiaria.

Sin embargo, lejos de convalidar una cotización estabilizada en el centro de la banda, el gobierno pretende forzar una baja del tipo de cambio al piso de los 1.000 pesos argentinos con una mayor oferta de dólares en el corto plazo.

En esa línea, Milei les advirtió a los productores agropecuarios que apuren sus ventas antes del 30 de junio dado que no será prorrogada la rebaja temporaria de las retenciones a la soja y otros granos dispuesta hasta esa fecha.

Además, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó a los inversores no residentes a ingresar capitales para hacer operaciones financieras con la condición de que permanezcan en el país por un período mínimo de seis meses, una medida que procura ampliar la oferta de divisas en el corto plazo.
No obstante, aún con esas condiciones, el tipo de cambio oficial parece haber encontrado un punto de equilibrio en torno a los 1.190 pesos argentinos y el dólar mayorista —el que más incide en la formación de precios dado que es el que rige para las importaciones—, en 1.172 pesos argentinos. Esas cotizaciones implican alzas del 8,8% desde la flexibilización del cepo.

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“El gobierno quiere poner a la inflación en caja porque ese es su mayor activo de cara a las elecciones parlamentarias. Por eso, hay tanto énfasis puesto en que el tipo de cambio baje al piso de la banda, aunque eso complique el crecimiento de la economía, dijo a El País el economista Luis Secco, director de la consultora Perspectiv@s Económicas, en Buenos Aires.

“El problema es que en un esquema de bandas el dólar fluctúa, y la economía argentina no está acostumbrada a funcionar con vaivenes, sino con un tipo de cambio fijo que actúe como ancla nominal de la inflación y de las expectativas. La pregunta, entonces, es qué sucederá con los precios bajo esas nuevas condiciones. Hay todo un aprendizaje por delante”, afirmó Secco.

La inflación y las reservas

Luego del salto de la inflación en marzo al 3,7% —el índice más elevado de los últimos ocho meses—, al gobierno le urge que el ritmo de aumento de los precios vuelva a desacelerarse. Esa premura responde tanto a necesidades económicas como políticas.

Por un lado, el descenso de la inflación desde los altísimos niveles registrados a fines de 2023 y comienzos del año pasado es, por lejos, el principal logro que tiene para exhibir la gestión Milei. Un resbalón en ese frente complicaría mucho las chances del oficialismo de cara a las elecciones parlamentarias de medio término del 26 de octubre.

De hecho, el recalentamiento de los precios registrado en los últimos tres meses coincidió con una caída en los niveles de aprobación a la administración Milei. El Índice de Confianza en el Gobierno, que elabora todos los meses la Universidad Torcuato Di Tella, arrojó en abril un descenso del 3,7% con respecto a marzo. Se trata de la quinta caída mensual consecutiva, con lo que el declive acumulado entre diciembre y abril fue del 12,4%.
Además de las urgencias políticas, la necesidad de retomar cuanto antes el sendero descendente de la inflación también está atada a cuestiones económicas.

“Tras la devaluación provocada por el cambio de esquema cambiario, el riesgo es que tengamos un par de meses de inflación alta y eso haga que la apreciación real del peso argentino sea todavía mayor a mediados de año. El alza del dólar tras la flexibilización del cepo no resolvió la apreciación del peso que se registraba antes del cambio de régimen y la gran pregunta es si la economía puede funcionar con el tipo de cambio actual dado que Argentina sigue siendo cara en dólares”, explicó Secco.

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Frente a esos riesgos políticos y económicos, el gobierno ya dio sobradas muestras de que priorizará la baja de la inflación por sobre la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI. Según esos términos, el stock de reservas netas del Banco Central debería crecer en cerca de US$ 4.500 millones hasta la primera revisión del acuerdo en junio y en unos US$ 9.000 millones si se toma como plazo fin de año. No obstante, lejos de ir sumando divisas para acercarse a la meta establecida, el Banco Central decidió en las primeras tres semanas del nuevo régimen cambiario no comprar reservas para no agregar más demanda al dólar. De hecho, el propio Milei viene reiterando que la autoridad monetaria solo adquirirá reservas si el dólar desciende hasta el piso de la banda cambiaria, algo que por ahora luce improbable.

Ese orden de prioridades viene manteniendo al riesgo país —el indicador que refleja la percepción de los inversores sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones— por encima de los 730 puntos básicos, siete veces más que el nivel de ese índice en Uruguay.

“El objetivo final de todo este nuevo esquema es la baja del riesgo país y la vuelta al financiamiento en los mercados para cumplir con los vencimientos de deuda. Ahora bien, eso depende de dos cuestiones: mantener poder político y acumular reservas. Hoy, esas dos cosas al mismo tiempo no se pueden alcanzar. Por eso, el gobierno se inclinó por priorizar la baja de la inflación, lo que le daría mayor fortaleza electoral. Después de las elecciones de octubre se verá cómo sigue el plan”, concluyó Menescaldi.