La diferencia cambiaria entre Argentina y Uruguay empeora el panorama comercial nacional. Tanto la Asociación de Supermercados (ASU) como la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), afirman que las ventas en los supermercados ubicados en los departamentos fronterizos con Argentina, han caído entre un 35% y 40% en los últimos seis a siete meses. Este contexto complica además la previa de la próxima ronda de negociación salarial, cuyo convenio colectivo vence a finales de junio.

Por este motivo, tanto el sector privado como el sindicato, coinciden en que es necesario que el Poder Ejecutivo implemente nuevas medidas para mitigar los impactos económicos y laborales. No obstante, afirman que son conscientes de que solo se pueden implementar herramientas paliativas, dado que el problema de fondo tiene que ver con aspectos macroeconómicos del país vecino, que escapan al control de Uruguay.

En diálogo con El País, el presidente de ASU, Daniel Menéndez dijo que esperan que el Poder Ejecutivo extienda los beneficios tributarios -que dio a pequeños comerciantes de la frontera con Argentina- a todo el país y también a los medianos y grandes comercios.

“Apuntamos a que amplíen los beneficios tributarios porque los problemas los tienen todos, chicos y grandes. No se necesita ser (un supermercado) chico para tener problemas. ¿Por qué no pueden acceder a esos beneficios? Y tampoco son solo los fronterizos (los afectados), los supermercados en Durazno, Tacuarembó, Florida por decir algunos, también están con muchos problemas”, señaló.

Asimismo, desde la ASU afirman que el ingreso ilegal de productos a través de la frontera “ya no solo se ve en los comercios informales sino también en los establecidos” y manifestó que esa situación “ya se está viendo en las ferias” de la capital del país.

Sobre este punto, Menéndez exigió al Poder Ejecutivo “aumentar los controles y las inspecciones” para evitar que esto siga ocurriendo, aunque manifestó su desacuerdo con el pedido de la Cámara de Industrias del Uruguay de que se decrete el “cero kilo”.

“No estamos de acuerdo con el cero kilo, ¿qué significaría eso? ¿Que no se pueda pasar nada por la frontera? ¿Vamos a criticar a la gente porque compra por $ 10 lo que acá vale $ 40? No, prohibir eso no es legal, la gente tiene todo el derecho, podrá ser muy lindo el cero kilo para la tribuna pero no tiene ningún asidero legal”, cuestionó Menéndez.

El principal pedido de la gremial es que el Ejecutivo “cumpla la legislación vigente, aumentando los controles y las inspecciones de los productos de contrabando que ingresan al país en camiones o por el Río Uruguay”.

Desde el sector sindical la postura es la misma. El presidente de Fuecys , Favio Riverón dijo a El País que la situación es de “extrema preocupación” y advirtió por la potencial caída en puestos laborales.

“Las ventas cayeron entre un 35% y 40% en los últimos seis a siete meses, ¿cuánto más van a aguantar las empresas así sin tomar ninguna medida que afecte el empleo? No creo que mucho”, alertó.

Si bien desde Fuecys valoran como positivas las medidas anunciadas por el Ejecutivo semanas atrás, afirman que aún se pueden realizar más exoneraciones impositivas así como también incrementar los controles en los puntos fronterizos.

Por otra parte, Riverón manifestó que “más allá de las medidas paliativas” recientemente anunciadas, “se debe pensar en el mediano y largo plazo”. Por ese motivo, Fuecys intenta generar una mesa de trabajo que reúna a los principales actores involucrados, tales como la ASU, la Cámara de Comercio y Servicios, los Ministerios de Economía e Industria, el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), así como el sector sindical.

La mesa de trabajo “es una idea muy incipiente, que tiene el objetivo de generar una usina de ideas y posibles medidas a implementar. No es imponer, si no proponer alternativas para que el Poder Ejecutivo pueda analizarlas y posteriormente decidir”, detalló Riverón.

A su entender, “por el momento”, las iniciativas sindicales y empresariales para mitigar el impacto de la brecha cambiaria con Argentina, redundan en “esfuerzos individuales”, por lo que para Riverón “puede ser mucho mejor aunar esfuerzos”.

En la interna de ASU también trabajan en la elaboración de un paquete de medidas, las cuales presentarán en los próximos meses a las autoridades del gobierno. Si bien Menéndez no detalló cuáles serían las sugerencias, adelantó que están relacionadas con “desregular, dar más libertad y disminuir trámites burocráticos que encarecen los costos” de las empresas uruguayas.

“Para traer un agua de Salto a Montevideo tiene que estar registrada en Salto, en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y en la Intendencia de Montevideo (IM) y todo eso es plata. Si el agua llega a pasar por cuatro departamentos paga cuatro veces la tasa bromatológica. Es descomunal. Hay un gran circo de regulaciones bromatológicas, nacionales, municipales y aduaneras que funcionan como barreras. El gobierno tiene que cargarse las pilas”, sentenció Menéndez.