CRISIS EN VENEZUELA

Firmó declaración del Grupo de Contacto; pide “elecciones libres, transparentes y creíbles”.

Mientras el régimen de Nicolás Maduro busca cerrarle todos los caminos al líder opositor Juan Guaidó -ayer jueves fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos-, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), con el apoyo de Uruguay, aprobó una hoja de ruta para la convocatoria de elecciones en Venezuela, y reclamó el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos.

La reunión del GIC, que integran un grupo de países europeos y latinoamericanos, tuvo lugar en Quito, y fue la segunda del grupo luego de la celebrada el mes pasado en Montevideo.

El documento aprobado ayer en la capital ecuatoriana que, además de proponer una salida a la crisis venezolana por la vía electoral, condena la inhabilitación de Guaidó, fue firmado por Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido por el lado europeo, y Ecuador, Costa Rica y Uruguay por el latinoamericano. Solo un miembro del grupo no firmó: Bolivia, aliado político del régimen de Maduro.

Por Uruguay participó en la reunión de Quito el canciller Rodolfo Nin Novoa. Chile asistió como el país que hace de nexo entre el Grupo de Lima (que integran otras 14 naciones de la región) y el GIC.

La declaración insiste en una solución pacífica a la crisis excluyendo el uso de la fuerza, mediante la celebración de “elecciones libres, transparentes y creíbles tan pronto como sea posible”.

El Grupo considera fundamental la “reinstitucionalización” de las instituciones clave del Estado venezolano, así como las garantías para que todos los posibles candidatos y partidos políticos puedan participar en los comicios.

También propugna que se lleve a cabo una actualización completa del censo electoral, que incluya a votantes jóvenes y a los venezolanos en el exterior, y aboga por una enmienda del marco legal electoral a fin de permitir el despliegue de misiones internacionales.

“El GIC, si fuera requerido, está preparado para asistir en el futuro a un proceso electoral a través de medidas de fomento de la confianza, como el despliegue y apoyo de misiones de observación electoral y auditoría electoral internacional", reza el texto.

El grupo también expresa su “grave preocupación por el rápido deterioro de las condiciones de vida de millones de venezolanos (en particular mujeres, niños, ancianos y pueblos indígenas) debido a la falta de alimentos, sanidad y servicios básicos”. En este punto, expresa su compromiso para movilizar asistencia humanitaria en el marco de la ONU.

En cuanto a la inhabilitación de Guaidó, el grupo condena la decisión del Contralor General de Venezuela de prohibirle ejercer cargos públicos por 15 años. “Esa decisión política que no considera el debido proceso es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país. La restauración de la democracia, Estado de derecho y separación de poderes es urgente. Estas acciones menoscaban aún más los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática de la crisis en Venezuela”, dice la declaración suscrita por Uruguay.

También manifiesta su preocupación por la “actual crisis de los derechos humanos” en Venezuela y exige la “inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos”.

La próxima reunión del GIC será a principios de mayo en Costa Rica.

Casi en simultáneo con la declaración que se firmaba en Quito, que ninguna gracia le debió causar a Maduro, en Caracas el régimen anunciaba la proscripción de Guaidó por 15 años. De inmediato, el líder opositor desconoció la sanción.

El régimen alega que en sus declaraciones patrimoniales Guaidó no ha justificado gastos con fondos supuestamente provenientes del exterior. “Ha realizado más de 91 viajes fuera del territorio con un costo que supera los 310 millones de bolívares (unos 94.000 dólares), sin justificar la fuente de ingreso", aseguró.

La Contraloría, órgano designado por la oficialista Asamblea Constituyente, había anunciado el pasado 11 de febrero la apertura de una investigación contra Guaidó por recibir financiamiento internacional.

Guaidó convocó para mañana sábado a una gran movilización en protesta por los apagones masivos, y anunció que el 6 de abril se realizará un simulacro de la toma del palacio de Miraflores, sede del gobierno, en el marco de la Operación Libertad. Maduro también convocó a su geste a manifestarse el sábado.

Estos movimientos se dan en el marco de una fuerte puja entre Estados Unidos y Rusia, el primero apoyando a Guaidó y el segundo a Maduro.

El presidente Donald Trump reclama a su homólogo ruso Vladimir Putin que retire a los militares que tiene en Venezuela. Ayer jueves Moscú aseguró que sus tropas permanecerán en territorio venezolano “el tiempo que sea necesario”, declaró el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov.

Dos aviones rusos, un Antonov An-124 y un Ilyushin Il-62, llegaron la semana pasada a Venezuela con 99 militares y 35 toneladas de material, bajo el mando del jefe del Ejército de Tierra, el general Vasili Tonkoshkurov.

Rusia y China, principales acreedores de la deuda externa venezolana (estimada en unos 150.000 millones de dólares), se han convertido en los grandes aliados de Maduro.

Estados Unidos consideró ayer “descarada” y “ridícula” la inhabilitación de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países. “Eso es descarado, eso es ridículo”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino.

Casi un cuarto de la población de Venezuela necesita ayuda humanitaria urgente, según un informe interno de la ONU que muestra un aumento de la desnutrición y las enfermedades en consonancia con el deterioro de las condiciones de vida en el país.

El informe obtenido ayer jueves por la AFP fue presentado al gobierno de Nicolás Maduro y al líder opositor Juan Guaidó, y lleva por título “Visión general de las necesidades humanitarias prioritarias”.

“Se estima que 7 millones de personas, o alrededor del 24% de la población total que vive actualmente en el país, tienen necesidades prioritarias urgentes de asistencia y protección”, señala el informe de 45 páginas.

Uno de los mayores impactos de la crisis ha sido en la nutrición, con una baja del consumo de carne y verduras entre 2014 y 2017. El consumo de leche, en particular, se redujo en un 77%.

Unos 3,7 millones de personas están subalimentadas en el país, tres veces la tasa del período 2010-2012, según estimaciones de la ONU.
Al menos el 22% de los niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica.

Debido a esta situación, enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la difteria, el sarampión y la malaria han resurgido y están aumentando, al igual que la hepatitis A, debido a la falta de acceso a agua potable segura.