Certificaciones ISO: por qué son claves para las empresas que quieren trabajar con el Estado

El teléfono de guardia de FCR Certifica sonó cerca de las tres de la mañana. Del otro lado en Europa estaba el gerente general de una importante empresa. Necesitaba presentar al día siguiente la certificación ISO para participar en una licitación pública, pero el documento todavía estaba en trámite para ser entregado el martes.

La historia tuvo un final feliz. La auditoría ya se había realizado y solo faltaba emitir el certificado, por lo que FCR aceleró las gestiones para que pudiera presentarlo a tiempo. Pero el episodio refleja hasta qué punto este reconocimiento puede resultar determinante para acceder a un contrato, incluso para empresas de gran porte y trayectoria.

Federico Turcio, Presidente de FCR Certifica, explica que la tendencia se intensificó en los últimos años. “En algunos llamados públicos estos estándares otorgan puntos adicionales que pueden inclinar la balanza entre dos ofertas, mientras que en otros constituyen un requisito excluyente para participar”, explica.

Esta realidad se refleja en la propia actividad de FCR Certifica, empresa líder en el rubro, con más de 23 años de trayectoria en Uruguay. Esta registra en 2026 un crecimiento sostenido de su cartera de clientes, impulsado en buena medida por compañías que trabajan o buscan convertirse en proveedoras del Estado.

Aunque las certificaciones ISO son aplicables a prácticamente cualquier actividad, su incidencia es especialmente importante en sectores vinculados a la obra pública, como construcción, ingeniería, infraestructura e instalaciones, así como en los servicios de seguridad física.

En estos rubros, las normas más habituales son ISO 9001, orientada a la gestión de calidad; ISO 14001, vinculada a la gestión ambiental; e ISO 45001, enfocada en la seguridad y salud en el trabajo. Estas permiten mejorar los procesos, gestionar el impacto ambiental y prevenir riesgos laborales, respectivamente.

Para las empresas que participan en estos mercados, anticiparse a las exigencias resulta fundamental. Según Turcio, un proceso de certificación puede llevar entre ocho y doce meses, dependiendo de la actividad y del grado de preparación de la organización. Por eso, esperar a que aparezca una licitación para iniciar el trámite puede significar perder una oportunidad de negocio.

Otro aspecto importante es verificar que el organismo certificador cuente con la acreditación correspondiente. En Uruguay, esta función es desempeñada por el Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA), que evalúa la competencia técnica de las entidades certificadoras bajo requisitos internacionales.

Turcio advierte que no alcanza con comprobar que una certificadora esté acreditada, sino que también es necesario conocer para qué actividades tiene ese reconocimiento. “Por ejemplo, la norma ISO 9001 comprende decenas de sectores económicos, pero un organismo puede estar acreditado para certificar únicamente algunos de ellos”, asegura.

Foto ilustrativa

Esta distinción resulta especialmente relevante en las licitaciones públicas, donde pueden exigirse determinadas garantías sobre la validez y el respaldo de las certificaciones. En este contexto, FCR destaca sus 20 años de acreditación ante el OUA y su experiencia trabajando para distintos sectores, que permiten cubrir el mayor número de actividades.

Más allá de las licitaciones públicas, las certificaciones también ofrecen ventajas vinculadas a la eficiencia operativa, el acceso a mercados internacionales y determinados incentivos económicos.

Para las empresas exportadoras, contar con estándares de calidad internacionales puede facilitar el ingreso a nuevos mercados o cadenas de valor, donde las certificaciones pueden constituir una exigencia comercial. Un aspecto que cobra relevancia ante las oportunidades que podría generar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

En este sentido, FCR cuenta con presencia en cuatro continentes y mantiene una alianza con EIC Portugal, un organismo con sede en Lisboa, que permite a sus clientes obtener certificaciones con reconocimiento en mercados europeos e internacionales.

En materia tributaria, la normativa uruguaya permite computar por 1.5 su valor real determinados gastos vinculados a certificaciones de calidad, a efectos de la liquidación del IRAE. También existen programas de apoyo, que otorgan subsidios parciales por certificaciones a Mipymes.

Sin embargo, el principal beneficio a largo plazo está en la mejora de la gestión empresarial. Implementar estos estándares implica ordenar procedimientos, definir responsabilidades y establecer controles, lo que contribuye a reducir errores, optimizar recursos y aumentar la eficiencia.

“Muchas empresas llegan a la certificación porque la necesitan para acceder a nuevos negocios, pero en el proceso descubren otros beneficios. Lo que comienza como una exigencia comercial termina convirtiéndose en una herramienta para mejorar la gestión, ganar eficiencia y fortalecer su competitividad”, concluyó Turcio.