Fue una propuesta hecha en 2019, en plena campaña electoral, por el ahora presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Fue luego anunciada por Pablo Da Silveira, actual ministro de Educación y Cultura y por el entonces coordinador programático del Partido Nacional; y finalmente, en 2020, fue adoptado como un proyecto del director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero. La iniciativa consistía en la implementación de una aplicación móvil de transporte compartido para reducir la flota de vehículos del Estado, un plan que fue promovido públicamente como el “Uber estatal”.

Sin embargo, pasaron casi cuatro años desde esos anuncios y el programa sigue en la misma “fase embrionaria” que en la que estaba en agosto de 2020, cuando Cantero dijo a El País que esperaba que el proyecto estuviera culminado ese año y “listo para ser presentado” a las organizaciones estatales.

En diálogo con El País, el director del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) explicó los motivos detrás del fracaso del “Uber estatal”, aunque afirmó que es un proyecto al que no ha renunciado.

“Espero este año, cuando terminemos nuestra gestión, por lo menos poder dejar pronto un borrador de cómo debería ser (el programa) y quizás algún (plan) piloto. Es un sueño personal que espero que se concrete”, señaló Cantero.

Falta de información oficial sobre la cantidad de vehículos del Estado y la insuficiente participación de ciertos organismos públicos fueron dos de las principales razones por las cuales la iniciativa no se ha implementado, según señaló el jerarca del MIEM.

“Pasaron varias cosas. Por un lado, necesitamos más información sobre la masa de vehículos del Estado y, por otro lado, necesitamos que los organismos (públicos) puedan prestarse a (participar de) un plan piloto. Hubo algunos organismos que estaban dispuestos a hacerlo, pero tiene que ser una masa crítica un poco más grande”, explicó Cantero.

Asimismo, el director del MIEM dijo que también se precisa definir “algún tipo de arreglo institucional” para determinar quién liderará el proyecto.

Al ser consultado respecto a cuántos vehículos forman parte de la flota estatal, Cantero dijo no tener la cifra actualizada. “Si se excluyen los autos del Ministerio del Interior y Salud Pública, que no van a estar incluidos en el plan piloto ni en ningún sistema” de transporte compartido, “no son muchos vehículos los que quedan”, indicó el jerarca.

En febrero de 2018, el entonces subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Santiago Soto, había dicho que la flota estatal se componía de más de 14.000 vehículos.

“Es algo a lo que no he renunciado y me interesaría mucho poder, por lo menos, dejar un trabajo hecho y una especie de (plan) piloto, aunque sea muy pequeño, pero no lo hemos podido hacer en estos años”, admitió Cantero.

En el plan inicial, el proyecto preveía el desarrollo de una aplicación móvil que permitiera que los funcionarios públicos pudieran trasladarse en vehículos del Estado, aunque no necesariamente fueran propiedad de su organismo.

“Un funcionario del MIEM que está autorizado a usar vehículos tiene que llevar un expediente al Ministerio de Ganadería. Entonces entra a la aplicación, pide un vehículo y pasa a buscarlo un auto de OSE que está cerca. Luego, para volver, pide en la aplicación y lo pasa a buscar un auto de Ancap”, había ejemplificado Cantero en 2020.