Otro fallo contra Argentina por medidas del gobierno K: deberá pagar casi 1.500 millones de dólares

Ayer miércoles Argentina recibió un nuevo fallo en contra en los tribunales internacionales en menos de una semana. En Gran Bretaña, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país en el caso conocido como “cupón PBI”. Argentina fue acusado de modificar la manera de calcular el PBI para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como canje de los títulos en default en 2001.

En Londres, el Tribunal le dio la razón a los cuatro fondos demandantes, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Argentina les deberá pagar daños e indemnizaciones por 643 millones de euros (704 millones de dólares).

“El juez también dictaminó que Argentina debe pagar alrededor de 1.330 millones de euros (1.460 millones de dólares) en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”, informó la agencia Reuters según el diario La Nación.

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero les pagaba a los bonistas cuando Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se basó en el cambio en la base del cálculo del PBI, realizado en 2013, que derivó en una tasa menor de crecimiento de Argentina.

Tras esa modificación, el Indec informó que Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de 3.600 millones de dólares de intereses.

El estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los demandantes, conoce de cerca la Argentina, ya que defendió a otros fondos en la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía Martín Guzmán, en 2020.

Además del juicio en Londres, hay otra demanda idéntica en Nueva York presentada por el fondo Aurelius, pero el caso todavía no empezó. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, bajo la mirada de la jueza Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.

En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (hoy embajador argentino en Arabia Saudita), presentaron una oferta para canjear los títulos en default de 2001 y propusieron como “endulzante” -como se dice en la jerga financiera- un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto.

En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.

Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec toma-ba 1993 como año base de cálculo para informar sobre el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.

Los fondos argumentaron que Argentina modificó su fórmula para estimar el PIB sabiendo que ese cambio afectaría al valor de los bonos, si bien el juez evitó valorar esa cuestión.

“Es innecesario continuar considerando” que Argentina “actuó de mala fe al calcular ciertos datos del PIB”, indicó el magistrado. “He concluido, de hecho, no solo que no es necesario abordar ese caso alternativo, sino que sería indeseable hacerlo dado que solo surge como alternativa, y debido además a la gravedad de las acusaciones que implica y el hecho de que esas acusaciones se dirigen contra un Estado soberano “, señala la sentencia.

Kicillof fue también quien avanzó con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012, y tomó la decisión de no hacer una oferta pública por el total de la empresa, como decía el estatuto de la petrolera.

Debido a esa decisión, los fondos Burford y Eton Park demandaron al Estado argentino y la jueza Preska falló en contra de la Argentina el viernes pasado. Eso obligará al país a pagar indemnizaciones de entre 3.500 millones y 19.000 millones de dólares

“La sentencia es un absoluto absurdo jurídico”, dijo Kicillof el sábado pasado. “Este es un año electoral, así que no me extraña que los buitres se vuelvan a meter justo en el medio de la campaña. (...) Y a los buitres de afuera se le agregan los caranchos de adentro, que quieren usar esto a favor en la campaña”, le dijo a Radio 10.

Con información de EFE y La Nación (GDA)