VENEZUELA

En vísperas de su reunión de medio año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó como un “grave atropello contra la libertad de prensa” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que exige al diario El Nacional el pago de una indemnización millonaria a Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido gobernante, por presunto “daño moral”.

En su fallo del pasado 16 de abril, el máximo tribunal venezolano condenó a El Nacional a indemnizar a Cabello con unos 13,2 millones de dólares. Cabello demandó al diario en 2015, luego de que el medio replicara un reportaje del diario español ABC en el que su exjefe de escoltas lo señalaba de estar vinculado con negocios de narcotráfico. Cabello denunció por la misma causa al diario Tal Cual (hoy sólo en internet) y al sitio La Patilla.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que “no sorprende esta nueva estocada contra la libertad de prensa; en un país donde no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político, y el gobierno continúa con su campaña sistemática para acabar con la poca prensa independiente que está con vida”.

“Esta sentencia no se trata de la expropiación de un medio de comunicación, sino directamente de una expoliación, del uso de la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación”, expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Advirtió que la falta de independencia judicial “encamina hacia este tipo de abusos, a sentencias amañadas por intereses políticos”.

Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, director del diario La Voz del Interior, de Argentina, coincidieron que el fallo multimillonario contra El Nacional es “una aberración judicial y un acto de venganza”. Recordaron un caso similar en Ecuador, cuando en julio de 2011 el periódico El Universo fue sentenciado al pago de 40 millones de dólares y a tres años de prisión contra sus directivos y un columnista, tras una demanda por injurias presentada por el entonces presidente Rafael Correa.

“La honra presidencial y de los altos funcionarios no vale esas cifras”, dijo Canahuati, aludiendo a que es contrario a lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

El caso de Venezuela será uno de los principales temas de discusión en la asamblea de la SIP que comienza hoy martes y se extiende hasta el viernes.