ANTE AUGE DE RAPPI, PEDIDOS YA Y OTRAS

Proyecto borrador plantea prohibir que repartidores sean monotributistas.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Estiman que son unas 8.000 las personas que diariamente salen por las calles de Montevideo y el interior del país en moto, bicicleta o incluso a pie, repartiendo mercadería. El 80% de ese grupo de trabajadores está en la informalidad, protagonizan seis de cada diez accidentes de tránsito y entran tres por día con lesiones al Banco de Seguros del Estado (BSE).

Esta realidad llevó al Sindicato Único de Repartidores (Sinurep) -respaldado por la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys)- a iniciar contactos a nivel del gobierno para impulsar una reglamentación de la actividad. Es que ven que con la llegada de las aplicaciones tecnológicas que usan repartidores para entregar mercadería (Rappi, Uber-Eats, Glovo que se suman a PedidosYa), “la problemática es aún mayor”, dijo en el Parlamento el presidente de Sinurep, Andrés Palermo.

Las nuevas plataformas “en vez de aportar, precarizan el trabajo y nos hacen retroceder en derechos que ya habíamos conseguido”, agregó al acudir la semana pasada a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

El tema del control sobre los repartidores ha sido atendido por el gobierno en este período. En 2017 un decreto obligó a quienes entregan en moto productos gastronómicos y farmacéuticos a asistir a un curso de capacitación -dictado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Unidad de Seguridad Vial (Unasev)-, entregándose en febrero el certificado y carné habilitante a 600 trabajadores.

En línea con la intención de aumentar la fiscalización, a fines de 2018 la Inspección General de Trabajo y el Banco de Previsión Social (BPS) elaboraron un borrador de proyecto de ley -al que accedió El País- que excluye del régimen de monotributistas a quienes realicen “actividad de distribución por cuenta propia, en cumplimiento de servicios de mediación o intermediación, prestados a través de aplicaciones en línea, cuya ejecución implique una elevada exposición a riesgos para su salud y/o seguridad”.

El proyecto establece que será el Poder Ejecutivo quien determine las actividades alcanzadas por la norma e indica que las plataformas serán “solidariamente responsable de las obligaciones tributarias generadas en caso de verificarse el incumplimiento” de lo dispuesto. También serán consideradas como patrón “cuando un accidente o enfermedad profesional ocurra a causa o en ocasión de la actividad de distribución”.

La dirigente de Fuecys, Ana Rey, dijo a El País que esto último podría llevar a aplicar la ley de responsabilidad penal empresarial ante la ocurrencia de accidentes de tránsito, si la empresa responsable del repartidor no controló que tenga los elementos de seguridad vial.

La exposición de motivos del proyecto explica que la nueva modalidad de distribución “coexiste con la tradicional, donde el reparto es realizado por el vendedor con sus propios trabajadores, o a través de una empresa subcontratada”, es decir que quienes entregan pedidos están “bajo la tutela de las normas del derecho del trabajo y la seguridad social”.

Contrapone eso con “algunas plataformas en línea (que) proporcionan el servicio de envío utilizando una masa de trabajadores autónomos, situación que ha generado la pérdida de cobertura social en un sector altamente expuesto a contingencias en materia de salud y seguridad laboral”.
El presidente de Sinurep informó que “el 80% de los trabajadores de este rubro está en la informalidad, y tal vez quien aporta no lo hace por el total”.

Repasó que un repartidor “gana entre $ 75 y $ 100 la hora, trabaja cuatro horas diarias, y eso no permite tener las motos en condiciones, las ruedas están lisas, los frenos con poca pastilla, tienen pocas luces”. A su vez, planteó que el modelo de trabajo de las aplicaciones los lleva a “correr más para alcanzar más propinas, y eso genera muchos riesgos” para trabajar.

La mayoría de los repartidores que están formales son monotributistas, un régimen especial que unifica los aportes al BPS y la DGI permitiendo tributar en base a un ficto y no por la facturación real.

El proyecto del gobierno sostiene que “el monotributo fue creado con el objetivo de brindar una cobertura mínima en materia de seguridad social a trabajadores de reducida dimensión económica, pero no para que una empresa intermediaria se beneficie, utilizando una masa de trabajadores que paradójicamente va a ver disminuida su cobertura social”.

Agrega que al no existir un empleador, los repartidores bajo este régimen “asumen la totalidad del riesgo por la actividad de distribución, pudiendo eventualmente sufrir accidentes sin tener cobertura”.

Por lo mencionado, para el gobierno es “de justicia social” impedir que estos trabajadores se registren como monotributistas. Así se evita que los empleadores “reduzcan sus costos” y transfieran el riesgo “a los trabajadores autónomos”.

Rey, de Fuecys, dijo que con este proyecto ganan todos: las aplicaciones que cumplen se aseguran que no haya más competencia desleal, “el Estado (combate) la evasión fiscal y los gastos de salud, y se dignifica la tarea de los trabajadores, que cada vez se precariza más”.

El sindicato ya pidió una entrevista a la nueva inspectora de Trabajo, Cristina Demarco, para conocer su opinión sobre el proyecto de regulación redactado por su antecesor Gerardo Rey. Además, la Comisión de Legislación del Trabajo se comprometió a seguir el tema.