EL CASO DEL DIARIO EL NACIONAL DE VENEZUELA

Maduro intenta acallar a la web

El diario El Nacional, uno de los títulos más reconocidos de la prensa venezolana, ha pagado cara su defensa de los valores democráticos y de la libertad.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones venezolana (Conatel). Foto: El Nacional | GDA
Comisión Nacional de Telecomunicaciones venezolana (Conatel). Foto: El Nacional | GDA

- Según los burócratas chavistas, la edición electrónica de El Nacional difunde "mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas" y promueven el odio.

- Como medida cautelar "provisional", Conatel exigió al diario digital "abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía".

La coexistencia de las dictaduras con la libertad de prensa es siempre temporal y difícil. Para citar un ejemplo cercano, basta recordar como los Somoza contemporizaron con el trabajo de Pedro Joaquín Chamorro, pero terminaron por asesinarlo. Venezuela no podía ser la excepción. El régimen chavista controla, directa o indirectamente, la mayor parte de los medios de comunicación y los pocos focos de resistencia son objeto de constante acoso, por las vías de hecho o mediante la fingida institucionalidad.

El diario El Nacional, uno de los títulos más reconocidos de la prensa venezolana, ha pagado cara su defensa de los valores democráticos y de la libertad de expresión. Sus directores han sufrido persecución y exilio, sus periodistas hostigamiento y el periódico en sí se ha venido reduciendo a unas pocas páginas a consecuencia de las presiones y limitaciones impuestas por el régimen.

Ante el asedio, la Internet se ofrece como refugio para el periodismo independiente, comprometido con los mejores valores e intereses de los venezolanos, pero la dictadura se empeña en invadir ese reducto. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), un organismo dedicado a la represión de la libertad de expresión por encargo del dictador Nicolás Maduro, inició el martes un procedimiento sancionatorio contra El Nacional Web por "incumplir la Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos".

Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, describió las circunstancias con precisión al afirmar que el Ejecutivo recurre a Conatel para perseguir la versión digital ante la imposibilidad de atacar al periódico impreso. "Conatel es un organismo controlado por el Ejecutivo y actúa de forma discrecional. El gobierno muestra su desesperación al tratar de silenciar a los medios de comunicación y provocar que se autocensuren, pero en este caso no lo van a lograr", añadió.

Según los burócratas chavistas, el medio es culpable de "difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas". Además, lo responsabilizan de incitar y promover el odio con infracción del artículo 14 de la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, aprobada por la espuria asamblea nacional constituyente establecida para completar el golpe de Estado contra la Asamblea Nacional libremente electa.

Aquella Asamblea, con mayoría opositora por voluntad popular, difícilmente habría aprobado nuevas cortapisas a la libertad de expresión, pero la constituyente convocada por Maduro está hecha a su imagen y semejanza. El artículo 14 invocado contra El Nacional Web está planteado en términos suficientemente amplios para que los jueces y funcionarios administrativos del régimen no enfrenten dificultades a la hora de cumplir la voluntad represiva del Palacio de Miraflores.

"La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia se encuentra prohibida".

La ley de responsabilidad social aumenta la ambigüedad con prohibiciones al fomento de la zozobra en la ciudadanía, la alteración del orden público y el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas, entre otras. Si en Venezuela hubiera tribunales independientes, no sería difícil demostrar la inaplicabilidad de la disposición invocada contra El Nacional Web en ausencia, precisamente, de autoridades legítimamente constituidas.

Las prohibiciones se hacen acompañar de sanciones desmedidas contra las personas físicas y castigos aptos para causar la desaparición de los medios "rebeldes". El proceso abierto contra El Nacional Web a dos días de los fraudulentos comicios del domingo, procura silenciar a la prensa en las postrimerías de un abuso más, a partir del cual nadie puede dudar del carácter dictatorial del régimen venezolano.

Como medida cautelar "provisional", Conatel exigió al diario digital "abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía, pudiendo generar alteraciones en la población, al ofrecer información errada o infundada que, en consecuencia, infrinja los supuestos establecidos en la ley". El propio Conatel decide si la información es errada o infundada y si atenta contra la tranquilidad de la ciudadanía, cosa fácil de probar con solo mostrar al chavismo asustado por la continua erosión de su escaso apoyo.

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