Sorpresiva e inesperadamente el Banco Central (BCU) decidió ayer despedir a 135 de los 137 empleados que revistan en el fondo de liquidación del Banco de Crédito (BDC) debido a la negativa del sindicato bancario, AEBU, a entregar la información que venía siendo exigida desde la autoridad monetaria, aseguraron a El País fuentes del organismo. Los integrantes del sindicato bancario, AEBU, desconocían anoche la medida dado que la resolución del directorio del Central no les había sido comunicada, pese a lo cual la rechazaron de inmediato y anunciaron que hoy se reunirán para decidir los pasos a seguir, pese a lo cual ya adelantaron que se desatará un conflicto.
Anoche el BCU remitió a los diarios el texto de un aviso que se publica hoy (ver página 9) en el que se informa el despido, a partir del lunes próximo, de una nómina de funcionarios que se detalla en el aviso. La medida alcanza a 135 de los 137 empleados los que seran indemnizados de acuerdo a derecho, según dice el comunicado.
Fuentes del BCU dijeron a El País que la decisión se explica porque las medidas gremiales que AEBU viene aplicando en el fondo de liquidación "cuestionan la propia autoridad del liquidador" y agregaron que "en la situación que estábamos no se podía seguir".
Para las autoridades del Central la negativa de AEBU a entregar informaciones que terminó impidiendo la subasta de una serie de activos del BDC "excede los derechos gremiales", y determinó que "se llegara a un extremo en el que no quedaba otra opción que los despidos".
SINDICATO. Hoy los dirigentes de AEBU se reunirán para analizar las medidas a tomar ante los despidos. La dirigente Laura Yáñez, ex empleada del BDC, dijo a El País que es lógico que el conflicto con el BCU se va "incrementar" y no descartó que se extienda a toda la banca.
"En los conflictos se sabe dónde se empieza pero no dónde se termina", dijo Yáñez, quien aseguró que el Central no podrá realizar "ningún trabajo de traspaso de documentos con dos personas".
Recordó que desde enero AEBU está en conflicto con el BCU y los bancos República y de Seguros por no haber cumplido el convenio que aseguraba el ingreso de funcionarios del de Crédito por cada tres que se jubilaran en las entidades oficiales.