Oficina de ONU expulsada por Maduro se instaló en Panamá y seguirá monitoreando los DD.HH. en Venezuela

EFE
Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela están en Panamá desde el sábado para continuar sus labores tras ser expulsados por el régimen de Nicolás Maduro.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha dado, hasta el momento, más detalles de la llegada de los 13 funcionarios.

La ONU tiene en Ciudad de Panamá su sede de la Oficina para América Central y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al igual que otras agencias regionales del organismo.

Según había adelantado ayer martes a EFE la portavoz del organismo Marta Hurtado, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global, por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela aunque no tenga presencia física en ese país.

Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dejaron Venezuela después de que el régimen de Maduro suspendiera el jueves pasado las actividades de ese organismo, entre acusaciones de presunto espionaje y conspiración.

La oficina, con sede en Ginebra (Suiza) y establecida en Caracas desde septiembre de 2019, “se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (...) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela”, dijo Maduro.

Sin embargo, la decisión de expulsar a estos funcionarios, un hecho sin precedentes, se produjo un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, asegurara que el régimen venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.

Por su parte, medio centenar de activistas y opositores se concentraron ayer martes frente a la Embajada de España en Caracas para pedir la liberación inmediata y plena de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida hace 11 días y acusada por la Fiscalía del régimen de estar presuntamente vinculada con un plan para asesinar a Maduro.

“Queremos que se cumpla el debido proceso para Rocío San Miguel, queremos su libertad plena”, dijo ante periodistas Lexys Rendón, coordinadora del Laboratorio de Paz e integrante de la Red Latinoamericana Antimilitarista.

La activista, que aseguró que San Miguel no ha podido ver a sus abogados desde que fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, agradeció el trabajo de acompañamiento que ha hecho la Embajada de España y le pidió “que intercedan por Rocío”, quien es residente y natural de Venezuela y con nacionalidad española.

El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, recordó que San Miguel cuenta con medidas cautelares de protección dictadas por el sistema interamericano, por lo que su detención -subrayó- muestra “el estado de vulnerabilidad que queda para el resto de los ciudadanos”. “Es importante recalcar el llamado a la solidaridad internacional y a la comunidad internacional. Lo que ha ocurrido no ocurre en un gobierno democrático”, aseveró Murillo, quien cree que los “riesgos han aumentado en Venezuela” para todos los ciudadanos desde el día del arresto de San Miguel, coordinadora de la ONG Control Ciudadano, dedicada al seguimiento de la actividad militar.

En la protesta, participaron exdiputados opositores -miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición antichavista- que consideran “inconstitucional e injusta” esta detención, que ha sido repudiada por numerosas organizaciones internacionales.

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo este lunes que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.

En una conferencia de prensa, Saab aseguró que, durante el allanamiento de la residencia de San Miguel, efectuado el pasado 14 de febrero, se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que “entregó información sensible” a “potencias extranjeras” en “reuniones secretas” sostenidas en Venezuela, en la UE y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y con militares extranjeros.