La mayor parte de los parlamentarios en Uruguay considera que muchas regulaciones y procedimientos administrativos en el país podrían ser simplificados o eliminados. Esto le daría más agilidad a los procesos y evitaría quedar entrampados en exigencias burocráticas, muchas veces repetidas o innecesarias, o en formularios poco prácticos. A su vez, una encuesta a empresarios reveló cuáles son actualmente las "peores" regulaciones para hacer negocios en el país que requieren cambios "urgentes".

Si bien Uruguay ha avanzado mucho en digitalización y optimización de procesos, este tipo de trabas existen y enlentecen los negocios.

Concretamente, el 61% de los parlamentarios considera que habría que eliminar o simplificar disposiciones legales, mientras que el 38% opina que se podrían mantener, pero mejorar la implementación. Solo el 1% dice que no se deberían cambiar. Esto resulta de una encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) el mes pasado, a cargo de su director ejecutivo, el economista Ignacio Munyo.

Entrando más en detalle, en el Parlamento, la oposición se mostró más proclive a la eliminación y simplificación de regulaciones que el oficialismo (85% versus 35%), mientras que este último prefirió que éstas se mantengan pero mejorando la implementación (63% versus 15%).

Lo cierto es que existe bastante consenso en que la regulación actual es, en términos generales, “inadecuada” por normas superpuestas, contradictorias, desactualizadas, de difícil acceso o con requisitos desproporcionados, enumera Ceres.

Habría que agregar que las ineficiencias existen también por falta de voluntad política para cambiarlas y muchas veces porque ese entramado burocrático sostiene cargos públicos y tributos que, con seguridad, de entrar en correcciones, no se sostendrían. Esto inhibe a la hora de hacer cambios.

Por lo pronto, Ceres detecta que la carga administrativa aumenta los costos, lo que afecta sobre todo a las pymes y a los emprendedores. Los retrasos de trámites largos o lentos pueden postergar decisiones de inversión. Las normas complejas constituyen barreras de entrada que frenan sobre todo a los entrantes al sistema (dado que las grandes empresas tienen músculo para sobrellevar mejor la situación). Asimismo, los requisitos complejos excluyen a personas de programas o servicios, especialmente a las más vulnerables.

Estefania Leal/Archivo El Pais

En tanto, de acuerdo a una encuesta de Ceres dirigida a 363 entidades (empresas, asociaciones, consultoras, zonas francas, organismos públicos, intendencias, entes autónomos y otras organizaciones en todo el país), existen normativas específicas que requerirían cambios "urgentes" por los problemas y dificultades que generan para que fluya la generación de empleo, aumenten las inversiones y se acelere el crecimiento.

Entre ellas, Ceres destaca siete normativas:

1. Empleo juvenil, ley 19.133. La aprobación para el ingreso de personal demora hasta 20 días, y el beneficio que reciben las empresas para contratar jóvenes en diferentes modalidades también tiene demoras hasta hacerse efectivo. Según los encuestados, ésto desincentiva la contratación de jóvenes y hace perder oportunidades. Los organismos involucrados son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

2. Ajustes salariales, ley 18.566 y decretos del Consejo de Salarios. La misma no permite a empresas pequeñas o en crisis, descolgarse de los aumentos salariales obligatorios estipulados en Consejo de Salarios. Según los encuestados, la normativa no se adecua a la realidad dentro de cada sector y dificulta mantener el empleo actual y crear nuevo. Los organismos involucrados son el MTSS y el Consejo Superior Tripartito.

3. Control compraventas, texto ordenado 2023 del decreto 101/ 024, título 13. Esta normativa genera triple control de igual impuesto en compraventas: Dirección General Impositiva (DGI), escribanos y Registro de Propiedad. De esa manera, se producen demoras en las transacciones e inversiones, y las encarece por trámites redundantes, afirman los empresarios. Los organismos involucrados son la DGI y la Dirección General de Registros.

4. Transacciones de ganado, ley 16.694 de 1995. Establece un tributo departamental de transacciones de semovientes (de 1%) que luego se puede descontar, pero los trámites son presenciales, repetitivos y con documentos físicos. Esto encarece y complejiza la transacción de ganado, dijeron los encuestados. Los organismos involucrados son las intendencias y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

5. Control ambiental, decreto 368/018, modificación de ley de Riego en 2017 (ley 19.553). Establece un caudal ambiental mínimo que debe fluir hacia los cursos de agua obtenido de la literatura internacional, sin importar características específicas del terreno. Esto, según los encuestados, limita los lugares donde se puede construir represas y perjudica la expansión del riego. El organismo involucrado es el Ministerio de Ambiente.

6. Inspección bromatológica, decreto 338/ 982. Los alimentos y bebidas importados para vender en Uruguay está sujetos a inspección del Laboratorio Tecnológico (LATU) y de la emisión de un certificado de comercialización previo a su venta, con trámites duplicados y extensos. Esto genera mayores costos (de tiempo y dinero), lo que reduce la competencia y genera aumento de precios, según afirmaron los encuestados. El organismo involucrado es el LATU.

7. Importación de equipos médicos, decreto 165/ 999, decreto 3/ 008. Se establece que, para importar equipos médicos, se debe certificar procesos productivos completos y pagar una tasa de 2% para instrumental médico y 10% para equipos odontológicos con destino a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). Esto dificulta el funcionamiento e inversiones por mayores costos, tiempos de espera e incertidumbre, según los encuestados. Los organismos involucrados son el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Dirección Nacional de Aduanas y la Cjppu.

Ceres continúa recibiendo propuestas de mejoras reglamentarias hasta fines de este mes y le presentará las respuestas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).