REGISTRO

En el año 2020 hubo 65 empresas que ingresaron al concurso de acreedores, lo que significó una caída de 38,6% en comparación con lo ocurrido en 2019 cuando ingresaron 105 empresas en el proceso concursal. Además, dicha cifra implica que es el mínimo registro en los últimos seis años, según los datos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), a los que accedió El País.

Las cifras del 2020 mostraron un panorama diferente al que había sido pronosticado por algunas consultoras que a inicios del año visualizaban un incremento en la cantidad de empresas a concurso, debido al impacto de la pandemia del COVID-19.

No obstante, desde Servicios Jurídicos de Lideco, Fernando Cabrera explicó a El País que en la liga “estábamos viendo que no iba a haber un aumento ni un aluvión de concursos como en algún momento algunos habían vaticinado”.

La razón detrás de la baja cantidad de empresas a concurso en un año de crisis económica, sanitaria y de elevados niveles de incertidumbre, radica -según Cabrera- en la flexibilidad y paciencia por parte de los acreedores.

“Los bancos flexibilizaron sus posiciones, reperfilaron mucha deuda, no salieron a ejecutar. Eso fue decisivo en cuanto a la cantidad de concursos. Hubo una espera. Se renegoció mucho y fueron acreedores pacientes”, afirmó Cabrera.

De las 65 empresas que ingresaron a concurso de acreedores en el 2020, 43 correspondieron a concurso voluntario -aquel que es solicitado por el propio deudor-, mientras que las restantes 22 fueron concursos necesarios -cuando es solicitado por un tercero legitimado, por ejemplo acreedores-.

En 2019 habían sido 82 y 23, respectivamente.

De las 65 empresas que ingresaron al concurso de acreedores en 2020, los tres principales rubros involucrados fueron transporte terrestre de carga interdepartamental (seis empresas de este rubro ingresaron a concurso), seguido de construcción de obras de arquitectura (cuatro empresas) y restaurantes y parrilladas (tres empresas a concurso).

Si se analizan los datos por rubro en los últimos tres años (2018 al 2020), los rubros más afectados fueron el transporte terrestre con un total de 16 empresas, seguido de personas físicas y núcleos familiares con un total de 14 ingresos a concurso en los últimos tres años y construcción de obras de arquitectura con 12 empresas.

En ese período, también fueron afectados -aunque en menor medida- las empresas del rubro propiedad y explotación de bienes inmobiliarios (seis ingresos a concursos), restaurantes y parrilladas (seis ingresos), comercio al por menos de electrodomésticos, comercio al por menor en supermercados y elaboración de pan y productos panificados, los tres rubros con cinco ingresos cada uno.

Si se analizan los datos en función de la variación interanual, se observa que la caída en 2020 en comparación con su año anterior fue de 38,6%. En el año 2019 la variación interanual fue significativamente menor, al registrar un descenso de 3,64%. En 2018 la variación con respecto a 2017 fue de 5,98% y en 2017 la variación con respecto a 2016 fue al alza al ubicarse en 25,81%, con un máximo de 117 empresas que ingresaron en concurso de acreedores.

El 2017 continúa siendo el año récord en la cantidad anual de presentaciones concursales desde que está vigente la nueva ley, e incluso desde la crisis del 2002.

En relación a lo que esperan que ocurra este año 2021, desde Lideco Cabrera señaló que prevé que las cifras no representen “números tan bajos como los de 2020”.

Por el contrario, Cabrera indicó: “creo que la temporada en algún momento va a pasar factura de todo esto, sobre todo cuando uno mira (la situación) hacia el este (del país) ve que va a ser complicado”.

Debido al impacto de la pandemia en Uruguay, el sistema financiero brindó herramientas para que empresas y personas pudieran atravesar ese momento. Una de las medidas que el Banco Central (BCU) adoptó fue permitir a bancos y financieras que postergaran vencimientos de cuotas de préstamos y tarjetas sin tener que recategorizarlos (lo que implicaba asumir pérdidas por los mismos).

Pero, sobre todo para las personas, algunas medidas del sistema financiero implicaron que se extendieron plazos de pago en créditos al consumo por $ 1.206,8 millones (US$ 27,9 millones). En crédito comercial las prórrogas implicaron $ 2.599,2 millones (US$ 60,2 millones).