Redacción El País
Usando términos futbolísticos, Jair Bolsonaro quedó al borde de la roja. La Primera Sala del Suprema Tribunal Federal (STF) ratificó por mayoría las medidas cautelares impuestas el pasado viernes contra el expresidente de Brasil, entre ellas el uso de tobillera electrónica y la prohibición de divulgar mensajes en sus redes sociales.
De los cinco jueces que integran este brazo del STF, cuatro votaron a favor -en una sesión virtual- de mantener las cautelares contra el exmandatario, dictadas por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso por supuesto golpismo que afronta Bolsonaro.
Solo el juez Luiz Fux votó en contra al considerar que restringen “de forma desproporcionada los derechos fundamentales, como la libertad de circulación y la libertad de expresión y comunicación, sin que exista una demostración concreta de los requisitos que legalmente autorizarían la imposición de esas cautelares”.
Moraes, por su parte, defendió la imposición de las medidas restrictivas ante la existencia de indicios de delitos de “coacción, obstrucción” de justicia y “atentado a la soberanía nacional”, según un informe de la Policía Federal.
Estos mismos cinco jueces fueron los encargados de declarar reo a Bolsonaro en el juicio que enfrenta por supuestamente liderar un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022.
Las medidas cautelares, ahora ratificadas, incluyen el uso de una tobillera electrónica para monitorear los movimientos del expresidente, quien además tiene prohibido salir de casa entre las 19:00 y las 7:00 horas, así como los fines de semana, y utilizar sus redes sociales.
Tampoco puede contactar con embajadores y diplomáticos extranjeros, ni acercarse a las embajadas, y se mantiene la prohibición de cualquier contacto con otros procesados, entre los que se encuentra su hijo y diputado, Eduardo Bolsonaro, actualmente en Estados Unidos.
La ratificación de las medidas cautelares se dio luego de que Bolsonaro se reuniera el lunes con aliados políticos en el Congreso y a la salida exhibiera la tobillera electrónica y arremetiera contra el STF ante la prensa.
Sus declaraciones circularon por las redes sociales, lo que fue interpretado por Moraes como una posible violación de las medidas cautelares. En este sentido, dio a la defensa del exgobernante un plazo de 24 horas para explicar lo sucedido, so pena de prisión preventiva.
La advertencia del juez fue condenada por diputados y senadores bolsonaristas que se reunieron este lunes con el expresidente en el Congreso.
“Otra orden de censura”, denunció el diputado Sóstenes Cavalcante, líder del Partido Liberal de Bolsonaro en la Cámara Baja.
El portal Metropoles de Brasilia informó que el exmandatario había cancelado una entrevista que daría por sus redes sociales.
Pero Bolsonaro se plantó ante las cámaras para mostrar por primera vez la tobillera electrónica que lleva en su pie izquierdo.
“Eso aquí es un símbolo de la máxima humillación”, dijo. “Lo que vale para mí es la ley de Dios”, añadió en rechazo a las decisiones judiciales.
Los abogados de Bolsonaro negaron ayer martes, en un documento presentado al STF, que su cliente haya incumplido las medidas cautelares que le fueron impuestas la semana pasada por ese tribunal.
Los abogados de Bolsonaro alegaron que los videos del acto en el Congreso no fueron publicados por el exmandatario sino por quienes estaban presentes, entre ellos muchos legisladores.
En el documento presentado este martes, los abogados también pidieron al tribunal que aclare si las restricciones le impiden a Bolsonaro conceder entrevistas, pues eso no figura en la decisión que impuso las cautelares y, en caso de ofrecerlas, estas pueden acabar en las redes sociales.
Agregaron que eso supone un fenómeno “incontrolable en la dinámica contemporánea de la comunicación digital” y sostuvieron que el expresidente está cumpliendo a rajatabla las medidas impuestas.
Si Moraes no considera satisfactoria la respuesta, en medios jurídicos y políticos se teme que pueda dictar una orden de prisión preventiva, que es uno de los pasos que pueden seguir al incumplimiento de decisiones judiciales. EFE, AFP
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