El chileno Pablo Zeballos es especialista en crimen organizado y estudia sus transformaciones en América Latina. Sus investigaciones exigen precisión, pero también evidencian cierto sentido de urgencia, sobre todo con el avance de la “cuarta ola” del fenómeno. “Después de la pandemia se acentuaron dinámicas que hoy ponen en riesgo a los países más democráticos”, advierte. “Las democracias requieren que muchas personas se pongan de acuerdo para hacer algo. El crimen organizado reacciona muy rápido a esas demoras estatales”.
Zeballos, coautor junto a Douglas Farah del estudio La cuarta ola del crimen organizado en América Latina, publicado por la fundación Konrad Adenauer, describe un ecosistema donde las organizaciones ilícitas ya no necesitan estructuras verticales ni fronteras. “Una estructura italiana que quiera el puerto de Montevideo no tiene que mandar soldados desde Italia. Puede licitar esa acción a cualquier grupo local medianamente armado”, explica. El ejemplo no es casual: la globalización del delito replica la lógica del mercado. Y en este contexto, el criminal ha adquirido un nuevo perfil: se muestra, busca “prestigio”, que lo miren con respeto cuando entra en la cárcel.
Para el investigador, Uruguay -junto con Costa Rica- es uno de los países que más debería mirarse al espejo. “Hay naciones que han tenido un discurso soberbio, fundado en el ‘a nosotros no nos pasa’. Eso hace que la afectación sea existencial”, señala. En su diagnóstico, la fortaleza democrática uruguaya, esa tradición de diálogo político, podría convertirse en su principal escudo frente a la expansión criminal, “siempre que logre reaccionar antes de que el crimen encuentre un lenguaje más atractivo en el autoritarismo”.
Concretamente, el especialista ubica tres frentes de vulnerabilidad: los puertos, las cárceles y el territorio social. “En los últimos treinta años, las reivindicaciones criminales más peligrosas surgieron en las prisiones, no en los barrios. Los puertos, además, son rutas de exportación de mercancías y de criminalidad. Y los territorios, cuando se sienten abandonados, buscan otro tipo de autoridad”.
Durante la pandemia, dice, esa sustitución del Estado se hizo visible. “En una familia pobre con cinco niños y un solo celular, cuatro quedaron fuera de la escuela. Y esos niños no se quedaron adentro: estaban en la calle. Ahí apareció la figura carismática del joven que se hace millonario en los mercados ilícitos, viaja por el mundo y desafía al Estado. Si hoy preguntas a un adolescente si quiere ser médico o Sebastián Marset, probablemente la respuesta sea terrible”.
En la “primera ola”, el criminal trataba de que nadie supiera que era un criminal, pero ahora quiere mostrarse, evidenciarse, advierte Zeballos. El caso local más emblemático es el del narcotraficante uruguayo Marset. “Tiene que mostrarse porque eso le permite subir o bajar su valor comercial, criminal, dentro de la bolsa de comercio del crimen organizado”.
En lo que refiere a ese “atractivo” para los más jóvenes, Zeballos no habla de moral, sino de incentivos: “Hay mucha actividad criminal que no es punitiva. ¿Cómo sancionas a alguien que controla un barrio y hace una fiesta?”.
El especialista identifica tres etapas en el avance criminal: “Primero, la intimidación, muy visual: homicidios, secuestros, balaceras. Luego, el control del territorio, cuando el Estado cree que ganó porque bajan los homicidios, pero el crimen se vuelve suplente del Estado. La tercera etapa es la penetración del tejido social: el crimen organizado empieza a ser un componente social importante”. En esa fase, ejemplificó, “si el Estado construye una plaza sin programas ni seguridad, el crimen organizado la administra. Organiza campeonatos de fútbol, cumpleaños, fiestas. Y se legitima porque ante la ausencia del Estado, lo que lo reemplaza parece igual de bueno”.
Atentado a Ferrero
El atentado a la fiscal de Corte Mónica Ferrero, ocurrido el 28 de setiembre, no fue un hecho aislado sino parte de una estrategia criminal, apunta el especialista. “El ataque planificado contra la fiscal más importante del Uruguay, que además tiene protección policial, incluso garitas en la calle, implicó varias cosas. Primero, la inteligencia para saber dónde vive. Segundo, para saber dónde atacar, y decidieron hacerlo por un lugar que no estaba controlado directamente por las fuerzas policiales”.
Para Zeballos, esto tiene como fin enviar un mensaje simbólico: “Si yo soy fiscal en una zona fronteriza, viendo que alguien con protección fue atacado, probablemente no voy a investigar con la misma voluntad”.
Según explica, el mensaje apunta al “silenciamiento del Estado”: “Los criminales saben que habrá detenidos, saben que habrá persecución. Pero lo que ganan en prestigio dentro del crimen organizado es único. Van a llegar a la cárcel con un prestigio que hará que los demás criminales los miren hacia arriba, por el ‘valor’, la ‘valentía’. Porque los códigos han ido cambiando”.
Zeballos también advierte sobre el “efecto cine negro”: “Cada vez que ocurre algo grave, se genera la sensación de que ya pasó, de que no hay que hablar más del tema. Hoy casi no se habla de lo que le pasó a la fiscal, y eso es muy grave. Mañana puede ser un periodista”, advierte.
Consultado sobre las políticas de seguridad, particularmente el rol de la inteligencia en los barrios, concluye: “La inteligencia es una herramienta muy útil, pero no regulada puede ser peligrosa. La información más importante está en las comisarías y en los centros de salud. Los Estados están desaprovechando mucha inteligencia que permitiría entender las dinámicas de control territorial”.
Uruguay “Todavía puede definir su modelo”
Pese a la gravedad del escenario, Zeballos considera que Uruguay aún tiene margen para actuar. “Todavía puede definir su modelo. No tiene que copiar a Italia ni a México. Tiene que construir su propia forma de enfrentar el crimen desde la democracia, desde el Estado de derecho”. No obstante, considera que la implicancia de toda la sociedad juega un rol existencial en esta lucha. “No es solo esperar la respuesta del Estado. Todos tenemos responsabilidades. Periodistas, madres, padres. Una comunidad informada jamás va a ser una sociedad cómplice. Normalizar el crimen organizado es una de las amenazas más graves que enfrentamos hoy”.
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