Conrado Ramos, ex OPP, que se ha preocupado y ocupado como nadie del tema que nos atañe, menciona que existe una idea de un “Estado facilitador” y agrega que se basa en reconocer dos hechos fundamentales.
Por una parte, la relevancia de la iniciativa privada con una acorde estructura de incentivos. Es decir, las empresas asumen riesgos, invierten, generan crecimiento que luego se concreta en mayores fuentes de trabajo y bienestar. En nuestro sector lo vemos cotidianamente. Y vaya que se asumen riesgos de todo tenor.
Después está la relevancia del contexto institucional que provee el sector público. El Estado debe aportar previsibilidad y reglas claras para la inversión, pero además se transforma en “facilitador” cuando logra proveer servicios públicos universales de forma eficiente e inclusiva, promover estructuras con bajos niveles de burocratización. La digitalización que se instaló debería ayudar a esto último.
Es necesario instalar la idea de un Estado activo y competente y no nos referimos tanto a su tamaño y a su capacidad. Es menester que las distintas organizaciones públicas puedan cumplir sus cometidos en tiempo y forma, facilitando la vida de las personas, las empresas y no que sean inoperantes y tronchen actividades que dinamizarían mucho la economía. Reitero que lo vivimos en nuestro sector, con demoras interminables en distintos estamentos que socavan toda la energía para la inversión.
También acota Ramos que contar con un servicio civil profesional motivado y evaluado, un presupuesto público basado en productos y resultados, así como planes de digitalización que identifiquen mejoras a realizar, son pilares claves.
Modernizar el Estado es un esfuerzo muchas veces invisible, no hay cintas para cortar y nichos de resistencia a vencer. Hay una cultura enquistada de décadas y décadas, que muchas veces no se acompasa con la realidad del momento y con la necesidad de adoptar decisiones rápidas.
Pero reducir tiempos, eliminar costos artificiales y limitar la tendencia al aumento del gasto público es enorme.
Dicho esto, hemos expuesto a las autoridades, actuales y antecesoras, nuestra experiencia en la promoción privada y los cuellos de botella que muchas veces debemos sortear.Por eso las empresas (representadas en este caso por APPCU, pero en términos generales), tenemos un rol para transitar hacia un Estado enfocado en los ciudadanos y facilitador de la iniciativa privada.
Las organizaciones públicas, en lo pertinente, deben rever sus procesos, asegurándose que cada actividad que se realiza tiene un resultado medible y agrega valor, de eso deben estar convencidos quienes ejercen el servicio público y el ciudadano que, en definitiva, financia la labor con el pago de impuestos.
Por eso la discusión sobre si es más o menos Estado, debe encauzarse por otro lado y debe dirigirse a la “calidad” del servicio y al compromiso que se asume con el ciudadano para que éste logre la satisfacción de su cometido.
Estamos en fluido contacto con el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al proyecto de ley de Competitividad y ver como se puede bajar a tierra, el “silencio positivo”, que implica que pasado cierto tiempo sin pronunciarse la dependencia gubernamental que sea, se entenderá que está aprobada la inquietud presentada.
Pero la reglamentación al respecto deberá ser muy clara y por supuesto debemos evaluar la viabilidad de aquella y que se traduzca en reducción del tiempo, por destacar algún atributo.
El Presidente Vázquez se había referido a “la madre de todas las reformas”, respecto al tema que nos ocupa. A fines del año 2006.
A 20 años, reconociendo que hemos avanzado, la maternidad sigue sin concretarse.