Redacción El País
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) -órgano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- publicó dos auditorías realizadas a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), en las cuales encontró niveles de criticidad “Extremo”, “Alto” y “Medio”, que refieren a riesgos de fraude, pérdidas financieras, pérdidas reputacionales, entre otros.

Una de las auditorías realizadas por la AIN corresponde a los controles implementados para el recupero de los créditos a partir de un mes de atraso en el vencimiento de la cuota, de las cuentas individuales de personas físicas que integran las carteras de crédito para vivienda del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y Fideicomisos administrados por la ANV. La evaluación abarcó el período entre julio de 2022 y junio de 2023, aunque para ciertos procedimientos se abarcó un período más extenso.

Del total de los créditos pertenecientes a Fideicomisos III al XIII, a julio de 2023, según los datos publicados, el 72% están al día, mientras que el 18% tiene un atraso de entre uno y tres meses, el 2% tiene un atraso de entre cuatro y seis meses, el 1% tiene un atraso de entre siete y 12 meses y el 7% tiene un atraso de más de un año.

De acuerdo a la auditoría, los controles en las gestiones para el recupero de los créditos de las cuentas individuales de personas físicas administrados por la ANV, presentan debilidades en su implementación, como la falta de controles en Casa Central “que permitan asegurar la eficacia de las gestiones realizadas por las distintas unidades en sus primeras etapas” y la falta de registro oportuno de las gestiones realizadas en sucursales en el Sistema Informático de Gestión, “lo que impide mantener actualizada la información de los deudores para la implementación de controles”.

“Asimismo, la demora en la tramitación de expedientes para la rescisión o ejecución del crédito y no contar con un registro del universo de los expedientes a gestionar que permita realizar un seguimiento, expone al organismo a riesgos como ser pérdidas económicas por prescripción de deudas, como también demora en la recuperación del inmueble para su reasignación”, agrega.

A su vez, destaca que “la existencia de una funcionalidad en el sistema informático que permite excluir deudores de la gestión, sin la adecuada autorización ni registro del motivo de dicha exclusión, impacta en la eficacia de las gestiones para el recupero de los créditos”.

Dentro del procedimiento para el recupero de los créditos hay diferentes etapas (contacto telefónico, notificación, inclusión en Clearing de Informes y ejecución o rescisión) a medida que avanzan los meses de atraso. Una vez que se emite el reporte para gestionar cada una de las etapas, cambia el estado del deudor en los sistemas y una vez cumplidas todas estas se debe generar una “marca” manual del inmueble y un expediente para dar trazabilidad a la gestión, según señala la AIN.

Respecto a estos procedimientos es donde se encontró el hallazgo con mayor nivel de criticidad (“Extremo”) en la auditoría. El hallazgo sobre las “garantías excluidas de la gestión para el recupero de los créditos en el Sistema Integral de Gestión Bancaria, (SIGB)” refiere a riesgos de colusión (fraude), pérdidas financieras y reputacionales y discrecionalidad en la gestión de los créditos.

En este sentido, señala que “el SIGB cuenta con una funcionalidad que permite excluir una garantía, lo que implica no realizar las gestiones para el recupero del crédito de acuerdo con lo establecido en la reglamentación. Se constató que, al 25 de setiembre de 2023 existían 431 deudores que se encuentran excluidos de la gestión de Casa Central y Sucursales. De una muestra de 10 deudores, no surge en la información registrada en SIGB y/o Apia -sistema informático de gestión de expedientes- el motivo por el cual se excluyó dicho deudor”.

“Asimismo, se verificó que 148 funcionarios que desarrollan tareas en diferentes unidades administrativas cuentan con el permiso en el SIGB para excluir deudores de la gestión. De ellos, solamente 70 cuentan con nivel de acceso de supervisor o superior”, agrega.

Si bien en junio de 2022 se comenzó a utilizar un formulario para identificar el motivo de la exclusión y el responsable de esta, la auditoría reflejó que del análisis de 14 deudores se constató que dos de ellos fueron excluidos con posterioridad a esta fecha, no teniendo evidencia de que se haya utilizado el formulario, como tampoco se registró la fecha en la cual se excluyó, el número de expediente que debió ser creado, ni el funcionario responsable de dicha exclusión en el SIGB.

“Si bien el Departamento de Análisis y Control de Operaciones (DACO) comenzó en marzo 2023 a realizar un control sobre las garantías que se encuentran excluidas en SIGB, con la finalidad de verificar su pertinencia, el mismo es realizado únicamente para Casa Central”, agrega.

Por otra parte, los otros tres hallazgos de esta auditoría fueron de un nivel de criticidad “Alto”. Uno de ellos refiere a los controles sobre la gestión de los créditos con uno a tres meses de atraso en Casa Central, teniendo riesgos de pérdidas económicas, no contar con información para la toma de decisiones oportuna, ineficiencia en el uso de los recursos y la posibilidad de generar una cultura de pago con atraso.

Foto: Francisco Flores

Sobre esto, la AIN señaló que el “Área Administración de Créditos no ha implementado controles que permitan asegurar la eficacia de las gestiones realizadas por las distintas unidades para el recupero de los créditos en sus primeras etapas de gestión, así como implementar acciones de manera oportuna, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación”.

En tanto, otro de los hallazgos fue en los controles sobre la gestión para el recupero de créditos en sucursales. Los riesgos encontrados en estos controles refieren a no contar con información oportuna para la toma de decisiones, la posibilidad de fraude y la generación de una cultura de pagos con atrasos.

Sobre esto, destaca que las gestiones realizadas en las sucursales para el recupero de los créditos con uno a cuatro meses de atraso no se registran en los sistemas en forma oportuna.

Por último, una vez que se crea el expediente para deudores con cuatro o más meses de atraso, se remite a la División Gestión Legal de la Cartera, la cual “no cuenta con un registro del universo de expedientes a gestionar” que permita identificar “fácilmente la situación de cada uno para darle seguimiento, debiendo buscar manualmente”.