Columna de APPCU: expectativa

Inmersos en dicho concepto, surgen interrogantes que los inversores promotores privados se plantean.

Abro paréntesis: tenemos cifrada esperanza en que el proyecto de ley de competencia y reducción del costo de vida, que está en el Parlamento, pueda ser votado a la brevedad.

Como lo hemos referido en alguna prosa anterior, el proyecto busca ganar en competitividad, más empleo, más inversión y lo que es determinante, menos burocracia.

El Ministerio de Economía y Finanzas escuchó a actores económicos y cursó al Parlamento el citado proyecto.

Cerramos paréntesis.

La inversión bruta fija (léase maquinaria, equipos, nuestro metier, software, etc..) se encuentra en un 16% como porcentaje del producto bruto interno. Y este porcentaje, los versados así lo entienden, no es suficiente para crecer económicamente a un ritmo más importante que al 1%. Deberían ocurrir factores exógenos favorables, como los mejores precios internacionales de los que supimos gozar, como otros aspectos macroeconómicos, podrían ayudar a una expansión mayor de la producción del país.

Asimismo, y es de Perogrullo, que la inversión sucede cuando la ganancia que se pueda obtener por quien la realiza, en este caso los promotores, es una buena alternativa a otra u otras posibilidades que existan, por ejemplo, en el sector productivo.

Hemos sostenido desde estas páginas, que la inversión de los promotores es hasta “tozuda”.

Es decir, amantes de este oficio, compran tierra, se proyecta lo que allí se construirá y sin demasiados miramientos, se lanzan a la aventura de construir. Y es precisamente una aventura, en todo contexto. Porque la

duración de la construcción de un edificio, desde que se pone pensamiento en la idea hasta su concreción y posterior venta de sus unidades, lleva un proceso de más de tres años, sin ninguna duda. Mucho depende de los metros cuadrados a construirse y de las unidades que consecuentemente, se construirán.

Es mucho tiempo sobre todo en este mundo hiper convulsionado, donde Uruguay es receptor de las desventuras que pueden venir, sin tener la más mínima incidencia (la macroeconomía ordenada, a esta altura, va de suyo).

En los últimos tiempos hemos asistido a la desinversión de varias empresas de porte, o con la discontinuidad en su tarea o reducción de su actividad productiva. Los números no cierran y muchas veces los empresarios, ven caras y no corazones. Al final, es por dinero.

Dicho de otro modo lo que sucede: se alude como justificación para la reducción de la actividad productiva (o el cierre), a una diferencia trascendente entre el alto costo de la mano de obra en relación con la productividad (muchas veces magra) del trabajo.

Pero ningún promotor, ninguno, deja un proyecto inmobiliario por la mitad, si el contexto luce desfavorable. Y vaya que sucede. Como una medida de peso, podrán ralentizar la construcción, disminuyendo el nivel de trabajo e incluso enviando al seguro de paro a algún obrero. Situación que, por otra parte, se da con muy poca frecuencia.

Planteado lo que antecede y yendo a nuestro metier, si el contexto en el mundo y en nuestro país no es del todo beneficioso, si además el ingreso de la mano de obra del sector es muy digno (y nos solaza), si el lapso de una obra es por demás significativo, si el dólar errático juega su partido y la venta en dicha moneda, contrasta con notorios costos en pesos, si la productividad en general y en nuestro sector, no crece, estamos en dificultades.

Pero si no quieres sopa, aquí van dos platos. El colofón es la burocracia que incide en que los proyectos se demoran en su aprobación con un tiempo que cuesta justificar y además muchas veces se tronchan aquellos, porque inversores que no son del palo se van con su dinero a otro sitio. Y los que son del palo, también evalúan las consecuencias de tanta demora.

Yendo al título de la nota. Según lo que sucede hoy, es imprescindible que la reglamentación de la ley de competencia atienda lo del “silencio positivo” y que, transcurrido unos meses desde la presentación de un proyecto, tácitamente se dé el visto bueno.

No hay más alternativa porque de lo contrario, el adjetivo que se ligaría con la expectativa sería muy malo con las secuelas que ello significaría, como por ejemplo el descenso en la demanda de mano de obra.

Lo escrito no es por agoreros; entendemos que es un pincelazo a una realidad que abogamos para que se revierta. Entendemos que el promotor privado hace sus deberes.