Nicaragua aprobó una reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad, por lo que los nicaragüenses que adquieran otra ciudadanía la perderán, informó la Asamblea Nacional el viernes, que hizo los cambios a pedido de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El gobierno sandinista de los esposos Ortega y Murillo han despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos expulsados del país en los últimos años, y continúan arremetiendo contra ellos.
La Asamblea Nacional señaló en la red X que durante una “sesión especial”, realizada en la localidad de Niquinohomo, aprobó “de manera unánime” una “reforma parcial” a los artículos 23 y 25 de la Constitución tras una iniciativa enviada por la pareja presidencial. La reforma “establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”, señaló el órgano legislativo.
“Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”, argumentaron en la ley Ortega y Murillo, copresidenta por una reciente reforma constitucional.
Los cambios constitucionales también establecen que “los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos”.
El exguerrillero, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se encuentra en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
Ortega y Murillo radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Repudio desde el exterior
Opositores nicaragüenses exiliados repudiaron y condenaron ayer sábado la reforma a la Constitución Política, propuesta por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que establece que los nicaragüenses de nacimiento “perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”.
“Ante la más reciente embestida de la dictadura Ortega-Murillo contra los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense, Unamos expresa su más enérgico repudio y condena a la promulgación de la ley que despoja de su nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses que posean doble nacionalidad”, expresó desde el exilio en una declaración el movimiento político opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos).
“Este acto, carente de toda legitimidad y fundamento jurídico en un estado de derecho, constituye una flagrante violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de Nicaragua y en los tratados internacionales de los que nuestro país es signatario”, alegó Unamos, presidido por Luis Blandón y Dulce Porras e integrado por disidentes desnacionalizados, entre otros opositores.
Unamos argumentó que “la nacionalidad es un derecho inherente a la persona, un vínculo fundamental con la patria que no puede ser revocado arbitrariamente por un régimen autoritario que busca silenciar voces disidentes y consolidar su poder a través del terror y la represión”.
“Con esta nueva medida, la dictadura profundiza su escalada autoritaria, sembrando aún más incertidumbre y desprotección entre la población nicaragüense, especialmente aquellos que, en legítimo ejercicio de sus derechos, han adquirido otra nacionalidad”, continuó.
“Este intento de desterrar cívicamente a ciudadanos críticos y opositores evidencia la desesperación de un régimen que se aferra al poder a costa de la libertad y la dignidad de su pueblo”, agregó.
Asimismo, Unamos dijo que alza su “voz con firmeza para denunciar ante la comunidad nacional e internacional esta nueva afrenta contra la ciudadanía nicaragüense”.
“Exigimos la inmediata derogación de esta ley infame y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin excepción”, añadió.
Ese movimiento político, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses tras ser excarcelada y desterrada por supuestos delitos de “traición a la patria”, hizo un llamado “a las organizaciones de derechos humanos, a los gobiernos democráticos del mundo y a la comunidad internacional en general a condenar enérgicamente estas acciones dictatoriales”.
OEA contra dictaduras de la región
El secretario general saliente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, defendió esta semana que “deslegitimó las dictaduras” y se “desprendió de las ideologías” durante su década en el cargo (2015-2025), que concluirá dentro de 10 días. “Hemos hecho un trabajo fuerte, intenso, de deslegitimación de cada una de las dictaduras del continente. Ese ha sido nuestro trabajo, eso es lo que nos exigía la normativa de la organización”, declaró Almagro en un evento en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, ante la comunidad exiliada en Florida de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Almagro, quien el 25 de mayo entregará el puesto al surinamés Albert Ramdin, primer caribeño en dirigir el organismo, reivindicó su lucha contra las “dictaduras” de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al sostener que esto trasciende posturas ideológicas, como alegan sus críticos.
“Yo tengo la capacidad, hemos tenido la capacidad de desprendernos de la ideología porque el que se larga (aferra) y prefiere seguir y morir agarrado de la ideología en vez de los principios, ese es un grave error”, señaló.
Almagro fue canciller de Uruguay entre 2010 y 2015. EFE
Entra en vigor
La medida que impulsan Ortega y Murillo de eliminar la doble nacionalidad afectará a los nicaragüenses exiliados, sean opositores o no, que deseen solicitar otra nacionalidad en el país de acogida.
Para que esta nueva reforma entre en vigor, tiene que ser aprobada en segunda legislatura, es decir el próximo año y todo indica que así será porque no hay independencia de poderes.
AFP, EFE/ San José
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