Redacción El País
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó una serie de irregularidades con las horas extras declaradas en la Comisión de Apoyo de los programas asistenciales de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El trabajo abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, "sin perjuicio de que para algunos procedimientos se consideró un período más extenso", aclaró el documento de la AIN.
La Comisión de Apoyo de los Programas Asistenciales Especiales de ASSE "funciona como una entidad sin fines de lucro, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura", indicó la auditoría.
"En cuanto a su funcionamiento, se rige por el derecho privado, teniendo personal en relación de dependencia al que se le aplican las normas de derecho laboral del sector privado y con profesionales contratados mediante arrendamiento de servicios profesionales", agregó.
De la auditoría surgieron seis hallazgos, de los que uno tiene un nivel de criticidad "extremo" (el efecto de las debilidades detectadas es "muy significativo" por lo que "la administración deberá adoptar acciones a la mayor brevedad posible de modo de mitigar la exposición del organismo"), cuatro "alto" y uno "medio".
El hallazgo de carácter "extremo" son las irregularidades en las horas extras.
Por un lado, "se constató que no se realizan controles sobre las liquidaciones de aquellos profesionales que mantienen doble vínculo con ASSE (como dependientes grupo 0) y con la comisión".
El mayor problema es que "la jornada laboral de los profesionales que cumplen tareas de reten no pueden superar las 720 horas mensuales lo que equivale a trabajar 24 horas diarias en el mes" y "del análisis realizado por la Comisión en octubre de 2023, se identificaron 12 profesionales de distintas unidades ejecutoras que excedían dicho límite".
Estas son: imagenología (96 horas en exceso), otorrinolaringólogo (20 horas en exceso), psiquiatría (136 horas en exceso), cirujano (72 horas en exceso), cirujano (120 horas en exceso), cirujano (120 horas en exceso), imagenología (12 horas en exceso), medicina general (84 horas en exceso), oftalmólogo (12 horas en exceso), hemo terapeuta (16 horas en exceso), oftalmólogo (72 horas en exceso) y director (88 horas en exceso).
"La información de las liquidaciones no se comparte entre la Comisión y la Gerencia de Recursos Humanos de ASSE a efectos de poder realizar dicho control", indicó la AIN.
Los resultados de las irregularidades de horas extras "fueron comunicados oportunamente a la Gerencia de Recursos Humanos de ASSE, y de la información proporcionada no surge evidencia de la respuesta".
"Cabe mencionar que la Comisión sí realiza el control de topes en los casos de profesionales con doble vínculo con la propia Comisión. En enero de 2025, se identificaron tres casos donde se constató el exceso de horas, no abonándose las horas que superaban dicho limite", aclaró.
La AIN recomendó para esta irregularidad "fomentar la comunicación y el intercambio de información entre la Comisión de Apoyo y la Gerencia de Recursos Humanos sobre la situación laboral de cada profesional y los límites de horas permitidos".
También "diseñar e implementar controles, que permitan realizar los cruzamientos de información necesarios en los casos de doble cargo y determinar las horas efectivamente trabajadas por los profesionales, con el fin de fomentar la transparencia".
Además de "evaluar la posibilidad de implementar herramientas tecnológicas para el registro y seguimiento de las horas trabajadas, que ayuden a automatizar el proceso y a reducir errores".
Entre los hallazgos de la auditoría de nivel de criticidad "alto", se destacan que "no se realizan controles habituales sobre las marcas de reloj e información de ausencia de los trabajadores y profesionales bajo la supervisión de las unidades ejecutoras".
"Si bien la Comisión procesa la información proveniente de cada unidad ejecutora con el aval de los directores, efectuada la revisión en junio de 2024 se detectaron pagos por horas no trabajadas que totalizaban $ 1.660.000", añadió.
Otro de los hallazgos es una irregularidad jurídica. El documento señaló que "la Comisión se presenta actualmente como una entidad con personería jurídica que la asimilan a una asociación civil sin fines de lucro, desempeñando roles y funciones que la acercan a la operatividad de una persona pública no estatal. Su estructura organizativa no está alineada con la normativa aplicable a asociaciones civiles, no cuenta con un estatuto que la regule, en particular, no se ha establecido una Comisión Fiscal ni una Comisión Electoral".
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