Abogados de la familia Basso denunciaron hackeo de su correo y dicen que mails son "inutilizables en juicio"

Hace casi dos meses, los abogados de la familia Basso Cabral denunciaron ante el Departamento de Cibercrimen que alguien había hackeado el mail del difunto director de Conexión Ganadera, Gustavo Basso. Paralelamente, el titular de la empresa Pasfer, Maximiliano Rodríguez, denunció que pretendieron extorsionarlo con el contenido de esos correos. Algunos de ellos salieron a la luz, pero, según explicaron a El País los abogados de la familia Basso, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, "la única manera de acceder a correos electrónicos en el marco de una investigación es mediante orden judicial". Esto, dijeron, "trae aparejado que los correos electrónicos difundidos, sin perjuicio de su autenticidad o no, sean totalmente inutilizables".

La denuncia, cuyo contenido divulgó Canal 10, indicó que luego de que el síndico del Concurso de Conexión Ganadera, Alfredo Ciavattone, diera de baja la línea de celular de Basso —quien se suicidó a fines de noviembre de 2024—, otra persona tomó posesión de ese número en Antel. Para recuperar la clave del correo ante un eventual olvido, Basso tenía asociado su número de celular. A tres días de que el nuevo usuario de ese número lo tuviera en su poder, alguien cambió la contraseña del correo del exdirector de Conexión Ganadera.

Cabral lo notó porque recibió un mensaje de la cuenta de Basso con un emoji de una sirena. Pero también lo supo Rodríguez, quien recibió un mail de otra cuenta. El redactor se presentó a sí mismo como un hacker y le pidió US$ 400 mil en bitcoin —informó La Diaria— para no difundir sus intercambios con Basso.

A comienzos del mes de enero, el periodista Eduardo Preve divulgó en su cuenta de X contenido que atribuyó a esos correos electrónicos. Entre ellos, intercambios entre Daniela Cabral y Ana Iewdiukow —esposas de Basso y Pablo Carrasco, respectivamente— sobre cómo lidiar con la falta de dinero.

Consultados sobre el tema, los abogados de los Basso Cabral, Sasson y Donnángelo, insistieron en que "la ley de ciberdelitos castiga a quien acceda a datos informáticos de manera ilegítima y, no debe olvidarse, castiga la difusión". Esto significa, aseguraron, que penaliza a quienes "a sabiendas de un hackeo, coloca ante el público el contenido obtenido de manera ilegal".

Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

"La única justa causa que prevé la ley es la autorización del juez o el propio consentimiento del titular de la información. Nada de esto ocurrió. Esperamos que la fiscalía actuante haya tomado nota de las difusiones", expresaron.

Además, consideraron que los correos serán inutilizables en el juicio puesto que no se accedió a ellos mediante orden judicial y el hecho de que se haya conocido la información a raíz "de una actividad ilícita" como es el "hackeo y su ulterior difusión" hace que la situación se vuelva "insubsanable", valoraron los abogados y resumieron: "Si el contenido fuera cierto y tuviera relevancia para el caso, han perjudicado la investigación".

Foto: Archivo El País

Ambos hicieron énfasis en que "no se trata de una confrontación" entre ellos y los damnificados, sino que se trata del hackeo. Así, apuntaron específicamente a aquellos "operadores del derecho" que están "celebrando" y procurando obtener beneficios en la causa utilizando mails obtenidos "mediante un hackeo y extorsión". Esto, sostuvieron, busca "influir indebidamente en el sistema de justicia" e impedir que el proceso penal se lleve adelante "de manera objetiva".

"Si cualquiera de estas personas que celebran estos actos de barbarie (o sus hijos) el día de mañana tienen la desgracia de tener un accidente de tránsito y matar a una persona ¿van a querer que la familia del fallecido y sus amigos, monten una campaña en su contra, presionen a la justicia y cometan delitos para conseguir una condena? Seguramente no. Entonces: ¿cómo se explica esa doble vara ética?", se preguntaron.

Archivo El País.

Además, recordaron que el año pasado, un grupo de personas "totalmente identificados" quisieron irrumpir en el domicilio de la familia en Montevideo y no pasó nada. Por otra parte, informaron que "se intimidó y hostigó" a los nietos de Cabral, que tienen cinco y siete años, en la puerta de su colegio y "tampoco pareció importarle a nadie". Destacaron que niños tan pequeños no pueden tener responsabilidad por lo ocurrido.

La familia está preocupada por recientes comentarios en redes sociales por parte de usuarios anónimos que sugerían la posibilidad de tomar represalias contra los menores.