ESTADOS UNIDOS
El decreto ordena al Departamento de Justicia distribuir subvenciones federales solo a aquellos departamentos de policía que se comprometan a adoptar buenas prácticas en el uso de la fuerza.
El presidente Donald Trump firmó ayer martes un modesto decreto que busca persuadir a los departamentos de Policía de que mejoren sus estándares de uso de la fuerza, pero dejó claro que no ve los casos de brutalidad como un problema estructural, sino como excepciones aisladas.
Trump anunció su primera medida concreta contra la violencia policial en un acto cuyo contenido tuvo tanta importancia como su contexto: el presidente acababa de reunirse en la Casa Blanca con los familiares de una decena de afroamericanos que murieron a manos de policías o expolicías. Sin embargo, ninguno de ellos asistió luego a su discurso en el jardín de la Casa Blanca, en el que sí estuvieron presentes numerosos representantes de agencias del orden y sindicatos de policías, que rodearon a Trump cuando firmó su decreto.
Ese hecho reflejó las contradicciones de la respuesta de Trump a las protestas que sacuden Estados Unidos desde hace casi un mes, ya que el presidente ha denunciado la injusticia de casos como el del afroamericano George Floyd, pero también ha alentado la represión de las manifestaciones y ha defendido casi sin matices la actuación de la la Policía.
“Los estadounidenses quieren ley y orden”, insistió Trump ayer martes.
El decreto que firmó Trump ordena a su Departamento de Justicia distribuir subvenciones federales solo a aquellos departamentos de policía que se comprometan a adoptar buenas prácticas en el uso de la fuerza y en el entrenamiento de los agentes, y que obtengan un certificado emitido por una entidad independiente.
Entre otras cosas, los departamentos de Policía que quieran optar a esas subvenciones deberán comprometerse a “prohibir” la práctica de agarrar del cuello para dificultar la respiración a los detenidos, la misma que acabó con la vida del afroamericano George Floyd en mayo en Mineápolis.
No obstante, bajo el decreto, esa práctica sí se permitirá cuando “la vida de un agente esté en riesgo”, una excepción que para muchos activistas favorece la impunidad; y el veto no se aplica a otras maniobras que no asfixian pero sí impiden el flujo de la sangre al cerebro.
El punto más ambicioso de su decreto es la orden de crear una base de datos nacional que permita compartir información a las agencias federales, estatales y locales con el fin de que si un agente es despedido por mala conducta en una ciudad, no pueda incorporarse fácilmente al departamento de policía de otra.
La orden también recomienda a los departamentos de policía que adopten programas en los que trabajadores sociales acompañen a los agentes cuando estos respondan a llamadas sobre incidentes no violentos que impliquen a personas sin hogar, adictas o con enfermedades mentales.
La medida recibió el respaldo del mayor sindicato policial, la Orden Fraternal de la Policía; pero también críticas de la oposición demócrata, cuyo líder en el Senado, Chuck Schumer, opinó que es insuficiente para lograr los “cambios integrales y la rendición de cuentas” que necesita el país. Trump se mostró dispuesto a trabajar con el Congreso para aprobar reformas más ambiciosas.